Por Xenia Oliva

Al cierre de este día, la Policía Nacional Civil (PNC) también informó que el total de personas detenidas a escala nacional llegó a ser de 33,812 desde el inicio del régimen.

La mayoría de las audiencias en las que se ha ordenado que los detenidos sigan en prisión provisional han sido masivas y de forma virtual. Incluso se han reportado algunas con más de 500 imputados.

Cristosal, que ha comenzado a dar acompañamiento legal en algunos casos, como el de un joven detenido, que es una persona con discapacidad mental y auditiva, ha podido constatar cómo el derecho a la defensa en este tipo de audiencias es prácticamente nulo.

“Las audiencias son prácticamente un formalismo, son audiencias masivas, la defensa prácticamente no tiene posibilidad casi ni de ejercer la palabra o algunos minutos”, dijo David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal.

Morales expuso que si los abogados logran presentar documentos de arraigo de las personas a quienes defienden para tratar de evitar la detención provisional, suelen ser ignorados de forma absoluta.

Además, suele ocurrir que los listados de las personas que serán juzgadas se colocan afuera de los tribunales pocas horas antes de las audiencias. En algunos casos los abogados no se enteran de las audiencias.

“Este tipo de práctica del judicial ha llevado a esta violación absoluta del derecho a la defensa. Ya sabemos todos los procesos en este momento están bajo reserva, no se han cumplido las condiciones legales para establecer estas reservas, simplemente es una práctica generalizada que solicita la Fiscalía y autorizan los jueces en automático”, dijo Morales.

Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, advirtió que, por la forma en cómo se han desarrollado las audiencias y la forma en cómo está trabajando la FGR es muy probable que muchas de los miles detenidos tengan que pasar por más meses antes de que avancen sus procesos.

“Lo que va a ocurrir hablando de los más de 30 mil hasta ahorita, es que la Fiscalía va a pedir una prórroga de seis meses para la instrucción de estas personas porque va a ser imposible, porque no están investigando la participación de estas personas van seis meses. Van un año detenidos y lo que viene es que, como eliminaron el periodo para la detención provisional, estas personas pueden quedar detenidas seis meses más y luego seis meses más. Es decir que bajo esta lógica ciertamente el presidente le va a cumplir a la población que va a dejar detenida a estas personas. Lo que no se establece es si estas personas son culpables o no de cometer delitos”, expresó Navas.