Bitácora del régimen | Día 18

Relatoría Especial de la CIDH alertó sobre riesgos de criminalizar acciones legítimas de la libertad de expresión

Por Xenia Oliva

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado Salvadoreño para que ajuste las recientes reformas al Código Penal de acuerdo a los a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Al mismo tiempo emitió una alerta sobre  los riesgos que conlleva el criminalizar ejercicios legítimos de la libertad de expresión, a través de las reformas al Código Penal y las prohibiciones  a los medios de comunicación añadidas en la Ley de Proscripción de pandillas.

La relatoría señaló como esas reformas fueron aprobadas sin mayor deliberación en el parlamento.

“La CIDH ha monitoreado por años de manera sostenida y cercana la compleja situación de seguridad ciudadana en El Salvador”, comunicó la entidad. Añadió que, para la Relatoría, ante el incremento de violencia las autoridades están en la obligación de tomar medidas, pero también precauciones “para que el despliegue institucional no restrinja el ejercicio de derechos de personas que ejercen actividades legitimas en la sociedad y de especial trascendencia para la democracia”.

La Relatoría destacó que las reformas aprobadas incluyen penas de prisión de 10 a 15 años para periodistas que reproduzcan mensajes o comunicados “originados o presuntamente originados” por grupos delincuenciales que pudieran “generar zozobra y pánico” en la población.

“Esta Oficina considera que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley. La mencionada ambigüedad de la redacción dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no”, expresó respecto a las reformas.

Reveló que el Estado les informó que las conductas que serán penalizadas distan de la labor de los medios de comunicación y les puso como prueba que los medios habían seguido informado desde que entraron en vigencia las reformas. “Asimismo, informan que ni en sede judicial ni en sede administrativa se han iniciado diligencias contra los medios de comunicación como institución, ni individualmente contra sus miembros”, expuso la Relatoría en el comunicado.

No obstante, sí ha habido amenazadas de asesores del Gobierno o abogados relacionados de interponer demandas contra medios de comunicación.

“Para la Relatoría, las presentes reformas, tal como fueron redactadas, activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legitimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras”.

Reiteraron que todas estas actividades requieren de garantías a la libertad de expresión.

La Relatoría Especial informó que activará los canales para exponer al Estado salvadoreño su preocupación y escuchar cuál es su postura, así como compartir estándares interamericanos para abordar la situación.

“La Relatoría observa que las mencionadas preocupaciones en torno a las potenciales afectaciones a ejercicios legítimos de la libertad de expresión no deben ser entendidas como un respaldo a discursos que alienten o promuevan la violencia y discriminación”, reiteró

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