Ojo de gato / Verificación
Comisionado de Derechos Humanos miente otra vez ante organismos internacionales al asegurar que no hay muertes violentas en las cárceles
En un nuevo intento por mostrar a la comunidad internacional que el régimen de excepción respeta los derechos humanos de los salvadoreños, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se reportan muertes violentas en los centros penales y que todos los casos que han registrado son muertes por causas naturales. Sin embargo, existen decenas de casos documentados por organizaciones de la sociedad civil y testimonios de familiares de víctimas del régimen que desmienten la versión del comisionado.
Por Guillermo Cartagena
Agosto 14, 2024
El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, mintió otra vez ante organismos internacionales al asegurar que no han ocurrido torturas ni muertes violentas en centros penales durante los 28 meses que ha estado en vigencia el régimen de excepción. En noviembre del año pasado, el funcionario mintió ante el Parlamento Europeo al declarar que el Gobierno de Nayib Bukele es respetuoso de los derechos humanos. El 12 de julio de este año, mantuvo la misma narrativa falsa cuando participó en una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación general de los derechos humanos en El Salvador. En esta ocasión, Guzmán reiteró que “no hay una sola muerte violenta” en el interior de las cárceles del país.
A pesar de su narrativa, diferentes organizaciones de sociedad civil han documentado abundantes casos, archivos y testimonios que contradicen al funcionario y son la evidencia de que sí han ocurrido muertes violentas en cárceles. De todos estos casos, el Estado no se hace responsable y deja en desamparo a las familias de las víctimas.
Guzmán explicó ante la CIDH que el Estado salvadoreño solo ha recibido la solicitud para el análisis de cuatro casos de personas fallecidas en los centros penales, una cifra que no concuerda con las más de 250 muertes que han documentado las organizaciones de la sociedad civil. Sobre esos cuatro casos, el comisionado afirmó que el motivo del fallecimiento no fue por violencia, sino por causas naturales asociadas a enfermedades previas que padecían esas personas.
No hay una sola muerte violenta🚫
— Comisión Nacional DDHH y Libertad de Expresión (@DDHH_SV) July 14, 2024
Las investigaciones presentadas ante la @CIDH sobre muertes en los centros penales salvadoreños confirman que todas han sido por causas naturales. No hay casos de torturas o muertes violentas en nuestras prisiones. Seguimos esperando los casos. pic.twitter.com/MKkBeCLZ5N
“No hay una sola muerte violenta. Y si llega a haber, mire, yo soy el primero que pido el favor y le ruego a cualquier persona que lo conozca, a las organizaciones sociales, se lo solicito que lo traigan a mi oficina. Nosotros no vamos a guardar ningún tipo de tortura o maltrato efectuado en los centros penales, sin importar qué hizo cada una de estas personas”, mencionó Guzmán durante su participación en la audiencia y sostuvo que la política del Estado salvadoreño está basada en el respeto a los derechos humanos. Esto último también es contradictorio, debido a que el régimen de excepción es, en esencia, una medida que suspende garantías fundamentales de las personas como el derecho al debido proceso.
Ante la abundante evidencia de las organizaciones de sociedad civil sobre muertes violentas en centros penales durante el régimen de excepción, los reportes de medios de comunicación y los testimonios e investigaciones que esta misma revista también ha publicado, el equipo de verificación de GatoEncerrado concluye que las declaraciones del comisionado Guzmán encajan en la definición de falsas.
Dos días antes de la audiencia de la CIDH, Cristosal publicó el informe “El silencio no es opción”, una investigación que recoge información y testimonios sobre prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción.
El informe revela que desde el primer día del régimen, 27 de marzo de 2022, hasta el 20 de abril de 2024, al menos 261 personas han muerto en las cárceles. Entre esas, cuatro eran niñas y niños. Del total de víctimas mortales, 244 eran hombres y 17 mujeres. Además, el 40.61 % (106) de las 261 muertes tenían entre 18 y 35 años, es decir, eran jóvenes. El segundo grupo etario con mayor número de víctimas mortales es el de 36 a 45 años, con un total de 88 casos.
Según la información recopilada por Cristosal, a través de un análisis médico-forense, 14 casos han sido clasificados como posibles muertes violentas, mientras que otros 88 son sospechosos de criminalidad; es decir, fueron muertes inesperadas de personas que no presentaban ningún padecimiento previo. Han sido clasificadas así porque en fotografías, a las que Cristosal tuvo acceso, se puede observar que los cadáveres presentaban heridas, hematomas, laceraciones y otro tipo de lesiones.
El informe detalla que hay 87 casos que sí son considerados como muertes naturales o patológicas y 72 de los que no se puede emitir ninguna valoración por la falta de información.
