El 21 de mayo, el ministro Fernando López presentó una propuesta de reforma al artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente para devolverle al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la facultad de sancionar a los infractores ambientales; sin embargo, después de seis meses no se ha elaborado un dictamen favorable.
Estas reformas, como sucedió en el pasado, no han sido prioridad para la actual Asamblea Legislativa que ha aprobado otras leyes de forma exprés, como la Ley Alabí y la Ley Bitcoin.
Expertos en litigio ambiental, consultados por GatoEncerrado, coincidieron que existen vacíos en las reformas.
“Le estamos dando prioridad a algunos temas que tienen quizás un poquito más de urgencia y necesidad de aprobarse”, dijo Numan Salgado, directivo de la Asamblea Legislativa, cuando GatoEncerrado le preguntó por qué los diputados postergan temas ambientales.
Este 2021, el MARN registró —de enero hasta el 26 de noviembre— 214 casos de denuncias ambientales. Las infracciones ambientales más denunciadas son:
Construcción y actividades en zonas frágiles:
Extracción de material pétreo:
Contaminación por actividades productivas:
Este año, el MARN ha reservado los siguientes documentos:
• Áreas naturales protegidas en proceso de transferencia, sus escrituras y planos.
• Procedimientos administrativos sancionatorios tramitados con base a la Ley de Medio Ambiente, entre otras.
• Expedientes de procesos de Medidas Cautelares ingresados en este Ministerio, emitidos por el Órgano Judicial o expedientes de requerimientos sobre denuncia ambiental realizados por el Ministerio Público que se encuentren activos.
Al adherirse al Principio 10 de Declaración de Río del 92, el Estado salvadoreño se comprometió a asegurar que las personas tengan acceso a la información, participen en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales. En vez de garantizar el derecho a la participación, el Estado ha continuado este año en la persecución de defensores de los bienes comunes, como lo ocurrido en la Hacienda La Labor, en Ahuachapán.
Los líderes comunitarios David Escalante y Jorge Zúniga mientras eran trasladados hacia el juzgado. Foto/Marvin Díaz Fiscalía persigue a defensores del agua que rechazan proyecto
Los diputados de Nuevas Ideas y GANA decidieron enviar al archivo 184 expedientes que estaban en la comisión de medio ambiente. Entre los documentos archivados, el 13 de mayo, se encuentran propuestas, iniciativas y reformas, como:
• La Ley de declaratoria para el Régimen Especial de la Cuenca del Río Lempa.
• Reformas a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
• Reformas a la Ley sobre el Control de Pesticida, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuarios, entre otras propuestas.
Los diputados también aprobaron una Ley de Agua que excluyó los aportes que hizo la academia y organizaciones sociales.
Los diputados de Nuevas Ideas y aliados aprobaron, con 62 votos, la Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Esta instancia absorberá al Consejo Nacional de Energía y a la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía (MINEC).
Organizaciones ambientales advirtieron que la nueva dirección va encaminada a reactivar la minería en El Salvador.
La noche del martes 21 de diciembre, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 65 votos la Ley General de Recursos Hídricos, normativa que permitirá a entes privados explotar más de 365,000 metros cúbicos sin tener límite de extracción de agua, con permisos hasta por 15 años.
Así, la Asamblea dejó como regalo de fin de año una ley de agua que autoriza los permisos a entidades privadas para el uso y aprovechamiento de aguas marinas, promueve la explotación de agua en Áreas Naturales Protegidas, flexibiliza los permisos ambientales para la explotación y establece cobros que antes no pagaban las más de 2,000 juntas comunitarias de agua que existen en el país.
