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El eterno éxodo de los desplazados de Nuevo Amanecer

Los habitantes de la comunidad Nuevo Amanecer, en Tecoluca, temen ser desalojados por el Estado salvadoreño luego de que el Gobierno de Nayib Bukele construyó su nuevo y publicitado megapenal. La mayoría de los que viven en la zona son desplazados que se reubicaron en el lugar después de ser amenazados por pandilleros en los zonas donde antes vivían.
Por Melissa Paises

Por Melissa Paises

Abril 21, 2023

La comunidad Nuevo Amanecer, ubicada en los alrededores del nuevo y publicitado megapenal del Gobierno de Nayib Bukele, es una zona de asentamientos que se compone por familias que fueron desplazadas por la violencia. Durante más de seis años se organizaron y lucharon para acceder a los servicios básicos, pero luego de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la mega cárcel del régimen de excepción se ha convertido en  la latente amenaza de ser desplazados nuevamente, pero esta vez por el Estado.

Este podcast es el resultado de un curso sobre desplazamiento facilitado por CEJIL.

NOTICIA: “Y nos vamos a El Salvador que tiene una nueva macrocárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para 40 mil reclusos. Allí irán los detenidos durante el Régimen de Excepción vigente desde marzo pasado, que deben pasar un año entre rejas antes de recibir alguna sentencia, medida, por cierto, criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y a favor de la justicia y el debido proceso de las personas detenidas. La ha inaugurado el presidente Nayib Bukele sin permitir el acceso a la prensa”.

https://www.youtube.com/watch?v=YRaC-vSGsPE

MELISSA: El pasado 1 de febrero el Gobierno de El Salvador inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel con la capacidad para albergar a 40 mil detenidos en un espacio al que el periodico Financial Times etiquetó como “pequeña megaprisión” debido a que cada interno tendrá un máximo de 0.6 mts2 para moverse. Es decir que en realidad el espacio es muy pequeño para resguardar a tantas personas. 

Según la narrativa oficial, esta medida servirá para redistribuir a los privados de libertad que abarrotan los centros penitenciarios a consecuencia del régimen de excepción. En junio de 2022, en los primeros cuatro meses del régimen, El Salvador se convirtió en el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo con 1,164 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, superando incluso a Estados Unidos, según datos de Amnistía Internacional.

El Salvador, siendo uno de los países más pequeños del mundo, tiene ahora la cárcel más grande de América Latina. Un centro penitenciario que llegó a ocupar 236 manzanas de tierra fértil que por años sirvieron a las familias de las comunidades aledañas para subsistir, quienes en su mayoría se asentaron en el lugar tras ser desplazados forzadamente por la violencia. La construcción de esta cárcel llegó a arrasar con la tranquilidad de las familias, y muy pronto también con sus hogares. El más reciente aviso de desalojo llegó en febrero de 2023, cuando representantes de la Dirección de Centros Penales dijeron a los habitantes que en cualquier momento tendrán que irse para despejar la zona, con el fin de implementar un anillo de seguridad.

ROMEO HERRERA: “Presidente, quiero informarle que a diferencia del pasado que las cárceles se adecuaban en zonas urbanas, a la par de una escuela, a la par de un mercado, a la par de otros espacios habitacionales, este Centro de Confinamiento del Terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado”.

MELISSA: El que acaba de hablar es Romero Herrera, ministro de Obras Públicas, quien al explicarle al presidente Nayib Bukele cómo fue construida la mega cárcel que recorren en ese momento, asegura que a su alrededor no se encuentran zonas habitacionales; sin embargo, omitió mencionar que a tan solo 500 metros está la comunidad Nuevo Amanecer que lucha por no ser forzada a desaparecer.

Este centro penal y la comunidad disputan territorio en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, un municipio que se caracteriza por su tierra fértil para el cultivo. Parte de las 236 manzanas donde ahora se ubica la mega cárcel, precisamente eran tierras que los habitantes de Nuevo Amanecer utilizaban para subsistir.

Para obtener el frijol suave y el maíz tierno, base de la alimentación diaria de los salvadoreños, las familias de la comunidad se organizaban para llevar a cabo la misma rutina todos los años: tratar la tierra, ararla, limpiar la maleza, esperar la lluvia y sembrar.  Para que pudieran disfrutar de la cosecha en el último trimestre del año, la siembra debía hacerse en junio, mes de sol tenue y lluvias invernales, condiciones necesarias para que el cultivo germine, pero en 2022 esa rutina fue interrumpida cuando la mega cárcel fue anunciada.

