Ilustración/Leonel Pacas
El gobierno de Bukele también descuida a los desplazados por violencia
La historia se ha repetido para las víctimas de desplazamiento forzado. En los gobiernos anteriores, el desplazamiento era un tema tabú, que no se quería reconocer. Aunque la gestión del presidente Nayib Bukele inició con otro enfoque para el tema, a más de dos años de la aprobación de la ley para proteger a las víctimas de desplazamiento, hay más retrocesos que avances en las respuestas del Estado. Los salvadoreños siguen huyendo de sus lugares de origen por la violencia mientras que el Estado sigue sin tener un registro oficial de los casos. Organizaciones sociales señalan un nuevo detonante del desplazamiento: la violencia intrafamiliar agudizada por la pandemia.
Por Xenia Oliva
Resumen para lectores con prisa
Este 22 de febrero se cumplen dos años desde que la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno entró en vigencia en El Salvador. Pese a que dicha ley es una herramienta inédita que busca atender de forma integral a las víctimas de desplazamiento interno en El Salvador, los avances para la implementación de la ley han sido pocos.
En cambio se destacan los retrocesos para la atención del fenómeno como la ruptura del diálogo entre la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con las organizaciones que por años han llevado la batuta en la atención a víctimas de desplazamiento como Cristosal, la Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado y el Servicio Social Pasionista. Entre otros retrocesos está el hecho de que haya delegado la DAV a personas que no cumplen con los requisitos, como el exdirector Giovanni González, esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
Además, no se ha conformado el comité interinstitucional que establece la ley ni se ha construido el registro único. Pese a las disminuciones de homicidios, las víctimas de desplazamiento interno siguen llegando a las organizaciones civiles e instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que siguen luchando desde sus trincheras por brindarles la mejor atención posible.
Mientras continúa la falta de diálogo y la implementación de la ley, el fenómeno del desplazamiento forzado interno sigue evolucionando en El Salvador. Aunque siguen los casos de desplazamiento por pandillas, han aumentado las víctimas que deben huir debido a la violencia intrafamiliar o la violencia de género.
El mundo de Marta* se acaba de derrumbar. No, al pensarlo mejor su mundo se empezó a derrumbar desde que era niña y su familia nunca le dio el apoyo para seguir estudiando, también desde que conoció a su esposo, cuando apenas había salido de su adolescencia, y él se encargó de derribar su autoestima, de maltratarla, de engañarla, de no dejarla trabajar. El mundo que también se acaba de derrumbar es el de sus dos hijas, que por primera vez han visto a su papá golpear a su mamá y dejarla con el rostro sangrado. Ella había tratado de protegerlas de esa violencia, que creyeran tener la dicha que ella no tuvo. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, las niñas habían sido testigos de cómo su papá estrelló una escoba en la cabeza de su mamá. Después del ataque, casi a medianoche, las tres caminaban aprisa por las aceras de su colonia, intentando hacer el menor ruido posible.
Marta y sus hijas son de una colonia, como muchas en San Salvador, en las que llamar a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) implica meterse en más problemas con la pandilla que controla la zona que el apoyo que recibirían de los agentes. Pero Marta no tiene carro, ni sus vecinos, su esposo se llevó su teléfono celular así que tampoco sabe cómo pedir auxilio. En medio de los mareos por el golpe y la pérdida de sangre, y mientras intentaba consolar a sus hijas, la única solución que encontró fue caminar hasta la delegación de la PNC de la zona. No esperaba mucho apoyo de los agentes, pero al menos ellos la podrían llevar hasta un hospital.
Su confianza en las instituciones de justicia era muy baja. Meses atrás, después de años de maltratos verbales y empujones, había tomado la decisión de divorciarse. Pero en el Juzgado de Paz en el que atendieron su caso, la respuesta de la jueza fue señalar que él era el dueño de la casa y ella era la que tenía que irse. A Marta su esposo nunca la dejó trabajar, ni siquiera le daba permiso de tener una venta. El temor de no poder darles una casa a sus hijas, hizo que Marta aceptara no separarse de su esposo.
