Opinión

Cambiar el rumbo, transformar la educación

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Julio César Hernández

@icefi @Julio_eltrece

Investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Garantizar el acceso universal a una educación de calidad para todas las personas en Centroamérica requiere una inversión pública suficiente y basada en resultados de cobertura y calidad.

Por Julio César Hernández

La educación es un derecho humano y un bien público. Se le considera como una llave maestra para el disfrute pleno de otros derechos y para el logro del desarrollo sostenible e inclusivo de las sociedades, además, es uno de los elementos potenciadores del crecimiento económico más exitosos. Tiene efectos en el acceso a un trabajo decente —facilitando la movilidad social y la superación de la pobreza—, así como en la adquisición de habilidades para la ciudadanía crítica e informada. El 24 de enero de 2022 se celebró por cuarta ocasión el Día Internacional de la Educación bajo el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación”. Siendo un momento propicio para reflexionar y debatir sobre la importancia de fortalecer la educación como bien público y común, incluyendo la transformación digital, el apoyo a los docentes, la protección del planeta y liberar la capacidad de cada persona para contribuir al bienestar colectivo.  

Reconociendo la importancia fundamental de la educación, el Icefi incluyó dentro de la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030 (Vol. 3) una estimación del costo que implica la universalización educativa en la región, tomando como base la meta 4.1 del cuarto objetivo de la Agenda ODS 2030: «velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces». Para su cálculo tomó en cuenta la situación actual de algunos de los indicadores educativos nacionales, tales como las tasas de cobertura, la cantidad de alumnos por docente, aulas disponibles, así como tasas de deserción, aprobación y repitencia. También consideró las capacidades actuales de los sistemas educativos de los países centroamericanos y por medio de las proyecciones de población por edad simple, realizó una aproximación de la cantidad de insumos necesarios, tanto físicos como financieros, para alcanzar la cobertura universal en todos los países de la región hacia 2030. 

Tal como muestra la siguiente gráfica, los resultados de la estimación evidencian que el mayor reto es para Guatemala. Para este país, el presupuesto público deberá expandirse en un 214.3 % en los próximos nueve años, es decir, pasaría de USD 2,027.9 millones registrados en 2020 a USD 6,374.1 millones en 2030. Esta enorme brecha responde a las muy bajas tasas de cobertura actuales y la alta participación del sector privado en la educación secundaria. 

Panamá es el segundo país que debe realizar un mayor esfuerzo, tanto en términos absolutos como relativos (USD 1,921.0 millones y 153.1 % adicionales). Esto se debe a que no ha logrado la cobertura universal en primaria y secundaria I. Debe elevar la cobertura de preescolar y secundaria II en las comarcas indígenas del país, que además de presentar rezagos en materia educativa muestran desafíos en materia alimentaria. 


Costa Rica es el tercer país con la mayor brecha en términos absolutos (con USD 1,912.7 millones adicionales), pero no en términos relativos (87.9 % adicional); esto se debe a que ya dispone de una de las mayores coberturas de la región en el nivel preescolar y de una de las más altas tasas de cobertura en secundaria II, su mayor reto es reducir las tasas de deserción y repitencia del nivel secundario.  

Por su parte, Honduras ocupa el cuarto lugar en la inversión a realizar en forma absoluta y el tercero en manera relativa (USD 1,178.8 millones y 125.9 % adicionales). Debe orientar sus esfuerzos al aumento de la cobertura en los niveles preescolar y secundaria, en los cuales hay una amplia participación del sector privado.  Los esfuerzos en materia de cobertura preescolar deberán ubicarse principalmente en la región central.  

El Salvador ocupa el quinto lugar en términos absolutos (USD 840.5 millones adicionales) y el cuarto en relativos (119.7 % adicional), sus esfuerzos se deben orientar a elevar la cobertura de preescolar y secundaria II, así como disminuir la deserción en secundaria y elevar la cantidad de docentes. 

Finalmente, Nicaragua posee las menores necesidades en términos absolutos (USD 364.6 millones adicionales), pero ocupa el quinto lugar en términos relativos (102.4 % adicional), siendo un esfuerzo significativo tomando en cuenta la situación actual de inversión educativa. Los esfuerzos de este país deben priorizarse en los niveles preescolar y secundario, primordialmente en los departamentos de Jinotega, Región Autónoma Atlántico Norte y Región Autónoma Atlántico Sur. 

Garantizar el acceso universal a una educación de calidad para todas las personas en Centroamérica requiere una inversión pública suficiente y basada en resultados de cobertura y calidad. Sin esto, transformar la educación en la herramienta para el desarrollo sostenible, inclusivo y pacífico será imposible; especialmente, en un contexto en el cual la pandemia de COVID-19 obliga a repensar los formatos para lograr una educación que cumpla sus objetivos de fomentar una sociedad más democrática, igualitaria, desarrollada y sostenible.

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Investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

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