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Por Ruth Zavala y Xenia Oliva
Sin análisis técnico previo, este día se aprobó la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios en el país. La iniciativa se aprobó con dispensa de trámite, de la misma forma como se ha hecho con las reformas y leyes aprobadas durante el régimen de excepción.
La nueva ley permite que el gobierno haga contrataciones directas y que se salte la Ley de Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Además, da facultades al MOP para expropiar propiedades, incluyendo privadas, al declararlas de utilidad pública.
Durante la mañana, decenas de padres y familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción hacían largas filas fuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Carlos Miranda fue uno de los padres que se mantenía a la espera de información. Comentó que costaba mucho obtener información y que, pese a que previamente les habían asignado un abogado, después cambiaron a la persona designada.
Al final del día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que ya son 14,068 personas detenidas desde el 26 de marzo.
El martes 19 de abril capturamos a 495 terroristas, en diferentes puntos del país.
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 20, 2022
Desde que inició la #GuerraContraPandillas hemos sacado de las calles a 14068 pandilleros. pic.twitter.com/QwxnUAmiZV
Apes y Cristosal presentan demanda de inconstitucionalidad por reformas que criminalizan a periodistas
La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) y la fundación Cristosal presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las recientes reformas aprobadas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
Las reformas fueron aprobadas el pasado 6 de abril de 2022 con dispensa de trámite y de forma exprés por la Asamblea oficialista y violentan el derecho a la libertad de información a periodistas y medios de comunicación.
Cristosal señaló que las reformas son inconstitucionales, debido a que fueron aprobadas sin seguir el debido proceso que establece el artículo 140 de la Constitución de la República. “Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos ocho días después de su publicación”.
Ruth Eleonora López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló que las reformas aprobadas utilizan términos jurídicos indeterminados, y que con manipulación puede controlarse el discurso, perjudicando a periodistas y medios de comunicación.
Asimismo, dijo que se estaría vulnerando el artículo 6 de la Constitución de la República, ya que las reformas establecen una censura previa y no cumplen con los parámetros que establece dicho artículo.
Por su parte, el presidente de la APES, César Fagoaga dijo que es preocupante que se esté limitando el derecho a la información a los salvadoreños.
“Nuestra principal preocupación es lo que se le quiere esconder a la población salvadoreña. (…) A la vez estas reformas están acompañadas de una narrativa y de un discurso que pareciera que lo que está combatiendo el gobierno no son los pandilleros, sino a los periodistas”.
