Opinión

El sistema de pensiones y la fragilidad de la cuenta de garantía solidaria

Carlos Eduardo Argueta

Carlos Eduardo Argueta

Economista, estadístico e investigador. Es licenciado en Economía y máster en Estadística Aplicada a la Investigación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador). Autor de múltiples investigaciones académicas sobre mercado de trabajo, sistemas de pensiones, migración y retorno, análisis de opinión pública y macroeconomía aplicada. Becario UCA 2016-2018 y becario Sur Place/Conacyt 2020-2022. Actualmente estudia la Maestría en Economía (con especialización en Teoría y Método de la Economía) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Elevar pensiones de manera artificial, con cargo a la Cuenta de Garantía Solidaria y sin fuentes claras de financiamiento, atenta contra la seguridad social intergeneracional, porque serán las personas excluidas del sistema quienes terminarán pagando, más pronto que tarde, esas pensiones ajustadas y se pondrá en riesgo la seguridad social de las generaciones más jóvenes de cotizantes. No es justo que los cotizantes paguemos pensiones elevadas de forma artificial y sin estimaciones que garanticen su sostenibilidad en el largo plazo.

Por Carlos Eduardo Argueta* 

El sistema de pensiones enfrenta múltiples desafíos, algunos más apremiantes que otros, algunos más atendidos que otros. Si bien el tema de la cobertura y los montos de pensión son temas relevantes que he discutido anteriormente, en esta ocasión me concentraré en señalar la insostenibilidad financiera de la cuenta de garantía solidaria (CGS) y sus potenciales consecuencias para los futuros pensionados y para quienes están excluidos del sistema. 

Esta cuenta que, inició a operar a partir de la reforma de 2017, es un fondo común al que aportamos todas y todos los trabajadores cotizantes al sistema de pensiones. Es un pilar solidario porque colectiviza los riesgos de la vejez entre todas las personas y permite que trabajadores jóvenes financien parte de los beneficios de las personas pensionadas. 

Del 15 % que aportamos al sistema de pensiones, el 5 % se destina a este pilar común, que tiene a su cargo el financiamiento de distintas prestaciones que cada vez van incrementando en cuantía. Es un pilar importante, pero que corre riesgos que deben ser atendidos.

La CGS tiene entre sus responsabilidades financiar pensiones mínimas: si usted se pensiona, pero su cálculo de pensión arroja un monto inferior a la pensión mínima vigente, esta cuenta financia la diferencia para que usted cuente con una pensión mínima. Por ejemplo, si su pensión preliminar calculada ascendía hipotéticamente a USD 150, la CGS pone la diferencia para que su pensión llegue a la mínima que decreta la ley. Debemos recordar que en 2021 la pensión mínima incrementó de USD 207 a USD 304, que se traduce en un aumento de 47 %.

Ahora la CGS tiene una mayor responsabilidad para equiparar pensiones mínimas a un monto más alto, pero no se llevó a cabo ninguna reforma para inyectarle de manera sostenible más recursos ante esta nueva presión financiera. 

La CGS también se encarga de realizar aportes para el pago de pensiones de los optados, aquellos jubilados que, durante su vida laboral activa, decidieron trasladarse al SAP (y no quedarse en el antiguo sistema público, SPP) y que actualmente reciben un ajuste a su pensión debido a que obtuvieron un monto menor al que les hubiese correspondido en caso de quedarse en el SPP. 

Este beneficio lo reciben desde 2006, producto de un decreto que irresponsablemente incrementó artificialmente pensiones sin ninguna contrapartida que brindara recursos para financiar esta medida. Dado que la CGS es la que financia actualmente parte de este beneficio, somos los cotizantes jóvenes quienes estamos pagando incrementos artificiales de un grupo privilegiado de pensionados.

La CGS, además, tiene entre sus atribuciones el pago de pensiones por longevidad. Esta figura se incorporó con la reforma de 2017 y permite el pago de pensiones vitalicias que no varían en el tiempo. En términos sencillos, las pensiones se calculan bajo el supuesto de que una persona vivirá 20 años adicionales luego del retiro. 

Si la persona llegase a vivir más, será la CGS la que se encargue de financiar la pensión (sin que esta se reduzca), debido a que el pensionado ya no cuenta con fondos en su cuenta individual. A medida que pasa el tiempo, la población salvadoreña vive más, por lo que en el largo plazo la pensión por longevidad será una figura más utilizada entre los futuros pensionados.

