Bitácora del régimen | Día 54

Mesa por la Justicia Laboral: Régimen de excepción no ataca las causas estructurales de la violencia

El colectivo de organizaciones que conforma la Mesa también señaló que el régimen ha afectado el ingreso económico de las familias de estudiantes, trabajadores y activistas que han sido detenidos arbitrariamente.

A inicios de mayo, un joven que estaba vendiendo en la zona del penal de Izalco fue detenido. El arresto duró cerca de tres minutos ante la conmoción de la gente que no se explicaba las razones de su detención. Foto / Emerson Flores.

Por Xenia Oliva

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), compuesta por un colectivo de organizaciones de trabajadores del sector público, privado e independiente, presentaron una serie de demandas y denuncias ante el impacto del régimen de excepción en los trabajadores.

“El régimen de excepción ha abierto la puerta a la violación de derechos humanos”, señalaron los miembros de la mesa. Pusieron como ejemplo que, además de la pérdida al derecho a la presunción de inocencia y la no violación de la morada o domicilio, se siguen dando casos de uso excesivo de la fuerza policial, tratos crueles o degradantes, además de detenciones arbitrarias que pueden llegar a considerarse como desapariciones forzadas, ya que hay casos en los que las familias deben peregrinar por distintas delegaciones y centros penales para saber dónde están sus parientes.

“Dicha medida (el régimen) no ataca las causas estructurales del conflicto como la precaria situación económica de los hogares, el alza de precios, desempleo, los continuos e ilegales despidos en las instituciones públicas y autónomas, el incumplimiento de la pensión básica para las personas adultas mayores de los municipios más pobres, violaciones a la libertad sindical y una probable reforma del sistema de pensiones y una Ley General de Recursos Hídricos que favorece a las empresas privadas en detrimento del pueblo trabajador”, señalaron.

Además, expusieron que el régimen de excepción ratifica la falta de efectividad de las políticas públicas para seguridad que se implementan en este gobierno y en los anteriores.

“Cabe destacar que el régimen de excepción ha afectado el ingreso económico familiar, ya que las familias de las personas inocentes trabajadoras, estudiantes o luchadores sociales destinan los limitados recursos para saber dónde está su familiar detenido, pagar cuotas de alimentos o de ropa que el mismo gobierno vende a las personas detenidas”, expusieron los miembros de la Mesa.

Señalaron que han documentado casos en los que las personas han logrado recuperar su libertad, pero acabaron perdiendo sus trabajos o fuentes de ingreso.

También denunciaron las detenciones arbitrarias de luchadores sociales y sindicalistas.

Por ello demandaron que cesen las detenciones arbitrarias de personas solo por vivir en zonas precarizadas. Y que las autoridades brinden información de las personas detenidas arbitrariamente. También pidieron que se restablezca “de forma inmediata los derechos constitucionales suspendidos y combatir la criminalidad con las herramientas normativas e institucionales existentes en el país”.

527 detenciones durante el día

Este día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que el total de personas detenidas a escala nacional llegó a ser de 32,529 después de realizar 527 arrestos más durante el jueves 19 de mayo.

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