Cuando al fin llegaron a la delegación, se encontraron con que su esposo ya había estado ahí, limpiando su nombre ante los agentes, acusando a Marta de haber sido la provocadora de su furia. Marta no sabe si ya los había convencido, pero al menos al verle el rostro cubierto de sangre, los policías se apuraron a escucharla. Sin embargo, los agentes le dijeron que si ella quería que fueran a detener a su esposo, ella tenía que quedarse levantando el acta. Marta les dijo que se sentía mareada, que no se sentía capaz de dar una declaración en ese momento. Al final se llevaron a Marta al hospital y a las niñas las dejaron con unos vecinos. Su esposo quedó libre.
Pese a haber sido llevada en una patrulla policial y que ella declarara que acababa de ser víctima de violencia doméstica, en el Hospital Nacional “Dr. Molina Martínez”, de Soyapango, no le prestaron mucha atención. Después de tres horas de espera, le dijeron que su condición no era grave, que se fuera a la Unidad de Salud que queda a unos metros del hospital para que le cosieran la herida. Marta se tuvo que ir caminando sola, ninguno de los policías se había quedado con ella. El mismo personal de la Unidad de Salud se mostró indignado con el trato que le dieron en el hospital.
Sin ningún apoyo familiar, sin garantías de su seguridad y aún con el llanto de sus hijas pidiéndole que “no muriera”, repitiéndose como un eco en su mente, Marta comprendió que la única opción que tenía era huir.
Era febrero 2021 y el mundo de sus niñas se acababa de derrumbar. Lloraron por su mamá, lloraron por su papá y lloraron por su casa, pero aún así escucharon a Marta cuando les pidió que llenaran sus mochilas con ropa. Con el único apoyo de una amiga que le ofreció a Marta su casa, las tres tomaron un bus interdepartamental.
Violencia intrafamiliar y desplazamiento forzado
Desde hace dos años en El Salvador se ha dado un aumento significativo de la atención de mujeres que, al ser víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica, han tenido que desplazarse de sus lugares de origen.
Distintas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención de víctimas de desplazamiento forzado han notado con preocupación el fenómeno.
“Ha sido un cambio bastante significativo. De dos años para acá, cada vez vemos más mujeres jefas de hogar que toman la decisión de desplazarse por motivo de violencia basada en género”, dijo Yuridi Barahona, del Consejo Noruego para Refugiados en El Salvador.
La cuarentena domiciliar, a causa de la pandemia por COVID-19, exacerbó los casos de violencia intrafamiliar, y con ello los casos de mujeres que se vieron obligadas a huir de sus hogares.
“La única respuesta para las mujeres ha sido salir de sus casas. Muchas no pueden denunciar, porque también tienen problemas si llegan policías a sus hogares y las pandillas lo ven”, añadió Johanna Ramírez, coordinadora del área de atención a víctimas de violencia del Servicio Social Pasionista. “Los casos siguen llegando a las organizaciones e instituciones, independientemente de si las personas ponen una denuncia”, agregó.
Pese a que las organizaciones han visto un aumento de casos, por el momento no es posible saber con precisión cuántas salvadoreñas más han sufrido una situación similar a la de Marta.
El 9 de enero de 2020, en la legislatura pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado Interno.
Entre sus artículos, la ley establecía que la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada debe: “Crear e implementar un sistema de registro, sistematización y seguimiento de casos de desplazamiento forzado y otros indicadores que permitan elaborar y actualizar caracterizaciones sobre las personas desplazadas por violencia a efecto de identificar las causas que generan desplazamiento forzado interno, las comunidades de origen y de destino y las consecuencias económicas, sociales, jurídicas y políticas que ello genere”.
Sin embargo esto no se ha cumplido, al igual que la mayor parte de la ley que entró en vigencia desde el 23 de enero de 2020.
Además del incremento de casos por violencia de género, el Consejo Noruego para Refugiados en El Salvador constató un incremento de casos en los que la desaparición de un familiar fue el detonante para el desplazamiento.
