Bitácora del régimen | Día 68

Amnistía Internacional advirtió que el país se ha sumergido en una crisis de derechos humanos

El encarcelamiento ilegal de miles de personas y muertes en centros penales podrían dejar expuestos a los funcionarios de gobierno a responsabilidad penal internacional, expresó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

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Por Xenia Oliva

Durante las últimas semanas, Amnistía Internacional desplegó un equipo de respuesta de crisis en El Salvador para realizar una investigación sobre los abusos a derechos humanos por el régimen de excepción. Este tipo de equipos solo los despliegan cuando la organización considera que se están realizando violaciones generalizadas o sistemáticas que podrían configurar en responsabilidad criminal internacional, expuso la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Guevara Rosas citó el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, durante su discurso de tercer año de gestión: “Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”, pero señaló que las comunidades marginadas históricamente se encuentran atrapadas entre las violencias de criminales y las violaciones de derechos humanos por políticas fallidas del Estado. 

A inicios del mandato de Bukele, Amnistía Internacional se reunió con él y le pidió diseñar medidas alejadas de la represión. Pero Guevara Rosas dijo que las acciones que se están tomando ahora están basadas en políticas ilegales y estrategias fallidas del pasado. 

“La situación en el país es crítica”, dijo la directora de Amnistía. Señaló que miles de personas están enfrentando procesos penales sin las más elementales garantías judiciales. 

“Queda claro que existe una política diseñada desde el gobierno e implementada desde el más alto nivel de cada uno de los poderes del Estado con la supuesta intención de perseguir y castigar a las pandillas, pero que supone en realidad una violación generalizada de los derechos humanos”, dijo Guevara Rosas. 

Añadió que la detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de más 36 mil personas en dos meses no habría sido posible sin la complicidad de las instancias de justicia. 

“Están sacrificando derechos humanos irrenunciables y asumiendo como un mal necesario el encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, expresó. 



En casi todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas dijeron que hubo momentos en los que no sabían dónde estaban sus familiares detenidos. Hay al menos un caso en donde siguen sin saber dónde está, lo que podría ser una desaparición forzada. 

El haber denunciado abuso policial en el pasado es una de las causas de por qué personas están siendo detenidas ahora, documentó Amnistía Internacional. En uno de los casos, una vendedora de comida y madre soltera fue detenida a inicios de abril, acusada de ser operadora de una pandilla. Su audiencia fue con 500 personas al mismo tiempo y le ordenaron prisión provisional. Su familia intentó evidenciar que no había pruebas y que años atrás había sido detenida y golpeada por la policía. En ese entonces se comprobó que no había evidencias de los cargos contra ella y recibió una compensación económica por el abuso de autoridad de los policías. Durante los últimos años habían estado en situación de desplazamiento forzado, pero este año habían regresado a su casa donde fue detenida. 

La hija de la señora fue detenida en mayo. Amnistía Internacional registró dos casos más en que las detenciones fueron precedidas de situaciones de abuso policial que las víctimas denunciaron anteriormente. 

Amnistía Internacional también documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros penales. “Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal”, dijo Guevara Rosas. 

Entre estos está el caso de un adolescente de 16 años que fue detenido en abril. Él contó cómo la primera noche estuvo encadenado a una pared en un centro de detención policía para adultos y denunció haber sido golpeado. Después, en un Centro de Resguardo de Menores miembros de una pandilla con quienes compartía celdas lo torturaron de forma continúa, golpeándolo en la cabeza, en la cara, dándole patadas en el pecho. También le tiraron una bolsa llena de orines en la cabeza. El menor de edad aseguró que estos malos tratos eran del conocimiento de los funcionarios del centro. 

Ante todo lo registrado, Amnistía Internacional advirtió que podría dar lugar a responsabilidad penal internacional.