Bitácora del régimen | Día 59

Habitantes del Bajo Lempa han presentado al menos 51 habeas corpus por detenciones arbitrarias

Familiares de personas detenidas, originarias de las comunidades del Bajo Lempa, presentaron 39 habeas corpus más. Este día también la PNC desalojó a las decenas de personas, en su mayoría mujeres, que se mantenían en los alrededores del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona.

Habitantes del Bajo Lempa presentan 39 Habeas Corpus. Foto / Emerson Flores

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Por Xenia Oliva / Melissa Paises

Durante este mes, habitantes de distintas comunidades del Bajo Lempa, en Usulután, han tenido que peregrinar hasta San Salvador para interponer al menos 51 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la liberación de sus familiares detenidos en el régimen de excepción.

Este día, los familiares de personas detenidas arbitrariamente durante el régimen presentaron 39 recursos de habeas corpus. El pasado 5 de mayo, parientes de 12 detenidos presentaron los primeros escritos de habeas corpus.

“Estamos convencidos como comunidades eclesiales de base que el método que el Gobierno está utilizando solo engendra violencia, no está encaminado en construir una sociedad de reconciliación y en este amor que nos dice el Evangelio”, dijo José Salvador Ruíz, de las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa.

Entre los familiares que acudieron a presentar los recursos estaban madres, que expusieron cómo por dos meses han tenido que incurrir en deudas para conseguir todos los documentos que les exigen presentar para defender a sus parientes detenidos, para poder conseguirles alimentos. También denunciaron que hay casos en los que saben que sus parientes están ingresados en el Hospital Rosales, pero las autoridades no les permiten verlos.

UMO y militares para desalojar a familiares de detenidos en Mariona

Después de que la crisis en los alrededores del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, se acrecentara durante el lunes por la tarde, durante la noche y madrugada agentes de la UMO llegaron al lugar para desalojar a las decenas de familiares, en su mayoría mujeres, que se mantenían en la zona a la espera de información o la liberación de sus parientes.

Durante el resto del día, se mantuvo la presencia de policías y militares, que incluso llegaron con tanquetas, para impedir que más personas estuvieran frente al penal. Además de desalojar a los familiares, las autoridades también desinstalaron los negocios de comida y de ventas de ropa y otros artículos que centros penales exige para los privados de libertad.

Pese a que cercaron la zona, algunas personas, principalmente mujeres, siempre se mantienen en los alrededores del penal. Argumentan que viven lejos de San Salvador y no se pueden movilizar rápidamente en caso su familiar sea liberado.

Una de las principales quejas de las familias de las personas detenidas durante el régimen es la falta de información de parte de las autoridades. Algunas familias pasan hasta 15 días sin saber el paradero de la persona detenida. La falta de información también afecta al derecho a la defensa de los miles de detenidos, los abogados, tanto particulares como los de la Procuraduría General de la República (PGR) suelen enterarse con pocas horas de antelación sobre las audiencias de sus clientes, según ha registrado Cristosal. Además, no notifican si un pariente será liberado.