Foto/Emerson Flores
Medidas económicas del gobierno son paliativas ante la magnitud de la crisis
Entre las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para hacer frente al aumento de precios están la eliminación del pago de aranceles a 49 productos que importa el país, durante un año; sin embargo, muchos de estos productos ya tenían tasa cero, como parte de los tratados comerciales. Además, economistas consultados por GatoEncerrado sostuvieron que las medidas son paliativas y señalaron la necesidad de establecer un plan integral con medidas de corto, mediano y largo plazo, que pongan énfasis en los sectores más vulnerables de la población.
Por Xenia Oliva
Durante las últimas semanas, el gobierno a través de la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas para atender el acelerado incremento de precios de bienes y servicios en el país, ante la crisis económica por la guerra Rusia-Ucrania y la pandemia COVID-19. Entre estas medidas se incluyeron la eliminación temporal de impuestos al precio de la gasolina, exoneraciones de IVA en compras gubernamentales y la creación de la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2023.
Esta última ley contempla la modificación del Arancel Centroamericano de Importación para dejar una tasa cero como Derecho Arancelario a la Importación (DAI) de 49 productos. ¿Cómo funciona? Dependiendo del producto, el DAI puede ser del 0 % al 40 %. Este se calcula sumando el costo del artículo, más el costo de envío o el costo del flete, y este total se multiplica por el porcentaje de impuestos correspondiente al tipo de productos a importar.
La ley indica que su objetivo es el de “asegurar a la población el abastecimiento de productos de la canasta básica por medio de medidas urgentes y de carácter temporal; así como, reducir los costos en la importación de insumos para la producción agrícola”.
Sin embargo, al consultar con economistas y revisar los códigos arancelarios y sus respectivos DAI, se constata que muchos de estos productos ya contaban con una tasa cero, por los tratados comerciales. Los expertos además sostienen que se trata de medidas paliativas y se requiere un plan integral con medidas de corto, mediano y largo plazo.
A primera vista, al comparar los precios del DAI de acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano, con fecha de 1 de enero de 2022, parece que la medida es positiva, porque hay productos, como los lácteos, los tipos de arroz y azúcar, que tienen un DAI de 40. Pero, al ir a la página de importaciones del Banco Central de Reserva (BCR) y revisar cada uno de los rubros de los 49 productos enlistados en la ley, se observa que la mayoría de estos productos son importados de Centroamérica, o de México y Estados Unidos, países con los que ya se tienen tratados de libre comercio y que, por lo tanto, no pagaban DAI.
Por ejemplo, en el caso del maíz, que es uno de los principales productos que se importan al país. En 2021 se importó un total de 606.8 millones de kilogramos. De estos, 565.5 millones fueron importados desde Estados Unidos, con el que desde 2006 se tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), por un valor de $168.6 millones. El resto provenía también de Guatemala y México.
Entre enero y febrero de 2022, se habían importado 142.7 millones de kilogramos de maíz. Nuevamente, el principal país de origen era Estados Unidos, desde donde se habían importado 142 millones de kilogramos a El Salvador.
En el caso de la leche, para 2021, el valor de lo importado fue de $24 millones. De estos, $20 millones se importaron de Costa Rica, el resto era de Guatemala, Nicaragua y Honduras. Todos países de Centroamérica.
En el caso de los tomates, el valor total de lo importado para 2021 fue de $18.6 millones. Este monto se dividió entre $8.7 millones desde Guatemala, $9.5 millones de Honduras y $0.4 millones de Nicaragua.
Para las cebollas fue similar, los principales países de importación fueron Guatemala y México, aunque también se importaron de China.
El principal país de importación de plátanos ha sido Guatemala. Esta constancia se ha mantenido desde 2012.
En el caso del arroz, en 2021 se importaron 94.6 millones de kilogramos. La mayoría provino de Estados Unidos, desde donde se importaron 80.5 millones de kilogramos.
El año pasado también se importaron 15.8 millones de kilogramos de harina, de estos 12.2 millones provenían de Honduras, el resto de Guatemala y Nicaragua.
“Se podría pensar que esto reducirá inmediatamente el costo de adquisición de estos productos. Sin embargo, el impacto de esta medida es cuestionable”, sostuvo Carlos Argueta, economista con especialización en estadística. Reiteró que, si parte de estos productos no pagaban previamente algún arancel de importación, la medida no se traducirá en un alivio al bolsillo de los hogares salvadoreños.
Para Lourdes Molina, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), al analizar la medida se debe tener en mente que varios de los productos ya estaban libres del pago de aranceles, como es el caso de las hortalizas, que la mayoría de las que llegan a El Salvador provienen de países del resto de Centroamérica, con los que hay tratados de libre comercio vigentes. La medida dependerá de si se comienza a diversificar los países de donde se importan los productos.
