Perfiles
Las mujeres que abogan por la dignidad humana en El Salvador
Por Bladimir Nolasco
Septiembre 23, 2023
El Gobierno de Nayib Bukele ha secuestrado las instituciones del Estado que deberían defender los derechos humanos en El Salvador. Bajo su mandato, el presidente ha destruido la separación de poderes que se estaba intentando hacer en el país, desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ahora, como en las dictaduras militares del siglo pasado, el Ejecutivo lo controla todo, incluso las instancias del sector justicia. Además, volvió a empoderar a los cuerpos militares y policiales, quienes ya gozaban de protagonismo en la sociedad salvadoreña actual. Sin un estado de derecho y con agentes de seguridad que cometen abusos, malos tratos y torturas en un régimen de excepción que se ha mantenido vigente por más de un año y medio, las personas defensoras de derechos humanos son la única esperanza de acompañamiento legal y psicológico —a veces también económico— para las víctimas de la violencia institucional. Consecuentemente, las personas defensoras de derechos humanos también se convirtieron en un objetivo más de persecución e intimidación.
Esta situación, en realidad, no es novedosa. Históricamente, las personas que abogaron por la dignidad humana en El Salvador nunca fueron reconocidas por acompañar a las víctimas de la represión social; al contrario, fueron perseguidas, difamadas y hasta atacadas e incluso asesinadas en épocas tan convulsas como el conflicto armado en la década de 1980 o como ocurrió durante las dictaduras militares que se ensañaron en contra de campesinos, pueblos indígenas, mujeres y niñez.
En la coyuntura actual, hay una nueva generación de personas defensoras de derechos humanos que están dirigiendo programas de atención y acompañamiento a las víctimas desde sus organizaciones de sociedad civil. La mayoría de estas defensoras son mujeres que no cuentan con un presupuesto básico ni con las condiciones mínimas de seguridad para hacer su trabajo, pero de todas formas lo hacen por su determinación y compromiso.
Parte de su trabajo es documentar, dar seguimiento y presentar recursos legales ante instancias nacionales e internacionales a favor de las personas que han sufrido malos tratos, torturas y capturas arbitrarias en medio del régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y que se ha prorrogado 17 veces seguidas.
En su narrativa oficial, el Gobierno de Bukele ha explicado que el régimen es una estrategia para desarticular a las pandillas, pero en la realidad también ha servido para perseguir y encarcelar a más de 6,400 inocentes que no tienen ninguna vinculación con organizaciones criminales. Bajo el mismo régimen, al menos 174 personas han fallecido en prisión y bajo la custodia del Estado. En algunos de estos casos, las mujeres defensoras y sus organizaciones civiles han logrado demostrar que los cadáveres tenían señales de tortura.
Todo esto a pesar de que El Salvador es firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que entre otras cosas establece que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de tortura”.
Dato
El Salvador ha ratificado la Convención contra la tortura, pero la incumple
¿Qué es?
La Convención contra la Tortura es un tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas en 1984 y ratificado por El Salvador en 1994. Su propósito es prevenir y eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo.
Puntos importantes
Algunos de sus puntos más importantes incluyen:
- Definición de Tortura: La Convención define la “tortura” como cualquier acto por el cual se inflija intencionadamente un dolor o sufrimiento grave, físico o mental, con el propósito de obtener información, castigar o intimidar, o por cualquier motivo basado en la discriminación.
- Prohibición Absoluta: La Convención establece la prohibición absoluta de la tortura en todas las circunstancias. No se pueden justificar situaciones de emergencia, guerra u otras circunstancias especiales como excusas para cometer actos de tortura.
- Responsabilidad del Estado: Los Estados parte de la Convención se comprometen a tomar medidas efectivas para prevenir la tortura en su territorio y a garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción estén protegidas contra la tortura y los malos tratos. En el caso de El Salvador, las situaciones de tortura son perpetradas por agentes de seguridad estatales bajo excusa del régimen de excepción.
- Jurisdicción y Extradición: Los Estados deben establecer su jurisdicción sobre los actos de tortura cometidos en su territorio o por sus nacionales en el extranjero. También deben cooperar en la extradición de personas acusadas de tortura.
- No Devolución (Non-Refoulement): La Convención prohíbe la expulsión, devolución o extradición de una persona a un país donde exista un riesgo sustancial de que sea sometida a tortura.
- Prohibición de Pruebas Obtenidas por Tortura: La Convención establece que ninguna prueba obtenida mediante tortura puede ser admitida como evidencia en ningún proceso legal.
- Mecanismos de Control: La Convención establece un Comité contra la Tortura que supervisa la implementación y el cumplimiento de sus disposiciones por parte de los Estados miembros a través de informes periódicos y mecanismos de revisión.
Defensoras asumen el rol del Estado
En El Salvador, por la negligencia del Estado y porque también es uno de los principales victimarios, las mujeres defensoras de derechos humanos y sus organizaciones de sociedad civil están asumiendo el rol del Estado. Desde sus trincheras denuncian la tortura en todas sus formas y exigen que se garantice la protección de la dignidad humana y se establezcan responsabilidades claras para la prevención y eliminación de la tortura y los malos tratos.