ANA: Con mi esposo íbamos a sembrar milpa allá arriba y frijoleras y lo sacábamos, pero hoy no hemos sembrado por el penal que está. Así es que hemos salido dañados, pero como le digo, lo que el presidente ha dicho, eso se ha hecho.

MELISSA: Ella es Ana, una de las habitantes de la comunidad. Ana llegó a Nuevo Amanecer hace seis años junto con su esposo y sus dos niñas, buscando un lugar donde volver a empezar; sin embargo, desde que los trabajos de construcción empezaron, la amenaza de que un día tendrán que abandonar su hogar no la deja vivir tranquila.

ANA: Nos hemos sentido incómodos. No estamos seguros ya porque de un rato, de la noche a la mañana nos pueden desalojar, pueden decir que nos vayamos ¿y para dónde vamos a ir? si no tenemos

MELISSA: Esta no es la primera vez que la familia de Ana ha sido forzada a desplazarse, antes de llegar a Nuevo Amanecer, la violencia ya los había obligado a huir. Antonio, esposo de Ana, cuenta que para tomar la decisión tuvieron que reunir mucho valor.  

ANTONIO: Porque aquí, en realidad, si nos venimos, de valorudos nos venimos aquí a vivir, porque nosotros venimos amenazados. Por ejemplo, a mí, yo estaba en mi casa, llegó un señor pandillero, quería matarme y pues mejor tuve que huir. Tuve que venirme.

MELISSA: Antonio recibió esta amenaza luego de ser testigo del asesinato de su hijo, un crimen que sigue impune, así como el caso de la hermana de Ana.

ANA: Yo vivía en un lugar donde asesinaron a mi hermana y tenemos ese trauma, y por eso vivimos aquí. De allá me vine para acá porque con mis ojos vi que mataron a mi hermana, y dejó a las niñas, una de mamando, estaba mamando la niña.

MELISSA: Las niñas a las que se refiere Ana son sus sobrinas, a las que crió como si fuesen sus propias hijas. Para protegerlas Ana decidió desplazarse múltiples veces, hasta que en 2016 el exalcalde de Tecoluca, José Dimas Villalta, dio permiso de que varias familias habitaran las tierras.

ANA: Huimos, alquilando. Y después don Dimas Villalta dijo que me daba donde vivir, le conté mi historia, “nombre allá vayan”, dijo, “y le voy a dar un pedacito”, es porque me vine para acá y gracias a Dios ahí estamos.

MELISSA: Sin embargo, el permiso del exalcalde no ha sido suficiente para esta comunidad conformada por más de 80 familias, debido a que al asentarse en una zona donde fue vía del tren, aún no cuentan con un estatus legal. Esa incertidumbre jurídica ha impedido que las familias puedan acceder a servicios básicos como el agua potable y la electricidad.

MANUEL LÓPEZ: Nosotros, si hubiera oportunidad, cómo nos gustara que vinieran los señores de ANDA y nos apoyaran por ese lado. Lo mismo los Del Sur, pero que resulta que para conseguir eso ponen un puño de requisitos que para nosotros cuesta superar.

MELISSA: Él es Manuel López, presidente de la Junta Directiva de la comunidad. Manuel ha encabezado la lucha para obtener los permisos necesarios para legalizarla y así llevar los servicios básicos.

Actualmente los habitantes de Nuevo Amanecer obtienen energía en sus hogares gracias a unos pequeños paneles solares que con lo poco que producen sirven para medio iluminar por las noches y cargar celulares. Cada familia sacrificó la ganancia de varios días de trabajo para reunir alrededor de 50 dólares para comprar los paneles, esto fue necesario al no poder acceder a la energía que genera el parque fotovoltáico que tienen de vecino. A esto se suma la significativa inversión de 12 dólares que cada semana deben hacer para comprar cinco barriles de agua, que apenas alcanzan para una familia de cuatro personas. Cada litro debe ser consumido con mucho cuidado para extender su uso, mientras que el penal cuenta con servicio de agua corriente gracias a los pozos que han sido perforados en la zona.

MANUEL LÓPEZ: Nosotros lo que es la construcción, pues nunca hemos estado en contra, sino quizás lo que queremos y pedimos siempre, lo hemos dicho desde antes, es que nos apoyen con lo necesario, lo que es agua y luz y casa, que de eso carecemos.