Para Barahona es importante que el país cuente con un sistema de registro único ya que es una herramienta necesaria para visibilizar el fenómeno, poder analizar las características de las víctimas, de las causas del desplazamiento y contar con los indicadores que permitan la creación de planes y políticas que atiendan directamente al fenómeno.
Karla Castillo, investigadora y especialista en migración forzada, consideró importante analizar a profundidad los casos de desplazamiento por violencia intrafamiliar. Lamentó que, en muchos casos, la falta de herramientas y capacitación de los agentes en las delegaciones, quienes suelen ser los primeros en ver a las víctimas, hace que ellos no dirijan correctamente a las personas a las instancias que pueden dar un mejor apoyo de emergencia.
Dos años sin reglamento para aplicar ley
A más de dos años de que se estableciera la ley en el país, las organizaciones civiles que a diario atienden a víctimas de desplazamiento forzado ven cómo las acciones del Estado frente al fenómeno se han estancado o en algunos casos han retrocedido.
Una de las principales preocupaciones es que aún sigue sin construirse un reglamento para implementar la ley en el país, o al menos no se ha construido ninguno de forma pública incluyendo a las organizaciones que por años abogaron por la creación de la ley y el reconocimiento del fenómeno en el país.
Durante la gestión del FMLN, las organizaciones civiles lucharon cuesta arriba para que se reconociera que en El Salvador existía desplazamiento forzado interno. Antes solo se refería como “movilidad”, y se hablaba de familias que cambiaban de domicilio por causas económicas, entre otras.
De hecho, ese fue parte del discurso de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, cuando en diciembre de 2019 participó en un foro internacional en Ginebra, organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En ese entonces, El Salvador recibió la presidencia Pro Témpore de la plataforma de apoyo para el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para las Américas (MIRPS).
Recinos distanció a la gestión del presidente Nayib Bukele de la anterior en cuanto a su respuesta al fenómeno de desplazamiento forzado y anunció que ya tenían listo un plan interinstitucional para la atención del fenómeno.
A la fecha continuamos con varias promesas del Ejecutivo, en cuanto a la atención del fenómeno, mientras que operativamente no ha habido ningún tipo de avance para ejecutar e implementar debidamente la ley de desplazamiento forzado”,
Rina Montti,
Directora de investigación en derechos humanos de Cristosal.
No solo no se ha presentado el reglamento de manera pública, tampoco hay una política que garantice la ejecución de la ley, que incluya la forma en cómo se adjudicará el presupuesto para la implementación de la ley.
“Mientras tanto, los casos continúan siendo derivados a organizaciones de sociedad civil. Como Cristosal, a la fecha, seguimos recibiendo casos derivados del Estado. También esto demuestra que el fenómeno del desplazamiento no ha mermado, pese a la situación de COVID-19 y de que, al menos oficialmente, han disminuido los casos de violencia, pero las razones de desplazamiento forzado interno continúan”, expuso Montti.
Cuando el presidente Bukele sancionó la ley en 2020 lo hizo sin emitir ninguna observación, señaló German Cerros, quien fue parte de la dirección técnica de la Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado.
Aunque la ley también incluye la participación de las organizaciones civiles, en todo 2020 pudieron tener solo tres reuniones con la Dirección de Atención a Víctimas (DAV). Las organizaciones civiles pasaron de tener mesas de diálogo con el Gobierno para compartir propuestas para la atención de víctimas y prevención del desplazamiento a chocar contra un muro levantado por el gobierno de Bukele en el que la comunicación es casi inexistente.
“Entre otras cosas, nos dimos cuenta de que el protocolo y la ruta ya estaban hechas de forma inconsulta. Ya se habían visto algunos temas de una ruta de atención y actuación de forma inconsulta”, dijo Cerros.
Señaló que ni siquiera se tomó en cuenta los testimonios de las personas víctimas, pese a que es una de las recomendaciones del mismo MIRPS.
Ramírez, del Servicio Social Pasionista, expuso que durante enero han intentado retomar los diálogos.
