Foto/Marvin Díaz
Inmobiliaria Fénix obtiene permiso ambiental tras señalamientos de extraer el agua de comunidades en Ahuachapán
El Ministerio de Medio Ambiente otorgó el permiso ambiental de “ubicación y construcción” a la inmobiliaria Fénix para su proyecto “Residencial Eco-Terra” en Ahuachapán. Eso, a pesar de que la empresa extrajo agua sin los permisos correspondientes, según denunciaron habitantes de las comunidades de la Hacienda La Labor y según constataron ANDA y el mismo ministerio en una inspección. Los habitantes de la zona temen que la urbanización los deje sin agua para sus necesidades básicas, como sucedió en octubre de 2021, cuando Fénix extrajo agua de un pozo.
Por Marvin Díaz
Ezequiel Barrera
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) resolvió que el proyecto urbanístico de la inmobiliaria Fénix S.A de C.V., conocido como “la residencial Eco-Terra Hacienda”, en Ahuachapán, al occidente del país, cumple con los requisitos para obtener el permiso ambiental de “ubicación y construcción”. Eso, a pesar de que fue calificado inicialmente por la misma institución como un “proyecto con impacto ambiental potencial moderado o alto” y después de que líderes comunitarios denunciaron públicamente que la constructora estaba extrayendo ilegalmente el agua que abastece a comunidades y familias de la Hacienda La Labor.
La resolución, con código de referencia MARN-NFA769-2020-R-261-2022 y firmada por el ministro Fernando López Larreynaga, detalla que el proyecto se ejecutará en una sola etapa por un periodo de dos años, en un terreno con una extensión de 314,495.93 metros cuadrados, donde se desarrollarán 32 polígonos que distribuirán 1,776 lotes en los que se construirán viviendas y sus respectivas áreas verdes recreativas, áreas verdes ecológicas, área de equipamiento social y área de circulación. En otras palabras, es una zona de construcción en la que puede caber casi cuatro veces el área total del centro comercial Metrocentro de San Salvador.
El documento advierte al representante legal de Fénix, Rodolfo Joaquín Recinos de León, que este permiso ambiental no le otorga el derecho de construir inmediatamente, sino hasta que consiga todos los demás permisos correspondientes. La resolución también detalla que el ministerio recibió una fianza de Cumplimiento Ambiental de $32,455 por un plazo de tres años hasta el 11 de marzo de 2025, periodo establecido para asegurar la ejecución de las medidas ambientales. Además, por las afectaciones ambientales en el suelo, agua y paisaje, la empresa pagará $613,821.91 dólares en concepto de compensación ambiental. Dicha compensación será transferida al Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES).
En el anexo de la resolución, denominado “Dictamen técnico para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto”, se detalla que para la fase de construcción se utilizarán pipas que se abastecerán del agua potable del proyecto Ciudad Real de la empresa Salazar Romero. Luego, cuando el proyecto ya esté construido, se perforará un pozo que ya cuenta con una “carta de no afectación” emitida por Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) el 24 de enero de 2020, con número de referencia CNA011.2020.
Con ese pozo, que en teoría estará listo en la etapa de funcionamiento del proyecto, se extraerá hasta un máximo de 33.85 litros de agua por segundo, con un bombeo de 20 horas al día. Al mes, la empresa estaría explotando un caudal máximo de 73,116 metros cúbicos de agua. En otras palabras, el proyecto urbanístico tendría una cantidad de 877,392 metros cúbicos de agua al año.
De acuerdo con lo expuesto por la empresa y el dictamen técnico para la aprobación del permiso, toda esa enorme extracción de agua para las nuevas viviendas, no disminuirá la cantidad de agua que necesitan las comunidades y familias de la Hacienda La Labor para sus necesidades básicas.
“Se considera que el aprovechamiento del recurso de agua subterránea a extraer para el Proyecto a través de la perforación de un pozo, teóricamente no evidencia afectación negativa al acuífero”, se lee en el documento, en las páginas 10 y 11.
A pesar de lo que afirma el documento, diferentes habitantes de La Labor dijeron a GatoEncerrado que temen que su fuente de agua se seque tras la construcción del proyecto urbanístico. Es más, eso ya pasó en una ocasión.
