Bitácora del régimen | Día 10

Asamblea impone hasta 15 años de prisión por transmitir mensajes relacionados a pandillas

Fotografía /Emerson Flores

Por Xenia Oliva

Los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa aprobaron, de nuevo de forma exprés y sin análisis, dos iniciativas de reformas y una ley para utilizar los bienes de pandillas enviadas por el presidente de la República, Nayib Bukele.

La reforma más controversial ha sido la de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal que prohíbe a los medios de comunicación reproducir y transmitir mensajes o comunicados presuntamente generados por grupos delincuenciales.

“De igual manera queda prohibido a los medios de comunicación, radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”, se plasmó en la ley, la cual entró en vigencia este 6 de abril. 

La reforma también contempla que serán ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada, que transmitan mensajes relacionados a asociaciones criminales. Sobre todo si su fin es el de señalar el control de un territorio o emitir amenazas.

La Asamblea también incorporó un artículo 345-C al Código Penal para castigar con 10 a 15 años de prisión a quien elabore, reproduzca y transmita mensajes que hagan alusión a las pandillas, incluido medios de comunicación.

Al mismo tiempo el portavoz hizo un llamado al Gobierno de El Salvador para que considere la forma en cómo está implementando las medidas de seguridad y que levante el estado de excepción en cuando lo permita la situación. Además, señaló que se deben respetar los derechos humanos de todos los salvadoreños.

Por otra parte, la PDDH y Amnistía Internacional se pronuncian por reformas que ponen en riesgo la libertad de prensa.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, compartió un comunicado en el que reaccionaba a la reforma a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal que contempla como delito que los medios de comunicación den a conocer sobre los mensajes o comunicados relacionados a pandillas.

Aunque la PDDH consideró necesarias “las reformas legales que brinden más herramientas a las autoridades para la investigación”, también señaló que establecer sanciones penales para los medios de comunicación “podría constituir una afectación a la libertad de expresión, al trabajo de la prensa y el derecho que tiene la población de recibir la información”.

En su comunicado a la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad,  Gustavo Villatoro, expuso que el objetivo es el de: “ampliar el catálogo de delitos cometidos por todos los miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las maras o pandillas, con la finalidad de reprimir y disuadir al individuo de que utilice ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión, ya que actualmente las estructuras terroristas denominadas maras o pandillas, con el objetivo de ejercer un control territorial usan técnicas de lenguaje por medio del grafiti, textos, pinturas, diseños, dibujos”.

El alcance de a quiénes el ministro se refiere como “apologistas” no queda claro. Sin embargo, durante los días en los que ha estado activo el régimen de excepción, tanto Bukele como otros funcionarios han relacionado a defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales y medios independientes como “socios de pandillas”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó las enmiendas como “reformas mordaza” ya que amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre casos relacionados a pandillas.

“Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer”, publicó la APES.

José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch, consideró que las reformas buscan una autocensura. “Si las pandillas revelan pactos o negociaciones clandestinas con el gobierno de turno y los medios lo publican, ¿arriesgan años en prisión simplemente por informar? Lo que se quiere es la autocensura. Vivimos en el reino de populistas autoritarios y populares. Una desgracia”, publicó”.

La Asamblea Legislativa también aprobó la Ley especial para la disposición y utilización de los bienes, dineros, valores y activos incautados a las estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico que dará permiso a la Policía, Fiscalía y Defensa Nacional de usar bienes, equipo, armamento o dinero incautado.

 ONU emite su preocupación por situación en El Salvador

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expuso su preocupación por el uso “innecesario y excesivo” de la fuerza por parte de los cuerpos policiales.

“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó la portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet, Liz Throssell.

Señaló cómo muchas detenciones se han hecho sin orden de arresto y sometiendo a las personas detenidas a tratos degradantes.

Durante la madrugada, Bukele publicó que en 11 días, 10 días del régimen, llevan 6,894 personas detenidas.

“Además del estado de excepción, nos preocupan profundamente ciertas modificaciones del derecho y del proceso penal. Éstas plantean serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, por su imposición de elevadas condenas, incluidas las relativas a los niños, unidas a un deterioro de las garantías del debido proceso”, comunicó Throssell.

Expuso que la ONU reconoce los desafíos que provoca la violencia de las pandillas en El Salvador, pero los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos.

Organizaciones civiles denuncian abuso de autoridad

Las organizaciones civiles Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Asociación Azul Originario (AZO) presentaron un reporte de 26 denuncias por abuso de autoridad, durante el régimen de excepción.

Según sus reportes, los abusos han sido cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (Faes). Entre ellos hay tres víctimas de lesiones y hubo seis denuncias por intimidaciones. 

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