Opinión
Reflexiones fiscales sobre el cuidado del medio ambiente
César Melgar
Asistente de Investigación del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)
Si se compara la cobertura forestal en los países centroamericanos, se observará que hay una disminución de la cobertura existente en el año 2020, frente a la observada en 2010 (a excepción de Costa Rica, que muestra un aumento), revelando un deterioro en los ecosistemas de la región.
Por César Melgar*
El concepto de bienestar incluye el hecho de que cada persona tenga sus necesidades satisfechas, así como la garantía y protección de sus derechos. Esto implica que el medio en el cual el ser humano se desarrolla brinde las condiciones óptimas para el desenvolvimiento del individuo y de la sociedad. Y precisamente a eso invita la conmemoración del Día de la Tierra (celebrado el pasado 22 de abril), para reflexionar sobre la importancia y la interdependencia que existe entre los ecosistemas y la vida social. Tal como lo señala la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su sitio web dedicado al día de la Tierra: “La salud de nuestros ecosistemas depende directamente de la salud de nuestro planeta y sus habitantes.”
Desde el punto de vista económico y productivo, la sostenibilidad ambiental es importante porque al final la economía es un subsistema que, por una parte, requiere del medio natural como fuente de energía y materias primas y, por la otra, es generadora de residuos materiales y energía degradada que son depositados de vuelta en el ambiente natural (Icefi, 2021). Por ello, es importante que en las políticas públicas se tomen las medidas necesarias para evitar la degradación del capital natural, de modo que se dé un paso para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.
En dicho contexto, parte de los gastos fiscales de los Estados están destinados a la protección del medio ambiente. Sin embargo, estos gastos destinados a la protección ambiental son muy bajos. En el caso de los países centroamericanos, el promedio de este rubro durante la última década oscila entre el 0.06 % y el 0.42 % del PIB (frente al promedio latinoamericano del 0.17 %).
Con esta baja inversión en lo relacionado a la protección ambiental, para hacer una mejor evaluación, se puede hacer una revisión de los resultados. Por ejemplo, si se toma como referencia el cuidado de los bosques, dada su importancia entre otros factores, por sus funciones vitales de responder al cambio climático y proteger los suelos y el agua, albergando cerca del 75 % de la biodiversidad terrestre mundial, proporcionando numerosos productos y servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018); podríamos tener una inferencia en cuanto al cuidado del medio ambiente. Si se compara la cobertura forestal en los países centroamericanos, se observará que hay una disminución de la cobertura existente en el año 2020, frente a la observada en 2010 (a excepción de Costa Rica, que muestra un aumento), revelando un deterioro en los ecosistemas de la región.
Otra de las formas de medir la efectividad de la inversión en protección ambiental, podría hacerse desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el caso de los Objetivos relacionados directamente con el ambiente, siendo en su orden: Objetivo 13 (acción por el clima), Objetivo 14 (vida submarina), Objetivo 15 (Vida de ecosistemas terrestres); hay algunos indicadores que muestran deficiencias, y esto daría como resultado importantes brechas en el cumplimiento de las metas trazadas. Por ello, parte del desafío de lograr los objetivos anteriores, tiene que ver con evitar el deterioro en los indicadores que se tienen en los siguientes objetivos, muy relacionados con una actividad económica sostenible: Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento), Objetivo 7 (energía asequible y no contaminante), Objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles).
Todos los objetivos anteriores se interrelacionan y el deterioro de uno se traduce en el deterioro del resto. (Para un mayor detalle mayor de la situación del medio ambiente en Centroamérica, puede consultar el Volumen 1 de la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030, disponible aquí, en su capítulo II “Contexto Ambiental de Centroamérica”; y para un análisis más detenido de los ODS en la región centroamericana, puede revisar el Observatorio Estadístico Centroamericano del Icefi, en este enlace).
Afortunadamente, aún se puede enderezar el rumbo y orientar esfuerzos para preservar el ambiente, de modo que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar (OCDE, 2011). Por ello, es primordial apostar a la inversión en la educación, para concientizar a toda la población sobre la importancia del equilibrio entre actividad productiva y preservación de los recursos naturales.
En cuanto a la inversión específica en el tema ambiental, entre las políticas que podrían ejecutar los estados centroamericanos, se encuentran las propuestas realizadas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030, en su volumen III (disponible aquí), en el capítulo VI “Hacia una política fiscal que contribuya a la sostenibilidad ambiental”. Dichas propuestas incluyen implementar impuestos, tasas y subsidios ambientales; la eliminación de subsidios que perjudican al ambiente; realizar erogaciones en políticas públicas encaminadas a la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y otras formas de degradación del ambiente. Todo lo anterior amparado en consenso social, y bajo la premisa de “paga quien contamina”.
A lo anterior se le puede sumar la emisión de “bonos verdes”, aquellos que recaudan fondos para usarlos de manera específica en proyectos o actividades con fines de sostenibilidad ambiental (Comisión Económica para América Latina, 2021), en donde Costa Rica es pionero en la región en cuanto a su emisión. Otro instrumento puede ser el uso de los bonos de carbono, los cuáles son un mecanismo internacional para reducir las emisiones de CO2 que contribuyen al calentamiento global.
Dentro de este mecanismo, actualmente Guatemala y Costa Rica han firmado acuerdos de pago por reducción de emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, siendo los únicos países latinoamericanos en hacerlo, junto a República Dominicana y Perú. Todo lo anterior puede ser el inicio de un camino que permitirá mantener el capital natural de la región, para proseguir con las actividades económicas cotidianas, pero también heredar a las próximas generaciones un lugar limpio y agradable para vivir y desarrollarse.
César Melgar
Asistente de Investigación del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)
