En lo que va del régimen de excepción, la organización Cristosal, que ha abierto un sistema en línea para recibir denuncias y dar acompañamientos a las víctimas de detenciones arbitrarias y otros tipos de abusos, ha recopilado 17 casos de personas que han fallecido en centros penales, hasta el cierre del 18 de mayo.
Hasta el 26 de abril, en los primeros 30 días del régimen, habían recopilado al menos cinco muertes dentro de centros penales. Al paso de los casi 30 días más de prórroga el número de víctimas mortales ha subido a más de 17 casos en total. David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, señaló que todos estos casos acarrean responsabilidad para el Estado salvadoreño.
“Estos no pueden verse solo desde la óptica que es un crimen común ocurrido dentro de una casa esto acarrea responsabilidades por violaciones a la vida”, dijo.
Morales sostuvo que una persona privada de libertad no puede proveerse por sí misma de derechos básicos o garantías para derechos básicos como la vida, la alimentación, la salud, entre otros. “El Estado que lo ha sustraído de la libertad y lo tienen condición de privación de libertad tiene la obligación de proveer ese tipo de garantías a derechos básicos de las personas privadas de libertad”.
El especialista en derechos humanos recordó que las violaciones a las personas privadas de libertad se mantenido por años, pero en estos momentos se han exacerbado. “Hasta podemos hablar de una indiferencia, una omisión deliberada”.
Entre las causas de las muertes de las personas detenidas, están edemas pulmonares, golpes en la cabeza y padecimientos de enfermedades terminales.
“Sin embargo, hasta este momento no hemos visto una autopsia y en algunos de los casos las personas han sido ya enterradas sin que se haya realizado una autopsia”, dijo Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.