MELISSA: Nubia Morales, secretaria de la Junta Directiva, también pide por las necesidades básicas de la comunidad.

NUBIA MORALES: Si esto llegara al presidente Nayib Bukele, quisiéramos que nos ayudara más que todo con el agua, que es lo más necesario, es indispensable, y la luz, la energía eléctrica, y también si no fuera la energía eléctrica que nos pudiera dar el permiso de las escrituras, para ver que sea de uno, y no andar rodando como hemos andado rodando.

MELISSA: Para las familias de Nuevo Amanecer el acceso al agua y la luz habían sido sus mayores preocupaciones durante mucho tiempo, ahora se les suma la posibilidad de ser desplazados forzosamente de sus hogares para darle otro uso a las tierras.

Aún no hay claridad de cuál es el plan. Hay quienes dicen que las tierras serán convertidas en un paso para vehículos de carga que llevarán materiales al penal; otros mencionan que serán utilizadas para alojar un recibidor; algunos aseguran que lo único que se busca es que la comunidad desaparezca para que los familiares de las personas recluidas no lleguen a vivir a la zona.

Aún no hay una justificación exacta, pero de lo que sí tienen certeza las familias es que tarde o temprano serán obligados a desalojar, pues aseguran que en múltiples ocasiones personal de la Dirección de Centros Penales y del Ministerio de Obras Públicas se los han advertido. Esto ha provocado que al menos diez familias abandonaran sus hogares. 

MANUEL LÓPEZ: Allá al fondo hay casitas tapadas con velachitos, con hilachas. Esa gente mejor se ha dado corte porque no,  ya no puede, no tienen cómo sobrevivir.

MELISSA: Las familias que aún permanecen en la comunidad lo hacen porque no tienen otro lugar donde ir. Allí tienen sus hogares, a sus seres queridos e incluso sus trabajos.

Ana es muestra de ello. Su familia se mantenía del cultivo que les fue arrebatado. Ahora les toca vivir al día, aún con el temor de ser desplazados. Para sobrevivir Ana lava ajeno, vende dulces en los autobuses y administra cuidadosamente lo que su esposo lleva al hogar. Incluso, hubo un tiempo en que intentó ver la construcción del penal como una oportunidad para obtener un ingreso extra.

Para Ana se volvió rutinario ver a cientos de policías, soldados y trabajadores de la construcción transitando sobre la larga calle que dirige a la mega cárcel. Esto la motivó a vender desayunos para que los trabajadores pudieran aguantar las extenuantes jornadas bajo el sol.

 

Ana cuenta que para su emprendimiento reunió el maíz y el frijol que le quedaba de la cosecha anterior, así como los plátanos que su esposo logró sembrar en un pedacito de tierra fuera de su casa. Pero esto no fue suficiente, por lo que adquirieron una deuda que para muchas personas podría parecer insignificante, pero que para esta familia significó varios meses de trabajo.

ANA: Gasté bastante, 400 dólares gasté, que me hicieron el préstamo para hacer ese gasto.

MELISSA: Con los 400 dólares compraron una plancha, dos mesas y unas cuantas láminas para construir una champa para recibir a los clientes, a la orilla de la calle polvosa. Ana recuerda que en tan solo una semana, gracias a sus bajos precios y el delicioso sabor de su comida, se hizo de una pequeña clientela.

ANA: Nosotros dábamos baratilla la comida, más que el frijol que nos quedó de la cosecha. Ahí le estábamos dando pupusa, a cora la pupusa, tamaña pupusa.

MELISSA: Sin embargo, esa semana bastó para que el personal que custodiaba el penal sintiera amenazada la privacidad y el hermetismo del proyecto, por lo que mediante amenazas y el uso de la fuerza obligaron a Ana a abandonar el emprendimiento que tanto sacrificio le había costado.

ANA: Y viene el custodio y nos dijo: “¿Quién les ha dicho que estén vendiendo aquí?”. “Pues, aquí la hambre, Dios y la hambre”, le dije yo. “No”, me dijo, “pero aquí no tienen que vender”, dijo, “porque aquí”, dijo, “va a ser una zona privada”, dijo. “Disculpe”, le dije, “pero nosotros aquí vivimos”, le dije yo. “No, pero aquí se va a hacer lo que nosotros digamos. Se me van de aquí”. Pues yo le dije: “nosotros somos de aquí, y no nos vas a desalojar”. “No, pero aquí el presidente dice que desalojen, porque si no va a mandar la máquina, si no yo la voy a traer para que se vayan”. Las deshicimos y nos venimos.