“Vemos con bastante preocupación el abordaje que se le ha dado desde la Dirección de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAV), por ende del Ministerio de Justicia, en un claro retroceso sobre el tema del abordaje de atención a víctimas de desplazamiento forzado. Se han intentado hacer muchos acercamientos, pero todo se ha mantenido con mucho hermetismo”, dijo Ramírez.
Retrocesos
El casi nulo diálogo con las organizaciones civiles y la exclusión de estas en la implementación de la ley podría afectar el impacto de las acciones que se implementen para la atención de las víctimas de desplazamiento forzado.
Cerros señaló que la sociedad civil siempre va a trabajar por las víctimas, aunque el Estado no los quiera hacer partícipes de los procesos de implementación de la ley, pero al ser un tema de crisis humanitaria, la falta de articulación y comunicación de todas las entidades que ven el tema afecta a la larga el alcance de las acciones.
“El desgaste es cada vez más evidente y ya estamos viendo el impacto. Al final nosotros seguimos atendiendo personas independientemente del Estado no quiera trabajar con nosotros, pero las víctimas sí se ven afectadas. Aquí han venido personas las cuales han tocado puerta de la Policía, de la Fiscalía, de la Dirección de Atención a Víctimas, pero el apoyo que les dan es momentáneo”, dijo Cerros.
Explicó que han atendido personas que les han relatado que del Estado y la DAV solo lograron recibir resguardo y alimentación por tres meses, pero sin un abordaje del apoyo legal y emocional que necesitan. Tampoco se aborda lo suficiente el tema de reasentamiento.
“Llena de mucho dolor preguntarles cuántas puertas han tocado y oír a cuántas entidades han buscado apoyo”, dijo Cerros.
Añadió que el discurso de criminalización de la labor de las organizaciones civiles por parte del Estado también ha afectado a las víctimas, ya que muchas personas ya no buscan a las organizaciones sino hasta que ya se han quedado sin ningún respaldo.
“Hay muchos retrocesos, no solo con la ley, en todos los sistemas de atención y protección a víctimas han tenido un retroceso en cuanto a las prioridades. Muchas de las familias que se ven obligadas a desplazarse lo hacen con dinámicas de mayor clandestinidad, sin acercarse a organizaciones civiles, por el discurso estatal, hasta que ya no encuentran respuesta comienzan a buscar a las organizaciones”, dijo Ramírez.
La implementación integral de la ley en conjunto con todas las organizaciones civiles que apoyan a las víctimas de desplazamiento permitiría que exista un modelo consensuado de atención a víctimas. Por ejemplo, todas las entidades y organizaciones estarían conscientes de qué necesidades tiene la víctima según su perfil. Se puede establecer cuál es la institución más adecuada para atender el caso y qué entrevistas se pueden hacer sin revictimizar.
Para Ramírez, la DAV, que debería ser la entidad líder en la atención del fenómeno, no ha logrado asumir la responsabilidad de un acompañamiento integral a las víctimas.
A todo esto se sumó el hecho de que se nombró como director de la entidad a Giovani González, esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, pese a no contar con la experiencia o formación necesaria, según reveló GatoEncerrado en octubre pasado.
Cuando las organizaciones exigieron su remoción, la respuesta fue que el nombramiento no era oficial. Actualmente hay una nueva directora, Sara Gutiérrez. Ramírez dijo que hay algunas organizaciones que ya lograron tener una reunión con la nueva directora, pero aún no es seguro que se logre retomar el diálogo de forma normal y constante.
Antes de González, uno de los directores de Atención a Víctimas fue el actual alcalde de Santa Tecla, Henry Flores.
Para Castillo, el haber designado a personas que no cumplen con los requisitos para una dirección de ese tipo, refleja la poca voluntad que hay desde el Estado en realmente dar la respuesta que las víctimas merecen.
“Al final son temas extremadamente delicados que realmente requieren que la persona sepa de Derecho, que tenga conocimiento sobre cómo funciona el sistema de protección interno, cómo funcionan las organizaciones. Estos nombramientos solo demuestran la poca voluntad que tiene el Gobierno en responder a su responsabilidad de proteger a la víctimas”, dijo Castillo.
