Bitácora del régimen | Día 55

Violaciones a derechos humanos durante el régimen podrían llegar a considerarse de lesa humanidad

Cada día, las denuncias que recibe Cristosal por violaciones a derechos humanos aumentan más y más. La organización ha observado cómo estas violaciones son graves, sistemáticas y generalizadas. Además, están los casos de detenciones-desapariciones, en los que los familiares pasan días sin saber dónde están sus parientes que fueron privados de libertad por agentes de seguridad.

Por Xenia Oliva

Todas las noches, la organización Cristosal recibe cada vez más denuncias por distintas violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Pasaron de haber recibido 147 casos durante los primeros 30 días del régimen, a registrar 555 casos para el 19 de mayo.

Entre los casos que Cristosal ha acompañado, hay hechos que podrían considerarse tortura, sobre todo cuando la víctima ha fallecido en centros penales. Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, describió cómo hay víctimas que tenían rastros de lesiones graves e incluso quemaduras.

“Creo que estamos en una situación donde ya se configuran escenarios posibles de lesa humanidad y que es un momento de alerta temprana, que estamos tratando ya de lanzar a la comunidad internacional”, expuso David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal. Tanto Navas con Morales señalaron cómo los casos de violencia a derechos humanos que han atendido se caracterizan por ser masivos y sistemáticos.

“Desde el primer período del primer régimen de excepción recibimos denuncias que apuntaban a tratos crueles inhumanos y degradantes de las personas que están privadas de libertad por el régimen, pero también de torturas estas denuncias se han repetido en este segundo periodo del régimen”, expuso Morales.

Además, se han registrado casos de restricción de alimentos, agua, artículos de higiene y medicamentos. “Hay personas que están siendo víctimas de muertes arbitrarias, por no tener acceso a medicamentos”, dijo Morales.

De todas las denuncias que ha recibido Cristosal, el 87.7 % de estas vulneraciones son por detenciones arbitrarias. “Los casos que recibimos casi todos describen detenciones arbitrarias, detenciones fuera del marco de la legalidad aun considerando el régimen de excepción”, dijo Morales.

Puso como ejemplo que no hay órdenes de captura que expresen los motivos de detención. O hay motivos de detención reñidos con la legalidad, como la apariencia de las personas, si tienen tatuajes, aunque no sean alusivos a pandillas, incluso si no andan el DUI o si no tienen un celular para mostrar.

Una de las situaciones que más preocupa a Cristosal es cómo se están dando casos de “detenidos-desaparecidos”. Es decir que después de que una persona es arrestada, sus familiares pueden pasar de 15 días hasta un mes sin saber a dónde se lo llevaron.

“Y deambulan de penal en penal, de institución en institución, tratando de indagar al menos eso. Se ha reproducido en El Salvador con el régimen de excepción otra vez la figura del detenido desaparecido, la persona detenida desaparecida. Si bien tenemos un fenómeno muy fuerte de desapariciones por responsabilidad de estructuras criminales y hemos tenido casos en años anteriores de desapariciones forzadas donde están involucrados agentes del Estado, ahora estamos hablando de una práctica diferente. Es someter, sustraer de la protección de la ley a miles de personas”, dijo Morales.

Añadió que es una situación muy preocupante, ya que desde los años 80 no hablaban de la figura de la persona detenida desaparecida.

Cristosal también tiene experiencia atendiendo a víctimas de la violencia por pandillas. Por años ha dado acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado. Morales señaló que hacer capturas masivas donde no se comprueba que el detenido ha participado en un homicidio o en un crimen, solamente por tener miles de personas en la cárcel por meses no es combatir el delito de homicidio.

“Esto es simplemente incluso consolidar la impunidad frente a estos hechos graves”.

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