Las torturas que las mujeres defensoras han demostrado que ocurren en el régimen de excepción no paran en los fallecimientos documentados en el interior de las cárceles. También han acompañado víctimas y sus familiares que han sido intimidadas por agentes de seguridad que las han amenazado o incluso infligido daños físicos y psicológicos.
Estos son algunos de los perfiles de esas mujeres que abogan por la dignidad humana de las personas desprotegidas en un El Salvador que otra vez está sumergido en una nueva temporada de graves violaciones a los derechos humanos.
“Una de las poblaciones que más identificaba por la violencia era la juventud. Esa es la población que ha muerto más, que ha participado más en la violencia, pero también ha sido detenida o maltratada por la Policía de manera injusta”.
Verónica Reyna
SSPAS
Verónica Reyna
Verónica Reyna es una psicóloga que ha dedicado sus últimos 14 años a entender el fenómeno de la violencia en El Salvador y acompañar a las víctimas de esa violencia, particularmente a las juventudes y mujeres. La mayor parte de su trabajo ha sido desempeñado en el Servicio Social Pasionista (SSPAS), donde actualmente es la directora del Programa de Derechos Humanos.
Uno de los trabajos más importantes que hace en esa organización es llevar un registro de los casos de detenciones arbitrarias en el régimen de excepción, malos tratos, tortura y posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado. De acuerdo con Reyna, este tipo de registro es imprescindible en un país que ha institucionalizado la ocultación de información y que esconde datos y estadísticas que hace cuatro años eran de acceso público.
Desde la organización que representa, actualmente busca caracterizar y proporcionar información sobre el perfil de las víctimas directas e indirectas del régimen de excepción. Es decir, documenta lo que ocurre a las personas que sufren directamente las violaciones a derechos humanos, pero también registra las afectaciones a sus familiares.
Este tipo de documentación y acompañamiento a las víctimas le ha permitido, según explica, hacer alianzas con otras organizaciones civiles para presentar y denunciar los casos ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana del Sistema de Naciones Unidas (CIDH). Además, esa misma documentación y registro sirve como un archivo que poco a poco adquiere la calidad de “documento histórico” que deja testimonio sobre lo que realmente ocurre en el país, en contraste con la propaganda y narrativa oficial del Gobierno de Bukele.
“Mi labor ha sido tratar de atender a las víctimas del Estado, particularmente de la Policía y de centros penitenciarios. Hemos buscado dar orientación legal y ayuda humanitaria, porque hay muchas familias que se han visto afectadas por la reducción de sus ingresos económicos cuando una de las personas de la familia ha sido detenida. También buscamos dar atención psicológica para que puedan sobrellevar la pérdida o la detención arbitraria”.
“Tanto la guerra como el régimen de excepción va dedicado a la gente pobre, a la gente que tiene menos posibilidades de defenderse y menos posibilidades de ejercer sus derechos”.
Zaira Navas
Cristosal
Zaira Navas
Zaira Navas es una abogada con más de 27 años de experiencia trabajando en la defensa de las personas que han sufrido los abusos del poder. En ese tiempo, sus trincheras han sido en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), fue directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, estuvo en la organización Pro-Búsqueda y también dirigió la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Actualmente se desempeña como jefa de la oficina de Estado de Derecho y Seguridad de la organización civil Cristosal, desde donde enfrenta lo que ella califica como “un régimen autoritario que cierra espacios democráticos que costaron la vida de miles de personas” en el pasado.
Una de las cosas que más le preocupa de los abusos del poder en la actualidad es que “las personas más pobres” son otra vez las más atacadas, tal como ocurrió en las diferentes dictaduras militares de nuestra historia reciente.
Esta violencia institucional en contra de los más pobres, según su análisis, está amarrada con el desmantelamiento de la democracia que se estaba construyendo en El Salvador. Defender esa débil democracia, que apenas estaba naciendo en el país, es parte del deber ético que Navas dice que los defensores deben mantener como parte de su quehacer.
“Quienes ejercemos la defensa de derechos humanos tenemos un deber ético y moral, y es luchar por la defensa de ese estado democrático que estaba en construcción, que era complejo, no cumplido en su totalidad. Siempre demandamos y exigimos que se cumpliera desde los lugares donde estuvimos y ahora nos toca defender lo poco que se había conquistado”, afirma Navas.
Defender a las víctimas de un régimen autoritario y luchar por la institucionalidad del país, de acuerdo con Navas, es el deber que le corresponde en este momento histórico.
“Yo creo que estar en el lugar correcto de la historia es siempre un privilegio y esa oportunidad nos la da el contacto directo con las víctimas”.
