Bitácora de Género

Solo el 1 % de denuncias por difusión de pornografía e información lograron condenas

Entre 2018 y 2021, un total de 1,711 mujeres denunciaron haber sido víctimas de difusión ilegal de información y de difusión de pornografía. Del total, la Fiscalía llevó a los tribunales el 4.32 % (74 casos) y únicamente el 1.11 % (19 casos) terminó en condena. La semana del 22 de enero, varias mujeres denunciaron que sus imágenes íntimas fueron compartidas en grupos de hombres. Estas acciones son delitos y están tipificados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

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Por Gabriela Méndez

Por Gabriela Méndez

La semana del 22 de enero, varias mujeres denunciaron en sus redes sociales que grupos de WhatsApp, Telegram y Reddit son utilizados para difundir información e imágenes íntimas sin su consentimiento. Estos grupos, de los cuales uno tenía más de 16 mil integrantes, son creados y administrados por hombres que comparten y piden intercambiar fotografías de mujeres. Pero no solamente se quedan ahí. Tienen otras cuentas de respaldo con más de 2 mil usuarios. “Si tú alguna vez habías compartido fotos íntimas con tu pareja actual, con tu novio, con cualquier persona, esas fotos iban a estar en el grupo donde habían 16 mil hombres” dijo a GatoEncerrado una persona que tuvo conocimiento de lo que estaba pasando, pero prefirió no identificarse por temor a represalias.

La difusión ilegal de información y la difusión de pornografía son delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv). En el artículo 50 señala que quien publique, comparta, envíe o distribuya información personal que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento, será castigado con tres a cinco años de cárcel.

La ley también castiga la difusión de pornografía, que según el artículo 51 consiste en difundir, publicar, compartir, enviar o distribuir material pornográfico por cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su consentimiento. La pena de este delito es de cinco a diez años de prisión. El artículo agrega un agravante cuando el material se produzca o se obtenga aprovechándose de una relación sentimental, de poder o confianza, la pena incrementará en dos terceras partes de la pena máxima estipulada; es decir, hasta 16 años de cárcel.

Estos dos delitos, antes señalados, se encuentran entre los más denunciados en la Fiscalía General de la República (FGR).

En los últimos cuatro años, entre 2018 y 2021, un total de 1,711 mujeres denunciaron haber sido víctimas de difusión ilegal de información y de difusión de pornografia, según datos proporcionados a esta revista.  En esos años, la cifra más alta se registró en 2019, mientras que en los siguientes años se muestra una disminución de más de 160 denuncias. 

Al ver las cifras de denuncias por cada delito, se observa que la difusión ilegal de información representa el 74 % de las denuncias (1,267). 

A pesar del alto número de denuncias, el nivel de casos que siguen el proceso en tribunales y que terminan en condena es extremadamente bajo. Las estadísticas lo demuestran.  

De las 1,711 denuncias registradas entre 2018 y 2021, solo el 4.32 % (74 casos) fue judicializado y únicamente el 1.11 % (19 casos) terminó en condena. Es decir, del total de las denuncias por difusión ilegal de información y de pornografía, solo el 5.44 % llegaron a ser casos judicializados o condenados.

Carlos Palomo, presidente de la organización Transparencia, Contraloría Ciudadana y Datos Abiertos (Tracoda), consideró que las instituciones del Estado hacen muy poco para promover y prevenir estos delitos.

“El fallo del Estado es generalizado. Casi ninguna institución está viendo esto, no lo están atendiendo, no están haciendo conciencia, no están orientando a las víctimas”, declaró a GatoEncerrado. 

Tras la denuncia en redes sociales, Tracoda habilitó un correo electrónico para que las víctimas de estos delitos denuncien y  reciban ayuda legal. Según Palomo, hasta la fecha han recibido aproximadamente 10 denuncias. El presidente de Tracoda aseguró que en los próximos días interpondrán los avisos ante la Fiscalía.

Esta revista intentó contactarse con la Fiscalía, a través de los números de teléfono que aparecen en su portal web para atender a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, pero no respondieron.

Para explicar la baja cantidad casos judicializados y de condenados de denuncias por violencia contra las mujeres,  GatoEncerrado habló con la directora nacional de la mujer de la Fiscalía, Marina de Ortega, en abril de 2021.Uno de los planteamientos fue que, después de seguir un proceso de investigación, no todas las denuncias son judicializadas. También dijo que algunos de los casos se trasladan a instituciones como la  Procuraduría General de la República (PGR), al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) o incluso solo procede una medida cautelar o de protección y se le da la asesoría. “Hay una serie de casos que entran a la Fiscalía y eso no quiere decir que no se le haya dado una respuesta”, sostuvo.

Sobrecarga 

Ser víctima de violencia de género y denunciar significa pasar por un sinfín de obstáculos. GatoEncerrado ha investigado que existe un colapso en la jurisdicción especializada, así como la ausencia de medidas efectivas y de sensibilización de todas las instituciones públicas, que entorpecen el duro camino hacia la justicia. 

Actualmente, existen ocho sedes judiciales en la jurisdicción especializada. Sin embargo, Laura Morán, abogada de la Colectiva Feminista, consideró que son insuficientes por la sobrecarga de casos. Asimismo, dijo que se requieren más equipos especializados para perseguir el delito.

“Una de las limitantes es no contar con equipos de investigación idóneos para poder llegar al agresor y el hecho. Sobre todo porque es una nueva modalidad de violencia a nivel virtual”, indicó Morán.

Para la abogada, es importante fortalecer a los equipos de investigación y a los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia, con el fin de terminar con la mora judicial y que las mujeres que han sido víctimas de difusión ilegal de información y pornografía puedan tener acceso a la justicia.

Impacto en la salud mental

La psicóloga Daniela Salamanca explicó a GatoEncerrado que estos ilícitos tienen consecuencias en la salud mental de las mujeres. Señaló que uno de los impactos psicológicos más grandes que tiene la difusión de contenido privado es hacia el autoconcepto y la autoestima de la mujer. 

“Cuando somos capaces de tomarnos una foto al desnudo y compartirla a alguien en quien confiamos, estamos traspasando esa barrera de lo privado. Traspasamos esa brecha del patriarcado, que solamente sexualiza los cuerpos y que no nos permite apreciarlos como algo digno”, indicó la psicóloga.

Salamanca sostuvo que las víctimas de estos ilícitos pueden sufrir trastornos como ansiedad o estrés agudo. Esto implica reacciones desagradables o intensas que inician después de pasar por un acontecimiento traumático o abrumador.