Ilustración/Leonel Pacas

Gobierno salvadoreño desconoce el estado de vacunación de los pueblos indígenas contra COVID-19

El Ministerio de Salud no tiene interés en saber si la vacunación para COVID-19 ha llegado a los pueblos indígenas. No lleva un registro diferenciado ni ha adaptado sus campañas de comunicación a estos sectores. Es más, representantes de las comunidades indígenas han desmentido que se haya puesto en marcha el Plan Nacional de Salud de Pueblos Indígenas. 

Por Mario Beltrán*

Por Mario Beltrán*

Francisco Pulque Morán, o el tata Pulque como se le conoce en su comunidad, es un respetado abuelo nahua-pipil de 70 años, de ojos cansados y lento andar que malabarea a diario entre los cultivos domésticos de frutas, hortalizas y granos básicos, y la defensa de los derechos de sus hermanas y hermanos en Sisimitepec, un pequeño caserío de origen indígena con poco más de cuatro mil habitantes, enquistado en las montañas tropicales de Nahuizalco, Sonsonate, al occidente de El Salvador.

En los últimos años, el tata Pulque ha tenido que lidiar con empresas hidroeléctricas que amenazan al “abuelo” río Sensunapán que atraviesa Sisimitepec; también ha enfrentado la marginación y los eternos menosprecios gubernamentales a sus sitios sagrados y su cultura ancestral. Y, últimamente, este abuelo de cabello cano y piel morena también ha enfrentado, junto a sus hermanos y hermanas indígenas, la cruel pandemia de covid-19.

Es un sobreviviente en todo sentido. Sobrevivió al coronavirus, pero también a los mensajes alarmistas de un gobierno que no aplicó una política nacional de salud para pueblos indígenas, que en teoría existe. El sistema de salud no los reconoce como un sector de la población que necesita informaciones y orientaciones adaptadas a su contexto para prevenir el virus. Por eso, el tata Pulque no se ha vacunado, y asegura que no lo hará.

Se acomoda su gorra, toma una bocanada de aire y su mirada se pierde en el recuerdo del tono alarmante con el que el gobierno daba noticias sobre la pandemia en los primeros días de la cuarentena, en 2020.

“Al principio la principal dificultad fue encerrarnos. Para mí fue fuerte porque ya estaba acostumbrado a salir. Nosotros sobrevivimos de los cultivos, salir a vender al mercado (…) Nos dijeron que era de muerte”, relata el tata. Pero al pasar los días, él y su familia asumieron que enfermarse de covid-19 era igual que adquirir cualquier otra enfermedad, que incluso, podían tratarse con la medicina ancestral.

Pulque es tajante al decirlo. Su decisión de no vacunarse se sustenta en dos experiencias negativas que marcaron a su familia. Su hermana mayor, de 74 años, perdió la vista once días después de colocarse la segunda dosis de su esquema de vacunación a finales de mayo de 2021. Por esas fechas, el tata Pulque perdió a un primo de 75 años, a causa de un infarto. Recuerda que su primo era un hombre muy sano y que su fallecimiento ocurrió a la semana de haber recibido la segunda dosis. Ahora toda la familia relaciona la muerte y la ceguera con la vacuna anticovid.

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El Minsal estableció en junio de 2018 la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas, un compendio de 38 páginas que establece, entre otras cosas, un plan de acción que atienda la salud de este sector, incluyendo una visión intercultural y de respeto a sus saberes ancestrales, como la medicina tradicional indígena, así como el respeto a su identidad cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad como lo reconoce el artículo 63 de la Constitución salvadoreña.

Para la elaboración de este plan se consultó a representantes y líderes indígenas del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), Fundación Feliciano Ama, y Coordinadora Nacional de Pueblos Originarios de El Salvador (CNPOES). Sin embargo, miembros del CCNIS afirman que en lo que va del gobierno Bukele, esta administración no se ha reunido ni con ellos, ni con otras organizaciones indígenas.

Jesús Amadeo es asesor jurídico del CCNIS y miembro del pueblo Lenca. Afirma que “la última reunión que se tuvo fue en los gobiernos anteriores, ninguna institución (de este gobierno) ha tenido acercamiento no solo con el CCNIS sino con ninguna de las organizaciones indígenas. Algunas veces que hemos platicado nos dicen que ellos van a trabajar directamente con las comunidades y no con estructuras organizativas. Eso es violentar el derecho mismo que tienen los pueblos indígenas a tener su propia autodeterminación y sus organizaciones propias”. 

