Bitácora del régimen | Día 17

Más de 10 mil personas detenidas desde inicio del régimen

Fotografía /Emerson Flores

Por Xenia Oliva

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que para el final del día 17 del régimen de excepción la cantidad de personas detenidas a escala nacional ascendía a 10,527. Las capturas las han realizado agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada. Aunque tanto la PNC como el presidente de la República, Nayib Bukele, reportan cada día que todos los detenidos son “terroristas”, esta semana han relucido las denuncias por detenciones arbitrarias a personas sin vínculos con pandillas.

Uno de los casos más conocidos fue el de los vecinos de la colonia Credisa, en Soyapango, en donde también detuvieron a cuatro empleados de 1,200 café. Tras las distintas denuncias en redes sociales, la Fuerza Armada borró el tuit en el que expuso a los vecinos en fotografías sin camisa y de rodillas. Además, fueron liberados varias horas después por la PNC. Ese día el presidente Bukele habló de un “margen de error” en las capturas, asegurando que no pasa del 1 %.

A la mayoría de denuncias de detenciones injustas las autoridades no han respondido públicamente, sin embargo, sí respondieron para el caso de J. S. Quintanilla, detenido en Atiquizaya, Ahuachapán, y compartieron pruebas de un operativo encubierto en el que le dieron seguimiento al detenido.

Departamento de Estado emitió informe de Derechos Humanos de El Salvador 2021

Cada año, el Departamento de Estado publica reportes sobre asuntos de importancia en cada país enfocado en temas relacionados a las prácticas sobre Derechos Humanos, Libertad de Expresión, lucha contra la impunidad, respeto a las libertades civiles, entre otros.

Para el informe 2021, el Departamento de Estado inició su informe señalando que tanto las elecciones presidenciales de 2019 como las municipales de 2021 fueron “en gran medida libres y justas”.

En el tema de la seguridad pública, el informe destacó que, aunque la Constitución separa las funciones de seguridad pública y militar, permite al presidente utilizar las fuerzas armadas bajo circunstancias específicas.

“En ocasiones, las autoridades civiles no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes fidedignos de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, destacó el informe.

Entre los problemas relacionados a derechos humanos, el Departamento de Estado señaló que hubo “informes fidedignos de homicidios ilegítimos de presuntos pandilleros y otras personas a manos de las fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas por personal militar; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios”.

Además, en su reporte destacó los problemas con la independencia del poder judicial y el aumento de graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Incluso mencionó casos de violencia o amenazas de violencia contra periodistas. Como el caso de un agente de la PNC que golpeó a un periodista de El Diario de Hoy durante una cobertura.

También enumeró: “interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación; graves actos de corrupción gubernamental; falta de investigación consistente y rendición de cuentas por violencia de género; barreras significativas para acceder a la salud reproductiva; y delitos que involucran violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.

El Departamento de Estado también reportó que las organizaciones criminales, incluyendo las pandillas locales y transnacionales, fueron los principales perpetradores de los crímenes violentos. “Cometieron asesinatos y actos de extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia. Dirigieron estos actos contra policías, autoridades judiciales, la comunidad empresarial, periodistas, mujeres y miembros de poblaciones vulnerables”, señaló.

En 2021 no hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos por motivos políticos. Pero hubo informes de participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros. “Al 25 de octubre, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) investigaba siete casos de ejecuciones extrajudiciales, seis atribuidas a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y uno a las fuerzas armadas”, expuso el reporte.

En la sección de respeto a las libertades civiles, el reporte señaló las denuncias realizadas por periodistas de distintos medios ante el patrón de hostigamiento liderado por el presidente Bukele y sus funcionarios.

En el tema de la Libertad de reunión pacífica, se retomaron los reportes periodísticos en los que señalaron cómo agentes de la PNC tomaron fotografías de personas que participaron en marchas para protestar acciones del Estado, como la marcha del 5 de septiembre de 2021.

Además, se señaló que tras la marcha del 15 de septiembre, empleados de la Asamblea Legislativa que participaron en esta fueron despedidos.

En el caso de la libertad de movimiento al interior del país, se destacó el control de las pandillas en los distintos territorios y cómo salvadoreños han sido agredidos o incluso asesinados por encontrarse en zonas controladas por estos grupos.