Aunque el acceso a la información ha sido limitado y las instituciones de seguridad han declarado bajo reserva la mayoría de estadísticas relacionadas al régimen de excepción, Cristosal pudo revisar 201 documentos oficiales, entre actas del Instituto de Medicina Legal, informes médicos y actas de defunción, pertenecientes a personas fallecidas bajo custodia del Estado. Tras esa revisión, fue posible establecer algunas de las causas de muerte más recurrentes indicadas por las propias autoridades, siendo la primera de ellas los edemas con 75 casos, seguida de la neumonía con 17 y los shocks con 11.
Dentro de esos datos oficiales es posible clasificar algunas muertes como violentas por las características de las mismas, como la asfixia o los traumas. Además, algunos cadáveres presentaban signos de violencia que son indicios de la participación de un tercero como actor desencadenante de la muerte.
A pesar de los informes del Instituto de Medicina Legal, el comisionado de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, mantuvo su declaración engañosa ante la CIDH. En vez de explicar lo que realmente ha ocurrido, ocupó su tiempo en la audiencia para desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron la audiencia.
Medios de comunicación internacionales también han documentado algunos de los casos de muertes violentas ocurridas durante la vigencia del régimen de excepción y han recogido testimonios que detallan las torturas y muertes de personas que están en las cárceles.
“Vi a un muchacho que tenía 22 años, que fue de los primeritos que murió dentro de la celda donde yo estaba. Le habían fracturado las costillas y todos, como por seis días, pasamos gritando que le ayudaran, pero sólo llegaban a verlo y decían los custodios ‘cuando se muera, me llaman’. Y prácticamente así fue, porque no le hicieron caso hasta que un día, en la mañana que salimos al conteo, ya él tenía varias horas de haber fallecido”, relató un hombre a la Deutsche Welle. Este mismo testimonio también está incluido en el informe “El modelo Bukele: seguridad sin derechos humanos”, publicado por siete organizaciones de sociedad civil.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) también ha realizado múltiples denuncias sobre casos de torturas y muertes violentas en los centros penitenciarios. En octubre de 2023, el movimiento expuso a través de su cuenta de X la muerte de Manuel de Jesús Perdomo, quien se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario de Izalco. La familia informó que Manuel presentaba perforaciones en sus dedos y manos, además de quebraduras en el cráneo y quijada, indicios de una posible tortura.
Otro asesinato en manos del régimen de excepción
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) October 29, 2023
Manuel De Jesus Perdomo Hernandez fue asesinado con lujo de barbarie en penal de Izalco, miércoles 25 de octubre de 2023
Una llamada del penal informó a la familia que había fallecido en el Hospital de Sonsonate pic.twitter.com/ZBUjTv4nXs
En la audiencia de la CIDH, de este 12 de julio, también participaron representantes de diferentes organizaciones sociales como el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Pro Búsqueda y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Fueron estas organizaciones las que se encargaron de plantear la situación actual sobre casos de vulneraciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción.
Gabriela Santos, directora del IDHUCA, explicó en la audiencia que actualmente hay miles de personas procesadas bajo las condiciones impuestas por el régimen de excepción, en las que permanecen en prisión sin haber sido condenadas y sin ninguna garantía al debido proceso. Detalló que existen órdenes de libertad emitidas por jueces que no son acatadas por la Dirección General de los Centros Penales y señaló que hay una multitud de niñas y niños que han quedado en orfandad por la captura de sus padres.
“(Esta es) una crisis que quiere ser maquillada como un aparente modelo exitoso de seguridad que tiene a la base la anulación del Estado de derecho y la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy en día, el estado de excepción es una herramienta para intimidar, censurar, acallar voces críticas y someter a la población”, fue la valoración de Santos sobre un régimen de excepción que ya ha sido prorrogado más de 28 veces por los diputados y diputadas oficialistas de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC.
La canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, quien formó parte de la comitiva del Estado salvadoreño ante la CIDH, también rechazó las intervenciones de las organizaciones y las catalogó como aseveraciones muy alejadas de la realidad. Además, dijo sentirse preocupada porque las organizaciones representadas en la audiencia estaban promoviendo una “instrumentalización política” de las personas capturadas, lo que ella considera una mala práctica que es dañina para todos. Hill tampoco desaprovechó la oportunidad para justificar el régimen de excepción y aseguró que el actuar del Estado es acorde a modelos internacionales.
“Puedo afirmar y constatar que en los centros penales de El Salvador estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad. Nuestra prioridad ha sido desde el día uno y seguirá siendo el bienestar de toda nuestra población, principalmente la de aquellas en situación de extrema vulnerabilidad individual, social y económica a causa de las pandillas”, expuso la canciller.
En contraste con sus declaraciones, un informe de Socorro Jurídico Humanitario estima que bajo el régimen de excepción se han capturado a 26,560 personas inocentes, por lo que esta medida también ha dejado secuelas en personas que no deben nada ante la ley.
