
Por Xenia Oliva
En el cuarto día del régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele echó mano de su Asamblea Legislativa para aprobar un paquete de reformas con la intención de aumentar penas a pandilleros; que a consideración preliminar de abogados, algunas de esas reformas podrían ser aplicadas con arbitrariedad en contra de cualquier ciudadano. Entre las reformas hay aumento de penas a menores de edad, que viola la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina). La Asamblea también aprobó una reforma presupuestaria para que los ministerios de Seguridad y de Defensa tengan $80 millones para comprar más armas y equipo para policías y militares. Este dinero es adicional a los préstamos que ya tenían para financiar el Plan Control Territorial.
En las reformas específicas al Código Penal se contempla el aumento de las penas a pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, que pasaron de 6 a 9 años hasta 40 a 45 años de prisión. En el Código Procesal Penal se aprobaron reformas para que en diferentes delitos, que incluye el de desórdenes públicos, no se otorgue medidas sustitutivas a prisión. A la vez, se aprobó blindar la información relacionada a jueces, magistrados y personal judicial en casos relacionados a pandillas.
También se aprobaron reformas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, para aumentar las penas a 20 y 30 años en prisión. Asimismo, se aprobó reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y a la Ley Especial contra el delito de Extorsión.
Casi a las 10:00 de la noche, la Asamblea aprobó la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, con la que se entregará retribuciones económicas a quienes “den información sobre pandilleros”, bajo el argumento de que ayudará en las investigaciones.
Durante la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) siguió compartiendo imágenes de detenidos en distintos puntos del país. La institución informó que solo en Chalatenango detuvo a 31 “terroristas”, como se han referido a los capturados.
La PNC también informó que “dos pandilleros murieron luego de atacar a nuestros policías”. Este caso ocurrió en el cantón Lajitas, de Chilanga, Morazán. “Esto les pasa por atacar a la policía”, publicó el presidente Bukele.
Esto les pasa por atacar a la policía. https://t.co/po1WRHOGyo
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 30, 2022
Bukele también compartió un video de dos privados de libertad que enumeraban todo lo que les han decomisado, incluyendo su ropa y colchones, y que no se está teniendo el cuidado para quienes padecen enfermedades crónicas. “Este reconocido pandillero se queja de que ya no le dan pollo en el almuerzo y que ahora solo le dan frijoles con tortilla. Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, cuestionó Bukele.
Pese a los análisis jurídicos realizados por organizaciones como Cristosal, que señalan las fallas en la aprobación del régimen de excepción, Ulloa dijo que se hizo conforme a la Constitución de la República y para permitir que la Policía actúe de forma inmediata. Además dijo que se ha suspendido el derecho a la asociación y el derecho a la libertad de movilización.
Respecto a lo ocurrido el sábado, Ulloa dijo que no fue una coincidencia. “Esto es un ataque orquestado en un momento en que nuestro país estaba posicionándose como un verdadero mercado de valores a nivel financiero”, aseguró. Mencionó que El Salvador está en camino de ser un hub financiero de la región y dio como prueba la llegada de inversionistas.
Ulloa agregó que no se puede excluir la posibilidad de que la ola de homicidios fue activada por “fuerzas oscuras que pretenden detener el avance del país”.
Añadió que: “La acción de las fuerzas del orden, el liderazgo del Presidente, del gabinete de seguridad y los resultados que venía dando el Plan de Control Territorial han permitido que la situación quede bajo control en menos de 72 horas”.
Ulloa también hizo un llamado a la diáspora para convencerlos de que la situación está controlada y que ha sido un mito el señalamiento del riesgo de violaciones a derechos humanos por el régimen de excepción.
El vicepresidente llegó a culpar a la OEA por haber avalado la tregua en el período de gestión del FMLN y haber permitido el “fortalecimiento de las pandillas”.
“Las fuerzas del pasado, las fuerzas oscuras, la fuerzas del statu quo, las fuerzas del antiguo régimen se resisten al cambio y no van a cesar de seguir atacando a este proyecto, a este gobierno y en algunas ocasiones de forma violenta como lo hicieron en esta oleada de homicidios, en otra forma difundiendo mentiras y rumores”.