“Un Estado comprometido con la población debe abrir espacios de diálogo y en este momento los espacios de diálogo son inexistentes; al contrario, es una cuestión polarizante y divisoria y es triste, porque en realidad debería haber acercamientos y no alejamientos”
Gabriela Santos
Idhuca
Gabriela Santos
La joven abogada Gabriela Santos, de 33 años, es la primera mujer en asumir la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) desde que fue creado en 1985 por el padre jesuita Segundo Montes Mozo, quien fue asesinado junto a otros cinco jesuitas, el ama de llaves y su hija, por el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada en 1989. El padre Segundo Montes fundó el Idhuca con la intención de registrar y documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en medio del conflicto armado salvadoreño, movilizar la opinión pública y organizar una red de solidaridad internacional para las víctimas. Este legado, además del acompañamiento legal, es el que Santos mantiene desde que asumió el cargo en 2022.
Santos se considera una persona apasionada por los derechos humanos y está convencida de que su labor en el Idhuca sigue siendo importante para registrar las violaciones a derechos humanos y acompañar a las víctimas, quienes no solo sufren la represión de la violencia institucional, sino que también han sido abandonadas por las instancias del Estado que deberían protegerlas.
“A pesar de que en este momento no vemos los efectos de la labor que realizamos, porque no hay justicia para las personas que son víctimas actuales, es satisfactorio saber que estamos ahí acompañándolas y que podemos ser altavoces de estas personas que muchas veces tienen miedo, porque obviamente el régimen se va a ensañar con ellas. Entonces, denunciar y decirle al poder lo que está haciendo mal, llena de satisfacción. En unos años, cuando el tiempo pase, los que estamos en esta labor de denuncia vamos a podernos situar del lado correcto de la historia. Entonces, creo yo que el solo hecho de poder trabajar acompañando a personas víctimas debido a violaciones a derechos humanos es una satisfacción en sí misma”, dice Santos.
Asimismo, señala que seguirá ejerciendo su labor a pesar de que el gobierno y las instituciones que controla están criminalizando a los defensores de derechos humanos.
“Sabemos que hay una concentración absoluta del poder, sabemos que no hay ningún tipo de garantías, también sabemos que desde el Estado se está
promoviendo un discurso polarizante, un discurso de división, un discurso que criminaliza la labor de personas defensoras y por lo tanto no hay diálogo con el Estado. Pero nuestro rol va a ser siempre recordarle sus obligaciones y a quién se debe en todo lo que hace”.
“Estamos tomando el papel de la institución realmente, tanto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como el de la primera dama en el CONAPINA, porque no hace nada, los niños están abandonados. A nosotros nos toca ir a los territorios, junto con otras organizaciones y tratar en alguna medida de ayudar aunque sea de manera temporal”.
Ingrid Escobar
Socorro Jurídico
Ingrid Escobar
Ingrid Escobar ha dedicado su vida a participar en diversas organizaciones para procurar un bien común. Desde muy pequeña se involucró en su iglesia y ya más grande, cuando comenzó a trabajar, colaboró en sindicatos. Convertirse en la cara visible de la organización Socorro Jurídico Humanitario y acompañar a las víctimas y familiares de las capturas arbitrarias en medio del régimen de excepción fue algo natural en ella, sobre todo después de enterarse de que sus compañeros sindicalistas fueron detenidos irregularmente y enviados a los centros penitenciarios.
“Yo me uní a Socorro Jurídico Humanitario movida por la captura de mis compañeros sindicalistas; precisamente porque yo los he conocido a lo largo de mi trayectoria sindicalista. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el régimen de excepción no era parcializado, también era para líderes sindicales y personas organizadas”, asegura Escobar.
Luego de comenzar a defender y alzar la voz a favor de los sindicalistas detenidos, Escobar cuenta que cientos de personas comenzaron a llegar a las pequeñas oficinas de Socorro Jurídico pidiendo ayuda y contando una y otra vez la misma historia: En el régimen de excepción, los policías capturaron a un inocente que nunca ha tenido ninguna vinculación con pandillas.
“A esta fecha, en el Socorro Jurídico tenemos, en un año exactamente, 1,376 casos de personas capturadas de manera arbitraria. De esos, más de mil ya tienen 16 meses sin derecho a un juicio justo, sin presunción de inocencia. Ya tenemos más de 300 denuncias de fallecidos en centros penales; 170 de estos han sido confirmados por Socorro Jurídico. Uno de ellos es uno de mis compañeros sindicalistas. Es algo que yo creo que me ha marcado para siempre y que creo que es lo que más me convence a mí que tengo que luchar por la justicia”, afirma.
Escobar relata que el Socorro Jurídico está inspirado en lo que el padre jesuita, Segundo Montes, hizo en su momento: Documentar los casos de violaciones a derechos humanos y acompañar a las víctimas que están abandonadas por el Estado.
Hacerlo no es fácil. El Socorro Jurídico no tiene el presupuesto necesario para atender y acompañar todos los casos que ha registrado. De hecho, Escobar y algunos de sus compañeros tienen sus trabajos aparte y solamente pueden dedicar su tiempo libre al acompañamiento de las víctimas. Aun así, sin los recursos económicos y sin el personal necesario, cubren lo que el Estado ha dejado de cubrir.
“Estamos decididos y determinados (a seguir con la defensa de los derechos humanos) incluso a pagar un precio de cárcel, porque aquí por cualquier cosa lo meten preso”.
