Bitácora del régimen | Día 80

Organizaciones internacionales advierten que régimen ha resultado en posibles crímenes de lesa humanidad

Cristosal podría lanzar alerta de lesa humanidad a la comunidad internacional por violación generalizada de derechos humanos en El Salvador.

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Por Xenia Oliva

“El régimen de excepción en El Salvador ha resultado en graves abusos contra la población y en posibles crímenes de lesa humanidad”, fue como se pronunciaron las organizaciones Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), Fundación Internacional de Seattle (SIF) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Las organizaciones internacionales señalaron que reconocen el impacto grave y negativo de las pandillas en las comunidades, pero que la implementación del régimen de excepción se ha caracterizado por detenciones masivas e indiscriminadas, dando pie a graves abusos y atropellos cometidos por el Estado salvadoreño.

“Bajo la justificación de proteger a la ciudadanía de la violencia de pandillas y amparadas en este régimen, las fuerzas armadas y policiales someten a residentes de comunidades pobres y personas de la clase trabajadora a un sistemático acoso e intimidación, amenazas, robos, extorsiones y chantajes. En diversos casos se ha documentado que la denuncia de una detención arbitraria ha originado la detención injustificada de varios miembros del grupo familiar”, expusieron.

Además, expresaron su preocupación por las violaciones al debido proceso en las audiencias exprés con cientos de detenidos. Así como los continuos señalamientos de funcionarios públicos contra abogados y organizaciones de derechos humanos con el fin de desprestigiarles e incluso criminalizarles.

“No se descarta que este acoso y persecución se agudice en los próximos días mediante acciones legales en su contra”, señalaron.

También indicaron que los altos niveles de hacinamiento que ya existían en los centros penales se han profundizado con las capturas masivas, al igual que la precaria alimentación y acceso limitado a servicios de salud. Por ello señalaron que está el riesgo de que se desencadene una grave crisis humanitaria en los centros penales.

“Las capturas masivas y arbitrarias sin orden judicial como política criminal; las torturas, lesiones y graves abusos que han sufrido miles de personas por parte de agentes del Estado, tanto durante su detención como dentro de los centros penales; el sinnúmero de abusos a los que podrían estar sometidas muchas personas inocentes dentro de los centros penales; y las desapariciones forzadas de detenidos de los que no se tiene certeza de su paradero, podrían estar configurando delitos de lesa humanidad”, expusieron.

Cristosal estima necesario alerta de lesa humanidad a la comunidad internacional

La organización Cristosal compartió un informe de las atenciones a víctimas de violaciones a derechos humanos durante el segundo mes del régimen de excepción. En el período del 27 de abril al 25 de mayo, la organización registró al menos 15 casos de personas fallecidas mientras estaban en un centro penal. En el primer período del régimen habían contabilizado cinco fallecidos.

“En al menos 14 de los 20 casos de muertes arbitrarias identificadas en el presente informe, se poseen elementos preliminares para ser consideradas como ejecuciones extralegales, dada la responsabilidad de autoridades estatales por su acción o su omisión”, sostuvo Cristosal.

Hasta el 25 de mayo, Cristosal había recibido 743 denuncias por la afectación de los derechos de 798 personas. El 91.7 % de los casos que recibido son por detenciones arbitrarias, no obstante, estas se han dado en conjunto con otras violaciones a los derechos humanos como torturas.

Cristosal identificó casos, durante el segundo período del régimen, en los que se relató cómo las personas detenidas son golpeadas por agentes de seguridad. También hay casos en los que los familiares son amenazados cuando cuestionan por qué las personas son detenidas.

“El segundo período del régimen también se caracterizó por la irrupción clara de prácticas de tortura y malos tratos durante las detenciones, como un patrón claro de comportamiento. Así mismo, se ha confirmado la realización de torturas dentro de los centros penales, y el sometimiento de la población interna a tratos crueles, inhumanos y degradantes generalizados, especialmente en aquellos establecimientos donde se ha confinado a miles de personas detenidas a causa del régimen de excepción”, destacó la organización.

Cristosal también expuso su preocupación por la situación de personas con enfermedades crónicas que han sido llevadas a centros penales y no están recibiendo sus medicamentos, al igual que la situación de personas con discapacidad que han sido detenidas.   

La organización señaló que los abusos cometidos durante el régimen de excepción implican violaciones a los instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño.

El Salvador ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ER) el 27 de noviembre de 2015. En su artículo 7, el Estatuto define como crímenes de lesa humanidad “la perpetración de diversos actos de grave violencia cuando estos se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Cristosal expuso que “varios de los actos criminales de trascendencia internacional contemplados en el Estatuto de Roma se estén perpetrando en El Salvador de forma sistemática y generalizada, como consecuencia del régimen de excepción aprobado desde el 27 de marzo de 2022”.Entre estos actos están las denuncias por torturas, muertes arbitrarias que configuran asesinatos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la incomunicación total con las familias que ha derivado en una situación de desaparición forzada para muchos detenidos.

“El gobierno de El Salvador promueve y ejecuta estas violaciones a los derechos humanos como parte de una política de persecución a un segmento poblacional caracterizado por ser una población civil mayoritariamente joven, y quienes residen en zonas estigmatizadas por la pobreza y la violencia de las pandillas. El alcance “masivo” de este uso de la violencia estatal arbitraria durante el régimen de excepción en El Salvador ha arrojado más de 35 mil detenciones”, señaló la organización.

Por ello, Cristosal anunció que ha considerado necesario lanzar una alerta de lesa humanidad a la comunidad internacional.  

Además, señaló que pese a todo, Cristosal ha seguido atendiendo también casos de desplazamiento forzado interno provocados principalmente por las pandillas.