“Que nos vamos a quedar sin agua es un hecho y nos afectará. No queremos que la empresa privada se quede con nuestra agua”, dijo una habitante de La Labor, quien pidió a GatoEncerrado no publicar su nombre, debido a que en noviembre y diciembre del año pasado hubo líderes comunitarios procesados judicialmente por protestar y denunciar la extracción de agua que hizo la empresa.
Otro habitante de La Labor, tras enterarse del permiso ambiental, cuestionó que las comunidades no participaron en la supuesta consulta pública para evaluar el estudio de impacto ambiental y para señalar posibles afectaciones ambientales del proyecto urbanístico. El proceso de consulta, según consta en el documento anexo de la resolución, se realizó entre el 11 y 22 de octubre de 2021; es decir, en una semana y media.
El documento consigna que la Unidad Ambiental de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán y el área de Cultura y Educación Ambiental recibieron 1,232 fichas de observaciones y 60 notas con 1,060 firmas. En esas fichas, la población supuestamente identificó impactos ambientales referentes a recurso hídrico superficial y subterráneo, escorrentía superficial, afectación a la cobertura arbórea y afectación a la fauna, suelo y afectación a la salud. Sobre todos esos señalamientos, el Ministerio de Medio Ambiente dijo en su resolución que coincidentemente son las mismas afectaciones que Fénix ya había identificado y para las que también tenía medidas. Así que el día 5 de abril, cuando el ministerio publicó su resolución en el Sistema de Evaluación Ambiental, dijo que el proyecto no tenía observaciones.
El habitante de La Labor agregó que los pobladores de la zona nunca firmaron ningún documento: “La consulta nunca se dio porque toda La Labor y caseríos aledaños no estábamos de acuerdo con el proyecto. No se sabe de dónde sacaron la firmas y a quienes se las pidieron”, mencionó.
El historial de Fénix
En octubre de 2021, los habitantes de la Hacienda La Labor y comunidades aledañas experimentaron un desabastecimiento de agua. Cuando investigaron qué era lo que ocurría, encontraron que en el terreno de la inmobiliaria Fénix se estaba extrayendo agua de un pozo de forma ilegal.
Para enfrentar la situación, los habitantes de La Labor, Llano de Doña María, El Javillo, San Lázaro y Pega Pega se organizaron, protestaron y denunciaron públicamente que Fénix estaba dejando sin agua a las comunidades con la extracción de un pozo que no tenía los permisos correspondientes. Ante esas denuncias públicas y una inspección que realizó el MARN y la Fiscalía General de la República (FGR), el 27 de octubre del 2021, la inmobiliaria decidió detener la extracción.
Fénix no se quedó de brazos cruzados y demandó a siete líderes comunitarios ante la Fiscalía. Entre ellos estaban: Érika Solórzano, Kevin Menéndez, Mario Cinco, Adonaldo Artero, Jorge Zúniga Artero, Rosa Miriam Cinco y David Escalante, todos habitantes de Hacienda La Labor. La empresa los acusó de, supuestamente, agredir a sus empleados y de haber entrado violentamente a terrenos privados.
La madrugada del 25 de noviembre de 2021, la Fiscalía ordenó la captura de todos esos líderes comunitarios; sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) solo capturó a Jorge Zúniga Artero, Rosa Miriam Cinco y David Escalante. Cuatro días después, el 29 de noviembre, estos líderes y los que no fueron capturados enfrentaron la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán.
Ese día, los abogados de la empresa y los fiscales pidieron prisión para todos los acusados; no obstante, el juez envió el caso a la fase de instrucción y ordenó prisión preventiva solamente a los tres defensores que habían sido capturados y otorgó medidas sustitutivas a los otros cuatro ciudadanos, quienes se presentaron de forma voluntaria al juzgado.
orge Zúniga Artero, Rosa Miriam Cinco y David Escalante estuvieron encarcelados durante dos meses en el centro penal de Santa Ana y el Centro Penitenciario de Ilopango (mejor conocido como Cárcel de Mujeres). El 25 de enero de 2022, los magistrados de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente de Ahuachapán, en respuesta a la apelación del caso, ordenaron la liberación de los tres defensores del agua de La Labor.
Rosa Miriam Cinco recuperó la libertad el 26 de enero; mientras que Jorge Zúniga y David Escalante fueron liberados hasta el día 28 de ese mismo mes.
En su historial, Fénix también carga con procesos judiciales por construir una residencial sobre el sitio sagrado Tacushcalco, en Sonsonate, considerado patrimonio cultural de El Salvador.