Para 2020, año pandémico, los pueblos indígenas esperaban que el Minsal pusiera en marcha dicha política. Sin embargo, CCNIS presentó, en mayo de ese año al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas un informe que reveló la fragilidad y exclusión de los servicios de salud y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante este tipo de enfermedad. El informe también detalla que las iniciativas generadas en las comunidades indígenas se hicieron “sin apoyo de entidades locales o nacionales aun habiendo realizado las gestiones pertinentes”.

Miembros de pueblos indígenas esperan que se garantice la promoción y resguardo de la medicina ancestral. Foto/Emerson Flores

Betty Pérez Valiente es de Atiquizaya, al occidente salvadoreño. Betty es parte de la Red Nacional de Mujeres Indígenas y de CCNIS. Ella afirma que la Política Nacional de Salud de pueblos indígenas fue elaborada bajo un proceso amplio de consulta y de participación plena y efectiva de las organizaciones indígenas Kakoawira, Lenca y Nahua Pipiles. No obstante, asegura que, si bien saben que existe una Oficina de Atención a Pueblos Indígenas en el Ministerio de Salud, desconocen cuál es su plan de trabajo ni qué actividades está por realizar.

“Hay un comité nacional impulsor de la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas, en el cual nos reuníamos para todo lo que tenía que ver con la elaboración y diseño de esta política. Pero ya no nos han vuelto a llamar, y no hemos hecho actividades en el marco de la implementación de la Política Nacional de Salud”, dice Betty Pérez.

Esta revista solicitó al Minsal por medio del portal de acceso a la información pública, un informe de avances y seguimiento de la ejecución de dicha Política de Salud.

“Al respecto, se encuentra en ejecución, por ende, son informes pendientes”, fue la escueta respuesta del Minsal.

El Banco Mundial, 50 millones y una consulta de trámite

En marzo de 2021, el Banco Mundial aprobó un préstamo para la respuesta de emergencia de El Salvador ante la covid-19 y el Financiamiento Adicional (FA) de vacunas por un monto de $50 millones de dólares pagaderos en 18 años.

Este préstamo se otorga en el marco de estándares ambientales y sociales, cuyos requisitos implican que el ejecutor del proyecto (el Minsal) debe y escuchar a partes interesadas como población LGBTIQ+, adultos mayores y pueblos indígenas, entre otros.

Por ello el Minsal creó el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) en el que se establece, entre otras cosas, que deberá consultar propuestas que beneficien a estos sectores, así como coordinar campañas informativas y de comunicación en torno a la covid-19.

 La Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas de Minsal reconoce en su formulación que las zonas con presencia indígena suelen carecer de recursos y sufrir grandes brechas de desigualdad en el acceso a los servicios básicos. Asimismo, reconoce la potencial vulnerabilidad que implicaría “no proporcionar información oportuna sobre la enfermedad de covid-19, en sus idiomas”, según se señaló en la consulta externa con representantes de CCNIS. Asimismo, se subrayó la necesidad de habilitar facilitadores interculturales que permitan una mejor comprensión de las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia. Se hizo énfasis en que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta “los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales”, según expresa el Minsal en el PPPI.

El CCNIS expuso sus necesidades en las consultas realizadas para la creación del PPPI. Necesidades que tienen que ver con el acceso a la salud de sus comunidades, citando, por ejemplo, que no hay oxígeno en las ambulancias o falta combustible para transportar a enfermos, incluidos los de covid-19. Además, plantean que se tiene poca información sobre el virus en las comunidades indígenas y que en este punto se observa “mal uso” de los recursos en propaganda política en medios de comunicación. 

El CCNIS también señaló que las campañas de comunicación y educación necesitan tener un enfoque inclusivo hacia las poblaciones indígenas; y que no se cuenta y se necesita información desagregada de la población indígena, para determinar si son atendidas en el Sistema de Salud, sin discriminación. El sistema de salud no cuenta con ello.

El Minsal, en su PPPI, asume la responsabilidad de mantener una comunicación de educación y sensibilización con contenido apropiado y culturalmente sensible para poblaciones vulnerables, incluyendo pueblos indígenas, a fin de aumentar la comprensión sobre los riesgos e impactos de covid-19. No obstante, representantes del CCNIS aseguran que no han vuelto a saber nada sobre este PPPI ni sobre la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas.