“Otro elemento que se debe tener en consideración es que el efecto será retardado, no será una mejora inmediata en el poder adquisitivo de la población. Para que llegue al consumidor final va a demorar más, no va a ser un efecto inmediato”, dijo Molina.
Para poder conocer los impactos de la medida se necesita de más información, agregó Molina, por ejemplo, saber cuál es la recaudación específica de cada uno de esos productos y cuánto representa en la recaudación de El Salvador.
El economista José Luis Magaña explicó que el hecho de disminuir los costos de importación no necesariamente se podría traducir en una reducción de costos al consumidor final, porque no se debe olvidar que hay diversos intermediarios antes de que el producto llegue al consumidor final.
Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Exportadores (Coexport), reiteró que hay una lista de productos que se importan sin arancel, pero dijo que “aquí lo se está haciendo es previendo que no haya un desabastecimiento” porque “no hay peor cosa que no tener los insumos necesarios para producir”.
“Si hay escasez de algunos países, por ejemplo de la región o de países que normalmente los estamos trayendo sin arancel, probablemente, se va a tener que buscar en otros mercados, que eso es lo que se está previendo, y se está abriendo que esos productos entren con cero”, dijo en una entrevista televisiva.
Riesgo a la producción nacional
Argueta también señaló que se deben evaluar las implicaciones de llevar a tasa cero el DAI de otros productos que sí tienen un DAI superior a 0, porque podría afectar la producción nacional.
“Al reducir los aranceles de algunos productos importados, los productores nacionales podrían entrar en desventaja competitiva, lo que podría provocar pérdidas de cuotas de mercado y desestimular la producción nacional”, dijo Argueta.
Magaña expuso que, anteriormente, durante las discusiones que se dieron para firmar un acuerdo con la Unión Europea los productores locales de maíz lucharon para que no se estableciera un arancel de importación a cero de primas a primera, sino que se dejara un calendario para hacerlo de forma paulatina.
Magaña señaló que esta lucha que hicieron para proteger la producción local de maíz ha quedado de lado, y que es un ejemplo de los desequilibrios que se pueden ir dando.
“El tema de los aranceles y las facilidades de importación han sido todo un tema en el sector productivo nacional porque significa facilitar las condiciones de entrada a productos extranjeros, que muchas veces se hace en condiciones mucho más favorables que en el país, en otros países hay industrias subsidiadas por el Estado; por lo tanto, pueden ofrecer precios más bajos, y vienen a competir en esas condiciones con el productor local”, dijo Magaña.
Añadió que, si la medida no se maneja adecuadamente, “puede ser a costa de los productores y productoras locales”.
Permisos exprés
Otro de los puntos que establece la ley, en el artículo 3, es que para los 49 productos no se requerirá la presentación de permisos previos a la importación emitidos por las autoridades nacionales competentes. Los interesados en importar deberán presentar la documentación aduanera requerida para el régimen de importación definitiva, la información relacionada con la inocuidad y calidad de los productos extendida por las autoridades del país exportador.
“El interesado deberá presentar ante la autoridad aduanera una declaración jurada en la que consigne que el producto cumple con los requisitos de inocuidad y calidad que establece la legislación salvadoreña”, estableció la ley.
Magaña sostuvo que el tema de condiciones sanitarias y fitosanitarias siempre ha sido complejo y que lo establecido por la ley significa que El Salvador confía en los estándares del país exportador.
Para Argueta el espíritu de este artículo es el de agilizar la importación de productos.
“Esperemos que esto no se traduzca en una pérdida de calidad de los productos que se importan. Si bien la ley establece que esta medida aplica para países con condiciones fitosanitarias igual o superiores a las de El Salvador, será necesario que se establezcan medidas más puntuales para verificar que la calidad de los productos se mantiene”, dijo Argueta.
Molina sostuvo que en las medidas también se está dejando fuera temas que deberían discutirse desde las políticas públicas, como garantizar a los hogares en pobreza en El Salvador un ingreso mínimo que les permita cubrir los costos de la canasta básica. La economista recordó que desde antes de la crisis ya había familias que ya tenían dificultades para cubrir los costos de la canasta básica y que ahora, con el incremento de precios, están en condiciones más vulnerables.
“Se tiene que tener muy presente que las medidas tienen carácter paliativo, ahorita no estamos hablando de medidas de carácter estructural”, dijo Molina.
El Salvador ante la tasa de inflación más alta
El Índice General de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que se construye a partir del monitoreo de productos y su precio. El índice actual tiene como precio de referencia los precios de diciembre 2009 quedando como base 100.
Por ejemplo, para febrero 2022 el IPC para el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 134.76, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central de Reserva (BCR), quiere decir que para comprar lo mismo que se compraba con 100 en 2009 ahora es necesario 134.76.