MELISSA: Una vez más, la familia de Ana se quedó sin una fuente de ingreso y a esto se le sumó la deuda que hasta este momento no han podido pagar. Ahora la plancha y las demás cosas que compraron para la ventecita yacen en una esquina de la casa de láminas, guardando polvo y humedad.

ANA: Ahí está la plancha que saqué fiada, la estoy pagando, para irme a hacer pupusas allí, pero como nos sacaron de ahí, ya la traje, ahí está abandonada. Ni modo, tengo que pagarla porque allí está. Hicimos gastos. Saqué dos mesas, ahí estoy pagándolas porque estábamos para recibir a los clientes, pero se nos ahumaron los ayotes y  ya no nos dejaron vender los custodios. 

MELISSA: A Ana “se le ahumaron los ayotes”. Es la expresión que utiliza para decir que se le frustró su plan de emprender. Sin su ventecita, sin cultivo y con la preocupación de un desalojo repentino, sólo le queda mutichar.

ANA:  Mutichar es que, digamos que usted tenga una vajilla de trastes y usted bota lo que ya no le sirve, viene alguien y lo recoge. Eso es mutichar, algo para uno propio.

MELISSA: Así describe Ana a la acción de recoger las mazorcas sobrantes de las cosechas aledañas. Con lo que muticha y con lo que obtiene de los árboles frutales y matas que ha sembrado en su casa, su familia se alimenta. Ana ha adquirido un cariño particular a estos árboles, el cariño de quien los cuida día a día y les agradece por sus frutos. Es por ello que al pensar en tener que desplazarse forzosamente, lo que más le duele a Ana es abandonar el fruto de su esfuerzo. 

ANA: No nos gustaría dejar porque ya tenemos palitos de mango que ya tienen florcitas que ya van a dar. Tenemos el guineal, limón injertado, naranjo, todo eso, pero si él dice ‘muevanse’, lo sentimos pero nos vamos a ir.

MELISSA: Cuando Ana habla de “Él”, se refiere al presidente Bukele. Sabe que aunque no es Él directamente quien le ordena desalojar su hogar, es Él quien concentra el poder y quien toma las decisiones. 

Es precisamente Él quien mes a mes ordena que el Régimen de Excepción se prorrogue y quien solicitó que se aprobara una Ley de Construcción de Centros Penales, que entre otras cosas, como saltarse los procesos para transparentar las compras públicas, también permite la expropiación de las tierras que sean necesarias para la construcción de las cárceles, tal y como se establece en el artículo 11.

Tanto la vigencia de esta ley, como el Régimen de Excepción, han provocado que Ana y las familias de la comunidad, se resignen a abandonar sus tierras. Temen que si no desalojan cuando se dé la orden, serán capturados arbitrariamente. 

Johanna Ramírez, coordinadora del área de atención a víctimas del Servicio Social Pasionista, una organización que vela por las víctimas del desplazamiento forzado, lo explica.

JOHANNA RAMÍREZ: Realmente este gobierno ha implementado muchas acciones que han disfrazado de legalidad pero que esta legalidad también va amarrada de alguna manera a situaciones de coacción para la población que se encuentra dentro de esos territorios, una coacción específicamente bajo el Régimen de Excepción de detenciones, y lo hemos visto en otras comunidades también que ha habido detenciones de los líderes o las lideresas comunitarias que han estado denunciando estas situaciones, que han estado denunciando otras situaciones, incluso que están ocurriendo dentro de los territorios y los abusos que están sufriendo, entonces hay una situación de desprotección general en la población por el riesgo del régimen, pero también una desprotección específica por la supuesta legalidad de esas acciones que se están implementando.

MELISSA: Carlos, vecino de Ana, es consciente de que en el actual contexto político no hay documento, prueba o arraigo que valga, nadie puede oponer resistencia.

CARLOS: “No quisiéramos ser desalojados, pero creo no tener opción. Media vez el gobierno diga, por medio de sus ministros diga, esto desaparece, desaparece, porque prácticamente nosotros como comunidad, o incluso como sociedad, prácticamente hemos perdido nuestros derechos. Nadie puede oponerse ahorita al gobierno”.