GatoEncerrado solicitó al Minsal información sobre los aspectos de comunicación de su campaña de vacunación contra covid-19, para conocer si habían sido adaptados a pueblos indígenas.

“Al tratarse del abordaje de una pandemia de alcance mundial, la estrategia de vacunación se motivó a nivel nacional y por grupos etarios, es decir, por edades; y por ende lo requerido es inexistente porque se insiste la estrategia de comunicación no fue dirigida a sectores específicos”, respondió el Minsal.

El Minsal también aseguró en sus respuestas que no segregan datos sobre personas de pueblos indígenas vacunados o contagiados; y respecto de los avances del desarrollo del Plan Nacional de Salud de pueblos indígenas, asegura que “se encuentra en ejecución y, por ende, son informes pendientes”.

Esta cartera de Estado afirma además que se ha sensibilizado a 90 prestadores de servicios de salud en enfoque intercultural como lo establece la mencionada política.

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El tata Pulque dice que el Minsal no ha llegado a informar. Asegura que tampoco han tenido campañas sobre la vacunación, y que los promotores comunitarios de salud rara vez se acercan a Sisimitepec.

Pulque sostiene que los medios estatales, y principalmente el presidente Bukele, lejos de informar responsablemente, se dedicó, durante la pandemia, a alarmar y a mentir, pues considera que los datos estadísticos de la enfermedad no son reales. Pulque relata que se informa más por la televisión, pero no sigue medios afines al presidente pues desconfía de la información.

Él, junto a otros líderes comunitarios, motiva a su comunidad a usar medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, así como remedios de medicina ancestral. Informa de ello los domingos, cuando la mayor parte de la comunidad está en sus hogares o visita la iglesia.  Algunos líderes comunales todavía desconfían de la vacuna y consideran que se trata de una estrategia política mundial para deshacerse de adultos mayores en el mundo.

La medicina ancestral es la base de todo

La Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas establece que se debe ““Promover el conocimiento de la cosmovisión ancestral de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional de Salud, incorporando sus conocimientos y saberes, tomando en cuenta el marco jurídico nacional e internacional sobre derechos de Pueblos Indígenas”.

El tata Pulque probablemente tuvo covid-19 pero no lo confirmó con una prueba. Perdió el olfato y el sentido del gusto.

“Yo me metí en la mente que no me iba a hacer nada. Yo sólo comencé a tratarme con las medicinas ancestrales que me transmitieron, que me enseñaron mis abuelos, cómo tratar una gripe, una tos, como otras enfermedades. Tenemos las recetas en la mente y algunas las tenemos escritas. Cualquier otra enfermedad, igual, medicina ancestral. Yo luché psicológicamente”, relata el tata Pulque.

Para Betty Pérez Valiente, es necesario registrar, sistematizar y promover los conocimientos y saberes ancestrales indígenas, buscando evitar que estas prácticas se puedan relacionar con la charlatanería. 

“Si se sigue discriminando, si se sigue viendo mal todo lo que son estos conocimientos que los llevan a la práctica nuestros sabios y sabias que son por lo general, nuestras y nuestros mayores, ya no se van a seguir promoviendo por el temor, por pena por miedo o por prohibición”, dice Betty Pérez.

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El tata Pulque cruza una pierna sobre la otra, sentado, se quita su gorra y reflexiona con una petición: No somos visitados ni por los promotores de salud cercanos. Quiere decir que es un tipo de discriminación callada ‘hay que vean cómo salen, para qué ir a verlos’. Esa es la forma que más duele. No queremos decir que no tenemos necesidad del Ministerio de Salud, sí tenemos necesidades y tenemos derecho a que se nos visite para saber cómo estamos”, dice el tata Pulque.

Añade que otra de las maneras en las que se sienten discriminados es en las clínicas cercanas a su comunidad en donde personas de pueblos indígenas llegan y lo hacen esperar toda una mañana o le piden que llegue en la tarde. Dice que el personal de salud sabe que es prohibido discriminar de hecho o palabra, pero lo hacen de varias maneras. 

*Con reportes de Neyda Padilla

Este reportaje, editado por Sancho Más, que forma parte del especial Los que no se vacunan en Centroamérica y México, impulsado por medios integrantes de la alianza Otras Miradas. Participan en el especial: Agencia Ocote, Chiapas Paralelo, Radio Progreso, La Voz de GuanacasteDivergentes y GatoEncerrado.

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