Al dato de la variación que tiene el índice es a lo que tradicionalmente se le conoce como inflación. Para febrero 2022, esta ha llegado a ser de 6.67 %, una tasa de inflación con alza de precios casi histórica para esta década, ya que desde mayo y agosto de 2011 no se vivía una situación similar.
La inflación más alta registrada en El Salvador ocurrió en agosto de 2011 cuando se llegó a un 6.82 %. En mayo de ese mismo año fue de 6.7 %.
Actualmente, se pasó de tener una tasa de inflación del 0.31 % en enero de 2021 a 6.48 % en enero 2022 y 6.67 % en febrero pasado, según los datos del BCR.
Magaña recordó que para 2011, el mundo había pasado por una crisis financiera global desde 2008, pero ya se estaba superando para entonces. “Nos cayó la colita”, explicó.
En cambio, en la actualidad el mundo todavía se encuentra en medio de una ola de crisis económica que comenzó en el segundo semestre del 2021, y que, dependiendo del conflicto entre Rusia y Ucrania, podría extenderse un poco más, consideró Magaña.
En El Salvador, el aumento de la inflación ha impactado principalmente en los precios del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir la canasta básica, que llegó a ser de 9.45 % en febrero 2022. En febrero de 2021 este era de 0.73 %.
Son los precios más altos en una década, desde 2011.
Molina explicó que lo que se está viviendo actualmente es un “proceso inflacionario”; es decir, un proceso en el cual los precios aumentan de manera generalizada y sostenida en la economía. Expuso que es difícil poder determinar cuánto va a durar el proceso porque en el caso de El Salvador, las causas de la inflación están vinculadas principalmente a variables externas, que están fuera del control del país.
Por ello Argueta consideró que la eficiencia del tipo de medidas se puede ver mermada por la dependencia que los países tienen del sector externo y la capacidad de producir internamente alimentos y otros bienes para el consumo nacional.
“Es posible que la reducción de aranceles no se termine de traducir en controlar la espiral inflacionaria de los bienes de consumo”, dijo Argueta. Agregó que al tomar en cuenta que las expectativas inflacionarias mundiales se mantienen para los próximos meses, se tendrá que evaluar tanto el impacto de las medidas en los precios de los bienes y servicios, así como en la capacidad de los gobiernos de mantenerlas, pues implican ingresos dejados de percibir.
Para Molina es importante que se le dé un seguimiento al comportamiento de la inflación. “Porque si se combina inflación con un estancamiento de la economía y además un aumento del desempleo, lo que podríamos experimentar en el país no es solo inflación sino de un proceso que se conoce como estanflación. Si se presenta este fenómeno en la economía salvadoreña requerirá que el gobierno implemente políticas públicas que permitan minimizar sus impactos sobre el bienestar de la población salvadoreña”, dijo Molina.
Medidas insuficientes ante nivel de crisis
Pese a que el gobierno y los diputados de la Asamblea Legislativa celebran la aprobación de estas medidas, señalando que se está respondiendo a la crisis mundial y dando un alivio a las familias salvadoreñas, el economista sénior del ICEFI, Ricardo Castaneda, reiteró que son paliativas y su efecto se puede difuminar rápidamente si las proyecciones del precio de los combustibles se mantienen.
“La expectativa es que vayan creciendo, y si a las personas no se les aumentan sus ingresos hay un efecto en el que se les reduce el poder adquisitivo y esto a su vez aumenta pobreza, inseguridad alimentaria y desigualdad”, dijo Castaneda.
Además, Magaña señaló que hace falta ver un balance compensatorio de las medidas, por ejemplo, a partir de los impuestos como el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE), es que el país obtiene fondos para mantener el subsidio al gas. Magaña dijo que por el momento no se ha explicado bien cuál será la estrategia de financiamiento alternativa.
Molina coincidió en que las medidas no son suficientes y que, en el caso de los combustibles, se debe tener en cuenta el costo fiscal de las medidas en las finanzas públicas.
“Lo que se debería esperar en una buena práctica de implementación de políticas públicas, que las autoridades al momento de presentar la medida también hubiesen presentado cuáles serían las implicaciones e impactos que se van a derivar de la implementación”, dijo.
La economista insistió en que las medidas no tienen un carácter estructural ya que se está dejando por fuera temas a los que se debería prestar atención, por ejemplo, cómo garantizar a las personas y hogares en situación de pobreza un ingreso mínimo que les permita subsistir.
Castaneda dijo que por eso es importante establecer un plan económico integral con medidas de corto y mediano plazo. Expuso como ejemplo una familia en la zona rural que no tiene vehículo y no usa cocina de gas, no será beneficiada directamente por la mayoría de las medidas. “Estos hogares, que son los más necesitados, se necesitan programas de transferencia a los grupos más vulnerables”.