La falta de requisitos para ostentar el puesto, no es el único de los problemas en la DAV. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hizo cambios de empleados en la DAV, pese a que ya estaban capacitados en la atención a población desplazada, según reportaron distintas organizaciones civiles que ya tenían un trabajo articulado con las personas destituidas.
Cerros dijo que los cambios en el personal de la DAV han sido recurrentes, lo que implica que algunas víctimas hayan tenido hasta cuatro psicólogos distintos o abogados en sus casos. “Llega a ser un tema revictimizante y negligente”.
Además de la ruptura del diálogo con las organizaciones civiles, el retraso en la implementación de la ley y la creación del reglamento, la falta de prioridad al trabajo territorial y que la atención a víctimas no ha sido prioridad en el presupuesto, las organizaciones civiles ven como otro retroceso preocupante el hecho de que haya funcionarios que nuevamente están minimizando el fenómeno.
El 10 mayo de 2021, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, descartó que hubiese ocurrido un éxodo de familias en Mejicanos al mismo tiempo que hizo una generalización sobre las víctimas de desplazamiento que preocupó mucho a las organizaciones civiles.
“Descartamos que haya un éxodo de familias en Mejicanos. Sabemos que existe una denuncia que menciona que fue amenazada, que le dispararon. Hemos descartado algún tipo de información, pero dichas personas necesitan esas denuncias en otros países para trámites migratorios”, dijo.
Es preocupante, cuál es la visión del Estado de las víctimas de desplazamiento forzado. Arriaza Chicas dijo que la gente se aprovechaba para mudarse, sin analizar las múltiples causas. Nos demuestra la forma en cómo ven las cosas los funcionarios”,
German Cerros,
Fue parte de la dirección técnica de la Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado.
Ramírez coincidió en que estas declaraciones minimizan el fenómeno. “Es preocupante que digan que es por salir del país o cambiarse del lugar de residencia”.
Cerros señaló que entre las víctimas de desplazamiento forzado existen perfiles muy complejos. Por ejemplo, hay casos en los que un grupo familiar se desplaza por el reclutamiento forzado que hacen las pandillas a uno de sus miembros, pero hay casos que a esto se le sumó la amenaza de asesinato a un integrante o acoso sexual a una de las integrantes.
Que funcionarios de Seguridad Pública como Arriaza Chicas hagan este tipo de comentarios, les trae malos recuerdos a quienes han estado involucrados en la atención de la población desplazada. Durante las gestiones del FMLN, los dirigentes de la PNC y del Ministerio de Justicia también eran reacios a aceptar que existía una crisis de desplazamiento forzado interno en El Salvador.
Días después de las declaraciones de Arriaza Chicas, el lunes 24 de mayo, 35 familias del caserío Servando Ortiz, de Panchimalco, huyeron por amenazas. En esa ocasión se pudo ver a agentes de la PNC a un lado de las personas que sacaban todas sus cosas, dándoles “seguridad” para que se pudieran retirar sin problemas.
Después de que todos los noticieros mostraron las imágenes de los pobladores que salían como podían del lugar, el viernes 28 de mayo llegó personal de la Fiscalía y de ACNUR a la zona.
La única petición de los pobladores era que la Policía hiciera más patrullajes en la zona para que ellos pudieran regresar a sus hogares.
El 8 de julio, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dijo que la situación se había controlado y que los habitantes del caserío habían podido regresar. Aseguró que iban a mantener la presencia de la PNC y la Fuerza Armada en la zona.
GatoEncerrado envió una solicitud de información a la Fiscalía General de la República (FGR) para saber si la institución inició una investigación de oficio al ver a las familias que abandonaron con premura su hogar. Sin embargo, la OIR respondió que para conocer si existe o no un expediente de investigación tiene que ser una persona que esté mencionada en el caso la que llegue a una de las ventanillas de la FGR para obtener una constancia de investigación.
La esperanza en los esfuerzos conjuntos
Una de las entidades que actuó ante el éxodo en Panchimalco fue la Procuraduría General de la República (PGR).
