Los líderes comunitarios David Escalante y Jorge Zúniga mientras eran trasladados hacia el juzgado. Foto/Marvin Díaz
Fiscalía persigue a defensores del agua que rechazan proyecto residencial de Fénix en Ahuachapán
Defensores del agua de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, enfrentan un proceso judicial después de haber denunciado públicamente que la inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. extrae agua sin tener permisos correspondientes. Esa extracción es para un proyecto urbanístico que, según los líderes comunitarios, amenaza con arrebatarle el agua a unas 22,000 familias de varios cantones y comunidades. El defensor de los líderes comunitarios señaló que los fiscales del caso están actuando como “abogados corporativos” a favor de la empresa. Tres de los líderes fueron detenidos en sus viviendas, por la madrugada y sin decirles exactamente por qué los capturaron.
Por Marvin Díaz
Tres líderes comunitarios y defensores del derecho al agua en la Hacienda La Labor fueron enviados a prisión preventiva por el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán, al occidente de El Salvador. En la audiencia inicial, realizada este 29 de noviembre, el juez también decretó que otros cuatro líderes seguirán enfrentando el proceso judicial en libertad condicional. Los siete fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente cometer el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, en terrenos propiedad de la inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. Esta empresa ya tiene antecedentes de destrucción de patrimonio cultural y contaminación en Nahulingo, Sonsonate.
Los defensores que seguirán en prisión son: Rosa Cinco, David Escalante y Jorge Zúniga, quien además es miembro activo de la Policía Nacional Civil (PNC). Los tres fueron capturados durante la madrugada del 25 de noviembre, por órdenes del Juzgado de Paz del municipio de Ataco. Mientras que Érika Solozarno, Kevin Menéndez, Mario Cinco y Adonaldo Artero seguirán el proceso judicial con medidas sustitutivas a prisión. Estos últimos cuatro líderes comunitarios llegaron voluntariamente al juzgado donde se desarrollaba la audiencia inicial. Ellos también tenían una orden de captura.
“La posición de la Fiscalía era que se había cometido un delito grave, y que por lo tanto todas las personas debían guardar detención. Ahora viene la etapa de instrucción de tres meses (tiempo en el que la Fiscalía debe juntar más evidencia para sostener su acusación)”, explicó Ricardo Martínez, abogado de los líderes comunitarios.
La acusación
La inmobiliaria Fénix, con el respaldo de la Fiscalía, acusa a los defensores del agua de haber invadido violentamente su propiedad durante un acto de protesta en el que las comunidades denunciaron públicamente que la empresa estaba extrayendo agua sin tener los permisos del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Documento de seguimiento y revisión de condicionantes del certificado de no afectación de ANDA para el proyecto urbanístico de Fénix, en el que se informa el incumplimiento de las condicionantes.
El abogado de los líderes comunitarios argumentó que nunca entraron al terreno de la empresa, tal como lo aseguraron los fiscales y representantes de la inmobiliaria. El abogado también señaló que los fiscales del caso han actuado más como “abogados corporativos” que como garantes de justicia. Asimismo, el abogado agregó que en octubre pasado, cuando la empresa hizo la denuncia, los fiscales presionaron para que los líderes comunitarios llegaran a un acuerdo con Fénix.
“El jefe de la unidad fiscal, el fiscal del caso y el jefe de toda la oficina fiscal, casi estuvieron presionando a estas personas que están presas, para que llegaran a un arreglo. Hoy se han portado como abogados corporativos”, afirmó Ricardo Martínez.
Para entender la actuación de los fiscales y corroborar los señalamientos del abogado, GatoEncerrado intentó entrevistarlos fuera del juzgado, pero los fiscales y los apoderados legales de Fénix guardaron silencio y no quisieron responder a nada.
El procurador adjunto de medio ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Sandoval, quien llegó como observador del proceso judicial, dijo a esta revista que la persecución a los líderes comunitarios es, en el fondo, por la defensa del agua que hacen en sus comunidades.
“A criterio de esta institución (PDDH), podríamos estar específicamente ante un caso en el que la comunidad La Labor está defendiendo el derecho humano al agua. No se puede ver de otra manera”, dijo Sandoval a GatoEncerrado.
Capturas irregulares
En la madrugada del jueves 25 de noviembre, alrededor de las 12:30 a. m., unos 40 agentes de la Policía llegaron a las casas de los líderes comunitarios en la Hacienda La Labor para capturarlos. Familiares de los tres defensores detenidos relataron a GatoEncerrado que el procedimiento fue ilegal, porque no les explicaron con detalles las razones por las que fueron capturados.
“En el momento de la captura no le dieron explicación, sino que simplemente le dijeron que ella estaba detenida por una acusación que le habían hecho. A mi tía la fueron a sacar, aun cuando ella acababa de salir del hospital con 500 mg/dl de azúcar en la sangre, porque padece de diabetes”, contó uno de los familiares de Rosa Cinco, quien no quiso identificarse por temor a represión.
La historia detrás de estas capturas inicia el 26 de octubre, cuando los líderes comunitarios consideraron que era importante pronunciarse públicamente en contra de la extracción ilegal del agua que la inmobiliaria Fénix estaba haciendo, en los terrenos donde quiere ejecutar un proyecto urbanístico. En un vídeo publicado en la página en Facebook del Movimiento Unido por La Labor se observa a personas de la comunidad que piden a los agentes de la Policía que cierren la válvula de la tubería y apaguen la bomba extractora. La empresa, según los líderes y habitantes de las comunidades, estaba extrayendo y desperdiciando el agua de la Hacienda La Labor.
