Opinión

La barbarie no es la opción

Ricardo Castaneda

Ricardo Castaneda

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Aunque ahora parece una utopía, sí hay otras alternativas. Sí es posible vivir en una sociedad justa, democrática y desarrollada, pero esto requiere dejarnos de mirar el ombligo y tener altura de miras. Ceder y construir de manera colectiva es una obligación ética. Para ser mejor que los criminales lo primero que hay que hacer es no convertirnos en ellos. 

Por Ricardo Castaneda* 

Si uno se enterara de lo que pasa en El Salvador únicamente por medio de las cuentas oficiales quedaría atónito. Pasar de la tierra de la libertad, donde la delincuencia ya no era un problema, a un territorio en guerra solo es cuestión de unos tuits. Transformarse de un aspirante a Nobel de la Paz, según seguidores, a un aprendiz de verdugo solo es cuestión de unos posts. También transitar del cierre de cárceles para construir universidades a mejor construir más cárceles y “catear” los bolsones de los niños y niñas. Si esto fuera un libreto de una película quizá hasta aspiraría a un Oscar. Pero no, esto no es ficción.

En cualquier sociedad democrática lo que sucede en El Salvador hubiera obligado, por lo menos, a los funcionarios a dar explicaciones de su fracaso, especialmente cuando ya ha pasado más de la mitad de su mandato ¿Cuáles son los resultados de los cientos de millones de dólares que se han utilizado de los impuestos que paga toda la población? ¿Y el Plan Control Territorial?

Pero acá no. De hecho, lejos de responsabilizarse quienes tienen el control total del Estado han logrado poner en la narrativa que ahora cualquier persona que hable de derechos humanos es equivalente a un criminal. Y en una teoría de la conspiración, al estilo trumpiano, periodistas y representantes de las organizaciones sociales son enemigos. Y la mayoría aplaude. Así de espeluznante. 

¿Y esto por qué podría suceder? Cualquier política pública implementada por la actual administración tiene altos rasgos de improvisación; pero la construcción de la narrativa gubernamental, no. Esta tiene a la base muchísima información para conectar con los sentimientos de la mayor parte de la población ¿Por qué la sociedad acepta que, de manera exprés, sin debate, en un par de horas se apruebe un estado de excepción que busca restringirle sus derechos? Porque para las grandes mayorías las violaciones de sus derechos ha sido la regla y no la excepción. 

Porque en este país desde hace mucho tiempo los niños y las niñas y los adolescentes no tienen acceso a educación, porque los jóvenes se han estigmatizado como criminales, porque las mujeres sufren diversos tipos de violencia de manera cotidiana, porque la mayoría de la población no le alcanza el dinero siquiera para comprar comida, porque cuando se llega a la edad que se debería jubilar, lo más seguro es que no tendrá una pensión. Porque matarle a alguien es lo más “normal”. Porque el Estado no se ha diseñado para garantizar los derechos de las grandes mayorías sino para asegurar los privilegios de unos pocos, muy pocos. 

Y este gobierno con todo el poder para transformar esa realidad ha preferido a apostarle a la acumulación de su poder, pero no a cambiar las condiciones que permitan a la mayoría a tener una vida digna.

¿Cuál es la excusa de no haber presentado siquiera una propuesta para cambiar la forma injusta que se pagan impuestos en el país? ¿Por qué no se avanzado en presupuesto vinculado a resultados? ¿Cuál es la estrategia de erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria? ¿Qué se está haciendo para garantizar el acceso a agua y saneamiento a toda la población? 

No es de extrañar que cuando no se tiene la capacidad para hacer e implementar políticas públicas que permitan avanzar en una senda de desarrollo, lo que se ofrezca son más balas a una sociedad que desde hace ratos se desangra. No es de extrañar que, cuando lo que más importa es la popularidad, nunca se aceptarán los errores; sino lo que siempre se buscará son excusas y enemigos: la comunidad internacional, los partidos políticos, los periodistas, las organizaciones sociales o cualquier habitante de la población ha llegado a considerado enemigo.

Así se habla poco de lo que importa: todo está más caro, el empleo está cayendo, la economía se estanca, el riesgo de impago es alto, el hambre y la desigualdad aumenta. Los casos de corrupción siguen galopando. Y la migración sigue siendo la mejor salida. 

Por ello es grave, cuando buena parte de la población ha aceptado o incluso está aplaudiendo acercarse a vivir en una sociedad que está más cerca de la barbarie. No hay espacio para el diálogo y el debate de las ideas. Hay tanto ruido que se es incapaz de escuchar al otro. La sensatez se ha convertido en un bien escaso. 

Pero por eso mismo hoy más que nunca hay que reiterar que la barbarie no es la opción para quienes aspiramos a un presente y futuro mejor. Aunque ahora parece una utopía, sí hay otras alternativas. Sí es posible vivir en una sociedad justa, democrática y desarrollada, pero esto requiere dejarnos de mirar el ombligo y tener altura de miras. Ceder y construir de manera colectiva es una obligación ética. Para ser mejor que los criminales lo primero que hay que hacer es no convertirnos en ellos. 

 

Ricardo Castaneda

Ricardo Castaneda

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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