“No nos quedamos solo leyendo la noticia, sino que los buscamos. Comenzamos a comunicarnos con medios, con las alcaldías, hasta que logramos ubicar a los líderes de la comunidad”, explicó Rocío López, coordinadora nacional de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la PGR.
Esta pequeña unidad es el ejemplo de cómo el trabajo en conjunto entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil es primordial para responder a las necesidades de las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. La unidad hace uso de las 17 procuradurías auxiliares que están distribuidas en todo el país para que estas puedan derivarles los casos cuando identifican a víctimas de desplazamiento. Pero también se apoya con la DAV, la PDDH y otras organizaciones como Plan, Cruz Roja y Cristosal.
La PGR comenzó a dar atención a víctimas de desplazamiento desde 2015, aunque la unidad se creó oficialmente en 2020 a la espera de la implementación de la ley. Entre enero a octubre de 2021, la PGR atendió a 1,170 personas desplazadas.
López dijo que, en general, la población confía en la PGR y aunque atienden a más mujeres que hombres, en la mayoría de los casos terminan recibiendo a grupos familiares.
La unidad es pequeña, pero casi a diario recibe a familias, a veces hasta comunidades completas. Ahí el personal hace malabares para atender las denuncias, brindar atención psicológica de emergencia, distraer a los niños e incluso proveer alimentación porque hay personas que llegan sin haber comido nada.
López dijo que han aprendido cómo cada caso puede tener particularidades que lo hace muy complejo y distinto a otros casos, por lo que no se puede generalizar las situaciones. Dependiendo de cada caso también saben a qué otra organización pueden acudir, por ejemplo si hay niños entre las víctimas, población LGBTI, si hay necesidad de que sean albergados..
“Tenemos un listado de organizaciones de la sociedad civil que inmediatamente nos pueden ayudar. Nosotros trabajamos con todas las organizaciones, no podemos cerrarnos con nadie porque las víctimas están en todas partes”, dijo López.
Para atender los casos la PGR no exige que las personas ya hayan interpuesto denuncias ante la Fiscalía o la Policía para escucharlas.
“Hay una característica de las personas desplazadas, es el miedo. No pueden denunciar porque han sido amenazados y acá no los voy a poner en más temor. Pero también hay casos en los que la FGR nos ha pedido ayuda”.
Para la PGR las necesidades y los retos son muchos. Para el 2022 su presupuesto se redujo en 7.3 % en comparación con el asignado en 2021. Sin embargo, López aseguró que tienen el compromiso de brindar la mejor atención posible y por ello necesitan trabajar en unidad con todos los que velan por las víctimas.
Ellos quieren retornar a su mundo, a que se les garantice sus derechos, porque cuando una persona es desplazada la violación de derechos es múltiple, educación, vivienda, salud, su mundo se les derrumba. Lo que se trata acá es de proteger esos derechos. Tratamos de ayudarles, darles soluciones duraderas, que no es fácil porque se tiene que hacer en conjunto con múltiples instituciones”,
Rocío López,
coordinadora nacional de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Procuraduría General de la República (PGR).
¿Se harán reformas a la ley?
Durante los últimos meses, entre las distintas organizaciones y expertos en el tema ha llegado la noticia de que el gobierno quiere hacer modificaciones a la Ley para la atención de Desplazamiento Forzado. E incluso, se ha llegado a escuchar el rumor de que es posible de que se llegue a derogar; sin embargo, nadie quiere creer que esto último sea cierto.
Cerros dijo que el anterior director de la DAV, en una de las pocas reuniones que lograron sostener, mencionó el interés de realizar reformas para luego avanzar con la creación e implementación del reglamento y protocolo de atención.
Pero, hasta el momento, no se han abierto las puertas a las organizaciones civiles para sostener un diálogo permanente en la elaboración del reglamento.
López consideró que la creación de la ley ha sido un logro muy importante para El Salvador. “Esta ley ha salvado vidas. Admiro que exista, porque antes era un tabú hablar del desplazamiento forzado interno. Antes solo se podía hablar de movilidad humana”, dijo.