Los líderes y los habitantes de las comunidades denunciaron que la extracción que estaba haciendo la empresa dejaría paulatinamente sin agua a 22,000 familias de La Labor, El Llano de Doña María, El Javillo, San Lázaro y Pega Pega.
En respuesta a las denuncias públicas, Fénix envió a una veintena de agentes de seguridad privada para resguardar el equipo de extracción y custodiar la propiedad. Ese 26 de octubre, la empresa detuvo la extracción y retiró las bombas extractoras y las tuberías del pozo.
Un día después, el 27 de octubre, Fénix retiró la maquinaria. Ese mismo día, el MARN y la Fiscalía llegaron para realizar una inspección en el terreno de la empresa y el pozo de donde se extraía el agua. El pozo fue sellado luego de la inspección, según la información que publicó el Movimiento Unido por La Labor.
El proyecto
El proyecto urbanístico que Fénix pretende construir está ubicado en el cantón Chipilapa, sobre la carretera que conduce del municipio de Atiquizaya hacia Ahuachapán. Es un área de 321,485.02 metros cuadrados, en el que caben 1,764 viviendas modernas del proyecto habitacional “Residencial Eco-Terra Hacienda”.
Ese proyecto urbanístico se encuentra actualmente en la etapa de “Evaluación”, según consta en la referencia N769-2020 del Sistema de Evaluación Ambiental del MARN, que puede encontrarse en la página web del ministerio. En esa misma web, el ministerio ha clasificado la construcción de Fénix bajo la categoría de “Impacto Ambiental Alto”; es decir: los impactos al medio ambiente son de gran extensión, irreversibles, permanentes, acumulativos y sinérgicos.
De igual forma, el proyecto había incumplido, hasta el 8 de octubre de 2021, las condicionantes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Por ejemplo, la empresa no había presentado cuáles serían las compensaciones ambientales por la extracción de agua del acuífero (emitido por el MARN), la notificación de perforación de pozos, el permiso de calidad de agua del Ministerio de Salud y la calificación de lugar emitido por la alcaldía de Ahuachapán.
En enero de 2020, ANDA entregó a Fénix el certificado de no afectación, el cual concluyó que el proyecto “Eco Terra Hacienda” tendría acceso a un caudal máximo de 33.85 litros de agua por segundo (l/s), con bombeo de 20 horas al día, para abastecer a la residencial y dar mantenimiento a las áreas verdes del complejo. Además, determinó que la explotación de agua del pozo debía tener un volumen máximo de 73,116 metros cúbicos.
El certificado está condicionado al cumplimiento de varios requisitos de ANDA, entre ellos: las medidas compensatorias al medio ambiente, el tratamiento de aguas residuales, la notificación de la construcción del pozo y la extracción de agua. El documento no es un permiso para explotación o concesión de agua para la empresa, sino una especie de especificaciones técnicas.
Hasta el momento, “Eco-Terra Hacienda” solo cuenta con la factibilidad de proyecto de parcelación del Ministerio de Vivienda, según consta en el expediente 210-2020-OC que fue firmado en enero de 2021 por la ministra Michelle Sol. El proyecto también tiene las factibilidades de desecho sólidos, entregada por la alcaldía de Ahuachapán en marzo de 2021.
Destrucción y contaminación de Fénix en Nahulingo
Fenix tiene antecedentes de destrucción arqueológica y contaminación en el municipio de Nahulingo, Sonsonate. La empresa empezó la construcción de una residencial llamada “Acrópoli” en 2017, sin contar con los permisos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Medio Ambiente.
La pasividad de las instituciones del Estado y su complicidad permitió que Fénix construyera 604 casas sin contar con una planta de tratamiento de aguas residuales.
La ejecución del proyecto urbanístico destruyó el sitio arqueológico Tacushcalco, el cual fue declarado Bien Cultural en 1997 bajo la denominación de sitio arqueológico Tacuscalco-Los Cerritos. Es decir, era un lugar de riqueza histórica y cultural, por lo que debía protegerse y conservarse. Sin embargo, y pese a las medidas de protección, la empresa Fénix no dejó de construir la residencial.
Por si eso no fuera suficiente, Fénix expandió la residencial para construir otras 400 casas más, gracias a la actuación de la directora de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, María Isaura Aráuz Quijano, quien firmó una resolución, el 25 de enero de 2021, que deja sin efecto las medidas de protección que tenían dos terrenos propiedad de la empresa.
Por la destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco, el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate lleva un proceso judicial en contra de Fénix por el delito de daños agravados y otros en perjuicio del patrimonio cultural. Desde 2019, la vista pública del caso se ha suspendido en reiteradas ocasiones. Los jueces reprogramaron el juicio para este jueves 11 de diciembre.
Por su lado, diferentes instituciones como un juzgado ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil han documentado que las aguas residuales de la residencial Acrópolis terminan en el río Ceniza, junto con la contaminación del monocultivo de caña y granjas de la zona. Las comunidades que se abastecen del río Ceniza tienen que utilizar el agua contaminada para los usos domésticos.
Fénix, según documentos en el Centro Nacional de Registro (CNR), tiene nexos con la constructora Salazar Romero. Esa constructora es propiedad de Raúl Salazar Landaverde, un empresario que ha sido socio en varias empresas de José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”. Este último fue procesado judicialmente por haber lavado dinero.
