En su comunicado a la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad,  Gustavo Villatoro, expuso que el objetivo es el de: “ampliar el catálogo de delitos cometidos por todos los miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las maras o pandillas, con la finalidad de reprimir y disuadir al individuo de que utilice ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión, ya que actualmente las estructuras terroristas denominadas maras o pandillas, con el objetivo de ejercer un control territorial usan técnicas de lenguaje por medio del grafiti, textos, pinturas, diseños, dibujos”.

El alcance de a quiénes el ministro se refiere como “apologistas” no queda claro. Sin embargo, durante los días en los que ha estado activo el régimen de excepción, tanto Bukele como otros funcionarios han relacionado a defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales y medios independientes como “socios de pandillas”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó las enmiendas como “reformas mordaza” ya que amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre casos relacionados a pandillas.

“Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer”, publicó la APES.

José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch, consideró que las reformas buscan una autocensura. “Si las pandillas revelan pactos o negociaciones clandestinas con el gobierno de turno y los medios lo publican, ¿arriesgan años en prisión simplemente por informar? Lo que se quiere es la autocensura. Vivimos en el reino de populistas autoritarios y populares. Una desgracia”, publicó”.

La Asamblea Legislativa también aprobó la Ley especial para la disposición y utilización de los bienes, dineros, valores y activos incautados a las estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico que dará permiso a la Policía, Fiscalía y Defensa Nacional de usar bienes, equipo, armamento o dinero incautado.

 ONU emite su preocupación por situación en El Salvador

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expuso su preocupación por el uso “innecesario y excesivo” de la fuerza por parte de los cuerpos policiales.

“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó la portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet, Liz Throssell.