Castillo también señaló que la creación de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) fue un gran logro gracias a los años de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que abogaron junto a las víctimas ante el enorme vacío de protección que existía. Por ello lamentó el rumbo que ha tomado la dirección en los últimos años.
ACNUR fue una de las entidades que emitió un comunicado en el que felicitaba al país por la aprobación de la ley en enero de 2020.
Uno de los puntos claros que establece la ley es la creación de un Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a personas en condición de desplazamiento forzado interno. En el artículo 17 de la ley se indicó que se debe crear una Comisión Técnica Interinstitucional para la atención y protección, que debe estar integrada por tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, además de las instituciones gubernamentales.
La falta de interés para el trabajo en conjunto desde el Estado hace sospechar de que las obligaciones de la ley, para que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil, podría ser lo que esté motivando a generar reformas.
El desplazamiento continúa
Pese a la disminución del registro de homicidios en el país, los casos de desplazamiento forzado interno no han parado, incluso durante el año 2020 cuando existió una cuarentena domiciliar obligatoria.
La ley establece que debe existir un registro único de personas en condiciones de desplazamiento forzado interno, pero este aún no ha sido construido, al menos no de manera pública. Este registro debe tener datos desagregados del género y edad de la víctima, su orientación sexual y ubicación geográfica.
GatoEncerrado también hizo una solicitud a la Fiscalía sobre los datos que manejan de casos de desplazamiento forzado. Sin embargo, respondió que no tienen registro de dicho nivel de detalle.
“En nuestras bases de datos automatizadas, se cuenta con información estadística sobre cantidad de casos, víctimas, etc., por delitos específicos, pero no así, el detalle de las consecuencias que pueden generar los mismos, lo cual no afecta las investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos”, respondió la FGR.
La institución añadió que estos detalles pueden encontrarse en los expedientes fiscales, por lo que no se tiene de forma estadística.
Sin embargo, en su respuesta la Fiscalía también citó la ley especial para la atención de desplazamiento forzado y señaló que es la DAV la que tiene la función de crear e implementar un sistema de registro, sistematización y seguimiento de casos de desplazamiento forzado.
Cerros dijo que este es uno de los tantos problemas a los que se enfrentan ya que, aunque la Fiscalía es una institución independiente, debería haber una articulación en la que tenga acceso a la base de datos que la DAV tiene que construir de forma obligatoria.
“Aunque no sea público, entidades como la Fiscalía, la PGR y la PDDH deberían tener acceso a este registro, pero aún no ha habido avances en su construcción”, dijo.
Pero Cerros señaló que si el registro se construye de manera burda, sin rigurosidad, no se podrá cuantificar de forma adecuada el impacto del fenómeno en El Salvador. Señaló que incluso a las organizaciones civiles les ha costado sistematizar los casos que ven.
“Hemos tenido grupos familiares, compuestos por hasta tres generaciones, que nos han expresado que se han desplazado varias veces, algunas veces han tenido que vivir en la intemperie y otras veces no tienen más opción que desplazarse fuera del territorio”, dijo Cerros.
López también dijo que en la PGR atienden muchos casos complejos. Por ejemplo, en noviembre vieron el de una familia que fue víctima de amenazas, pero ya no quería moverse de la comunidad en la que se encontraba porque al fin se sentían cómodos, además ya habían tenido que desplazarse dos veces. “Tenemos que ver de qué forma los podemos apoyar”.
Ante la ausencia de un registro oficial, los datos que se recopilan afuera del país también dan una muestra del panorama del desplazamiento de los salvadoreños.
Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos exponen una situación preocupante. Durante el año fiscal 2021, la cantidad total de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos superó a los registrados en los años 2019 y 2020.
Las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) también muestran un aumento de los salvadoreños que solicitaron refugio en México durante 2021 y los datos son casi los mismos de 2018.
En el caso de los datos de ACNUR, que registra la cantidad de salvadoreños que han solicitado asilo alrededor del mundo, se ha visto una disminución de los solicitantes de asilo para 2020 y mediados de 2021.
