Todos los Estados centroamericanos han asumido sólidos compromisos con el logro de la igualdad de género en sus sociedades. La igualdad de género, además de tener un lugar preponderante entre los principios de derechos humanos, es indispensable para el desarrollo sostenible y el logro de sociedades pacíficas. 

En ese sentido, la política fiscal, como la herramienta que define con cuántos y cómo se obtendrán los recursos del Estado y cómo estos se utilizarán, se constituye en un instrumento elemental para el logro de la igualdad de género. 

Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal contemplan diversas directrices que orientan a los Estados en el logro de una política fiscal que promueva la igualdad de género. Estas se dividen en cuatro grandes áreas interrelacionadas: (I) reconocer el valor de la economía del cuidado y usar la política fiscal para redistribuir y reducir las cargas; (II) incorporar un enfoque de género en sus tributos y sus sistemas tributarios; (III) elaborar presupuestos con enfoque de género; y, (IV) asegurar la inversión en políticas para la igualdad de género.

Respecto a la economía del cuidado, los Estados deben reconocer, cuantificar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, así como adoptar un completo sistema de medición dentro de las cuentas nacionales, basadas en encuestas y metodologías fiables; así como examinar la relación del trabajo no remunerado y la incidencia en la pobreza de las mujeres. Asimismo, se deben evitar medidas fiscales que desincentiven la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en el mercado laboral. 

En cuanto a la incorporación de un enfoque de género en los sistemas tributarios, se espera que el Estado configure su sistema tributario de tal forma que corrija las disparidades entre mujeres y hombres. 

En ese sentido, los sistemas tributarios deben reconocer la diversidad de situaciones familiares y asegurar que ninguna medida fiscal desincentiva el acceso de las mujeres al trabajo remunerado. 

Además, los sistemas tributarios deben combatir la elusión fiscal y mejorar la recaudación fiscal de los grupos que concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza, y así disponer de mayores recursos para las políticas de igualdad de género.

En cuanto a los presupuestos con enfoque de género, los Estados deben institucionalizarlos,  adoptándolos dentro de sus marcos normativos y creando mecanismos institucionales que permitan su implementación. Los presupuestos se deben basar en datos desglosados para evaluar el impacto diferencial del presupuesto en mujeres y hombres, y la identificación de gastos de acuerdo con su potencialidad para promover la igualdad de género.

Asimismo, los Estados están obligados a maximizar los recursos que se destinan a servicios públicos de calidad sensibles al género, incluidos los servicios públicos de cuidado -que permiten reducir y distribuir las cargas- y los programas públicos que buscan empoderar económicamente a las mujeres, dándoles acceso a recursos productivos: crédito, tierra, agua, capacitación y tecnologías. Además, deben financiar una protección social accesible, suficiente, adecuada y de calidad que atienda las necesidades de las mujeres en situación de pobreza. 

En línea con lo anterior, recientemente el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó diferentes propuestas para promover el empoderamiento económico de las mujeres, particularmente las mayas, indígenas y campesinas en Guatemala, estas buscan orientar al Estado sobre el camino a tomar para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionadas a esta temática.

Las propuestas tomaron en cuenta argumentos y experiencias nacionales e internacionales, así mismo reconoce las realidades en las que viven las mujeres en Guatemala.

El Icefi plantea seis medidas de política pública destinadas al desarrollo de la autonomía económica de las mujeres: 

♦Creación de Centros integrales de cuidado infantil, en busca de redistribuir la carga de los cuidados y lograr la universalización de programas cuidado infantil. 

♦Entrega de microcréditos a mujeres, con el objetivo de brindar a las mujeres oportunidades financieras y ampliar su liderazgo en actividades económicas.

 ♦Brindar capacitación a mujeres urbanas y rurales sobre el fortalecimiento de capacidades técnicas, organizacionales y empresariales.

 ♦Creación de alternativas de empleo a mujeres rurales, especialmente en épocas de no cosecha y en actividades rurales no tradicionales.

♦Facilitar el acceso a los programas de alfabetización.

♦Garantizar el acceso a agua para todas y todos, en busca, principalmente, de reducir el tiempo utilizado por las mujeres en abastecer de agua a los hogares.

El planteamiento de estas propuestas se acompañó de un costeo de su implementación. Icefi estima que se necesitarían, para el 2022, aproximadamente Q6,167.6 millones (0.89% del Producto Interno Bruto -PIB-). En el 2030, cuando las intervenciones alcanzarían la cobertura total, se estima que la inversión sería equivalente al 3.52% del PIB (Q32,177.5 millones). Esto implica que el Estado debe crear los espacios fiscales necesarios para sostener cada uno de los ejes estipulados, sobre lo cual Icefi también presentó una revisión.