A manera de síntesis, la CGS se encarga de sostener pagos que el sistema de capitalización individual, por sí mismo, demostró ser incapaz de cubrir en su totalidad. La cuenta paga parte de las pensiones mínimas, beneficios otorgados a los optados para que tengan pensiones más altas, garantiza que se paguen las pensiones de las personas a quienes se les agota su cuenta individual, entre otras obligaciones. 

Por su parte, como fuentes de financiamiento cuenta con el 5 % que mensualmente aportan los cotizantes (este porcentaje se reducirá con el tiempo), más aportes del Gobierno que pueden ascender hasta 2.5 % de los ingresos corrientes netos establecidos en el Presupuesto General del Estado.

La sostenibilidad financiera de mediano plazo de la CGS está gravemente comprometida. Una valuación actuarial hecha por la Superintendencia del Sistema Financiero en marzo 2020 (previo a la pandemia) mostraba un desequilibrio de largo plazo en la CGS, “en el sentido de que sus ingresos no serán suficientes para soportar las cargas que le han sido establecidas” (p. 3). Dicho estudio muestra que la CGS deberá contar con USD 9,159.75 millones adicionales (traídos a valor presente) para poder hacer frente a sus obligaciones en los próximos 100 años. Este déficit equivale aproximadamente a la tercera parte de la producción nacional del país en un año y supera los ingresos fiscales que el Estado percibe en un año.

El mismo estudio muestra que, a partir de 2028, la CGS percibirá más gastos anuales que ingresos anuales, situación que se replicará en los siguientes 30 años si no se realizan los ajustes financieros adecuados y oportunos. A este desbalance financiero de la CGS deben incorporarse otras obligaciones previsionales que el Estado tiene a su cargo, producto de la privatización de las pensiones, como el pago de las pensiones del anterior SPP. 

La valuación actuarial estima que estas obligaciones ascenderán a USD 8,664.45 millones (expresados en valor presente), por lo que en total el Estado debería contar con USD 17,824.2 millones de dólares para cumplir con el pago de prestaciones previsionales.

Las finanzas públicas tendrán que responder ante estos faltantes con recursos públicos, vía recaudación tributaria y endeudamiento. Esos recursos son aportados por todas y todos los salvadoreños, incluso los que nunca recibirán una pensión. En otras palabras, ciudadanos que jamás han cotizado o lograrán pensionarse terminarán pagando pensiones de un grupo relativamente privilegiado de trabajadores. Este mecanismo acrecienta la desigualdad. No es justo que las personas más excluidas del régimen previsional terminen financiando pensiones y otros beneficios otorgados por el sistema vigente.

La futura reforma al sistema de pensiones que será próximamente presentada por el Órgano Ejecutivo deberá tomar en cuenta el desbalance de la cuenta de garantía solidaria (CGS). Es imprescindible revisar y actualizar los ingresos que requerirá para cubrir sus obligaciones, a la luz de las reformas que se propongan. Y, por el otro lado, será necesario dotarla de los recursos necesarios para que pueda ser sostenible en el corto y largo plazo. 

Por tal razón, elevar pensiones de manera artificial, con cargo a la CGS y sin fuentes claras de financiamiento, atenta contra la seguridad social intergeneracional, porque serán las personas excluidas del sistema quienes terminarán pagando, más pronto que tarde, esas pensiones ajustadas y se pondrá en riesgo la seguridad social de las generaciones más jóvenes de cotizantes.

No es justo que los cotizantes paguemos pensiones elevadas de forma artificial y sin estimaciones que garanticen su sostenibilidad en el largo plazo. Aumentar paulatinamente los montos de pensiones sí es posible, pero debe hacerse de manera ordenada, mediante intervenciones que garanticen seguridad social para las generaciones futuras y que no comprometan seriamente la fragilidad de las finanzas públicas.

Esperemos que la próxima reforma al sistema de pensiones se dé en un entorno de diálogo social, transparencia y sustento técnico; caso contrario, corre el riesgo de convertirse en un parche adicional dentro de un sistema que lleva más de 50 años cometiendo errores.

Carlos Eduardo Argueta

Carlos Eduardo Argueta

Economista, estadístico e investigador. Es licenciado en Economía y máster en Estadística Aplicada a la Investigación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador). Autor de múltiples investigaciones académicas sobre mercado de trabajo, sistemas de pensiones, migración y retorno, análisis de opinión pública y macroeconomía aplicada. Becario UCA 2016-2018 y becario Sur Place/Conacyt 2020-2022. Actualmente estudia la Maestría en Economía (con especialización en Teoría y Método de la Economía) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Más de GatoEncerrado