La cuenta oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 20 de mayo no ocurrió ningún homicidio en todo El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, no tardó en retomar ese dato y agregar que el país acumulaba siete días consecutivos con cero homicidios; es decir, sin ninguna persona asesinada en el periodo del 14 al 20 de mayo. 

Siguiendo el guion, algunos ministros del gabinete de seguridad y diputados oficialistas se sumaron a la difusión del dato, afirmando que se trataba de un hecho “histórico”. Incluso Diario El Salvador, el periódico oficialista, tituló su portada del 22 de mayo con ese mismo mensaje, argumentando que esa reducción se debía al Plan Control Territorial y a la aplicación del régimen de excepción, aprobado el pasado 27 de marzo después de que fueran asesinadas 87 personas en ese último fin de semana de marzo.

Pero… ¿Es cierto que esa semana no hubo ni una persona asesinada en El Salvador? 

Una simple revisión de los mismos datos que publica diariamente la Policía revela que sí hubo cinco homicidios, por lo que la afirmación del presidente Bukele encaja en la definición de Falsa, que es una de las seis categorías bajo las que GatoEncerrado hace verificaciones del discurso público.

La Policía omite en sus estadísticas oficiales las muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos armados con policías y militares. En los datos que presenta diariamente, la institución pone aparte esas muertes, las invisibiliza y no las toma en cuenta.

El sábado 14 de mayo, por ejemplo, la Policía publicó en su cuenta de Twitter que no hubo homicidios en el país, pero que sí había 3 pandilleros muertos: dos en San Miguel y otro en Morazón, luego de un enfrentamiento armado. Otros dos homicidios ocurrieron el 17 de mayo y la Policía siguió la misma estrategia comunicacional: afirmó que no hubo homicidios, pero que sí había dos pandilleros muertos luego de un enfrentamiento. 

Esos asesinatos, aunque ocurrieron según las autoridades en enfrentamientos armados, no deben excluirse a la hora de contabilizar los datos de homicidios. Así lo establece el Protocolo de Bogotá, un documento creado para “servir como referencia para las instituciones de producción de datos oficiales de homicidios” en América Latina y el Caribe. El documento menciona que se consideran también como homicidios “las muertes por agresión cometidas por agentes públicos en el ejercicio de su deber profesional, incluso cuando sean legales”. 

Además, el documento aclara que esa definición de homicidios, que incluye las muertes cometidas por agentes públicos, “no está limitada por la tipificación legal” de cada país, “sino por un concepto general que no depende de la legalidad o ilegalidad de los hechos”.

Para Verónica Reyna, representante de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), esta práctica de no registrar las muertes de pandilleros asesinados en enfrentamientos no es exclusiva de este gobierno, sino que es una herencia sobre todo de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, el último gobierno del FMLN. 

Reyna aclara que, en términos éticos, esa práctica lo que hace es afirmar implícitamente que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría; es decir, hay ciudadanos que no merecen siquiera que sus muertes sean contabilizadas y hay otros que sí merecen justicia.

Esa práctica, agrega, trae consecuencias para la sociedad, porque las personas dejan de exigir a los agentes públicos que no cometan abusos de poder: “Estos hechos generalmente se aplauden por parte de la población hasta que la Policía llega a actitudes altamente abusivas que terminan agrediendo o incluso matando a personas que no han cometido delitos (…) Es hasta ahí que caen en cuenta que si esas actitudes no se frenan desde el principio pueden llegar a distintas poblaciones”, dijo Reyna.