De acuerdo a las estadísticas de ACNUR, hasta mediados del año 2021, había 12,417 solicitudes de asilo de salvadoreños alrededor del mundo. En 2020, los solicitantes de asilo salvadoreños fueron 33,272 y 54,345 en 2019.
Pese a la reducción de casos, al comparar a todos los países, El Salvador ocupaba el octavo lugar de países de origen de los solicitantes de asilo en 2020 y estaba en el lugar 14 para mediados de 2021.
Los salvadoreños han aparecido de forma constante en las estadísticas de países como México y Estados Unidos de solicitantes de asilo, esto contrastó con la decisión del presidente Bukele de acordar convertirse en un “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo de Estados Unidos. Aunque este acuerdo fue suspendido en febrero de 2021, Cerros señaló que esto de alguna manera vulneró y revictimizó a los salvadoreños obligados a desplazarse.
“Es curioso cómo con gobiernos anteriores, a pesar de que habíamos sido muy incisivos en decirles las cosas, habíamos logrado tener mensajes de diálogo, ya teníamos un camino recorrido y desde que llegó este nuevo gobierno se perdió prácticamente”, dijo Cerros.
Reiteró que todas las organizaciones civiles están abiertas a aportar todo lo necesario para trabajar por las víctimas.
ACNUR ha sido de las pocas entidades que ha podido tener un trabajo conjunto con las entidades de Gobierno. Ante las autoridades de ACNUR, el presidente Bukele ha reiterado su compromiso en la atención con la población desplazada, por lo general es el proyecto conocido como El Cubo, el que se destaca.
GatoEncerrado envió un correo al jefe de comunicaciones del Ministerio de Justicia para consultar sobre la DAV y la implementación de la ley, pero aún no ha recibido respuesta.
También hizo una solicitud de entrevista a ACNUR, pero las gestiones se mantienen pendientes.
Mientras tanto, las organizaciones civiles siguen escuchando las quejas de las víctimas que no encontraron el apoyo que buscaron en las instituciones estatales.
“Notamos un retroceso. Al hablar con algunas personas que hemos atendido, suelen mencionar que la atención sigue igual de como estaba en gobiernos anteriores, que la atención era precaria y no existían condiciones mínimas para atender las necesidades de la población desplazada en momentos de emergencia”, dijo Cerros.
Marta volvió a su casa
Cuando Marta y sus hijas se desplazaron hacia otro departamento, ella no le contó a los Policías. Temía que su esposo llegase a saber hacia dónde se fueron. Mientras la curaban en la Unidad de Salud llegó de nuevo la Policía, también llegó la Fiscalía y Medicina Legal. Las siguientes semanas las pasó en casa de su amiga, quien le ayudó a su recuperación y el cuidado de las niñas.
Nuevamente Marta volvió a los Juzgados de Paz. En esta ocasión, la jueza sí estuvo de su lado y le ordenó a su esposo retirarse de la casa. Marta consultó si de una vez podían dejar establecido el pago de cuotas alimenticias para las niñas, pero la jueza le dijo que ese era un proceso aparte.
El juzgado ordenó que fueran con una psicóloga de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su esposo no fue a las citas, ellas sí fueron, pero no recibieron la atención que esperaba. Marta recordó que lo primero que hizo la psicóloga fue regañarla por qué llevó a las niñas. En su plática, le recalcó que debería pensar en la unidad de la familia y le preguntó si estaba dispuesta a perdonar a su esposo. Marta cumplió con las citas establecidas, pero no tiene interés de volver a ver a esa psicóloga aunque sí ha buscado apoyo psicosocial en otras instituciones porque le interesa que las niñas puedan recibir terapias.
Aunque el Juzgado puso una orden de restricción en contra de su esposo, las únicas veces que ha tenido el acompañamiento de los policías fue cuando volvió Marta a casa y cuando ellos supervisaron que su esposo sacara sus cosas y se fuera.
Actualmente la orden de restricción ya se terminó. Marta y sus niñas han intentado retomar su vida normal. En el fondo Marta también se aferra a la esperanza de que su esposo ha cambiado.
*El nombre real de Marta se ha protegido por los riesgos a su seguridad.
Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Gabo.