MELISSA: Carlos teme ser capturado bajo el Régimen de Excepción, no porque deba algo, sino porque sabe que los cuerpos de seguridad pueden capturar a quien sea, incluso a personas inocentes. En el contexto actual el dicho ‘el que nada debe, nada teme’, ya no aplica. El acoso que las personas de comunidades rurales reciben por parte de la policía y los militares es constante.

CARLOS: Incluso cuando uno viene de trabajar, los soldados y la policía exceden su autoridad porque de repente lo paran a uno “no, si yo allí vivo”. “Párese, señor, párese, quítese la ropa, quítese”. O sea, y uno entrega sus documentos y comienzan, y eso es una y otra vez y se repite la historia, no es que ya me registraron una vez y ya me reconocieron, no, otra vez vienen los soldados y lo mismo, el mismo estilo.

MELISSA: El acoso y las amenazas que las familias de Nuevo Amanecer han recibido por parte de la policía empiezan a surtir efecto. La familia de Carlos, que había construido sus viviendas en la comunidad, ya no piensa en que ese será el lugar para que las siguientes generaciones crezcan y vivan.

CARLOS: Por ejemplo, esta es mi casa, esta es la de mi hija y mi hermano que hizo ese ranchito ahí. Mi hermano ya hoy que vio esto, me dice, yo quizás ya no me movilizo.

MELISSA: Como ya lo mencionaba Carlos, su hermano decidió no volver a su hogar por el constante acoso de los cuerpos de seguridad y por la latente amenaza de ser desalojado; sin embargo, prefirió no denunciar que se ha visto obligado a desplazarse forzosamente, pese a que en El Salvador existe la Ley para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Aunque esta ley existe, sus resultados son nulos. Además, esta no contempla las situaciones en las que el Estado es el victimario. Claudia Argueta, coordinadora de inclusión social y litigio estratégico de Cristosal, lo explica.

CLAUDIA ARGUETA: Si bien es cierto, existe una ley de desplazamiento forzado interno desde 2020, pero solo opera para casos de personas que se desplazan por violencia. No está contemplado los megaproyectos, ni siquiera lo menciona como excepción o como exclusión, como lo hace con el tema de desastres naturales o el conflicto armado, que lo menciona claramente que no se va a aplicar la ley. En este caso, ni siquiera se vislumbra esto como una causa de desplazamiento. Entonces hay una dificultad a nivel de protección y de atención de este tipo de víctimas para denunciar esta situación. La conclusión final es que las víctimas siguen sin protección y van a seguir sin un lugar a donde acudir.

MELISSA: La comunidad Nuevo Amanecer se ha visto desprotegida y amenazada por quien debería velarla y protegerla. Les han quitado sus tierras para cultivar, la posibilidad de generar una fuente de ingreso adicional y la paz de saber que tienen un hogar donde resguardarse y vivir. 

La resignación ya se apoderó de los habitantes, quienes por miedo, más que por voluntad propia, están dispuestos a desplazarse. Lo único que piden es no ser dejados en el abandonado; piden que si los sacan de sus tierras, al menos cuenten con un lugar digno donde vivir, que tenga los servicios básicos de los que actualmente carecen, y que este sea un lugar seguro donde ni la delincuencia ni el Estado pueda volver a desplazarlos.

ANA: Si llegara esta voz al gobierno de Bukele, pues aquí necesitamos una ayudita. Si él nos saca, si él viniera y nos saca de aquí, él tiene que darnos a dónde vivir porque somos más de 75 o 80 familias que vivimos aquí. De aquí para allá hay gentío, entonces si él nos viniera a decir que nos salgamos de aquí, que desalojemos, es porque nos va a dar a dónde vivir porque si nosotros tuviéramos dónde vivir no estuviéramos aquí. Estas son mis palabras, ojalá, primero dios, el gobierno nos escuche.


 

MELISSA: Para proteger la identidad de las familias los nombres fueron cambiados. 

El reporteo de este podcast estuvo a cargo de Melissa Paises con el apoyo de Xenia Oliva.

La edición es de Ezequiel Barrera.

Este podcast es una producción de GatoEncerrado como resultado del curso Desplazamiento forzado interno en el norte de Centroamérica: una cobertura desde los derechos humanos facilitado por CEJIL.