Toda persona tiene derecho a la información pública, así como a participar en las decisiones de política pública, incluyendo la política fiscal. En ese sentido, una de las obligaciones de los Estados es garantizar que la política fiscal sea transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas: las personas tienen derecho a la información fiscal. Tal como lo desarrollan los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, los Estados están obligados a:

-Producir, publicar y dar acceso a información fiscal de calidad, clara y comprensible, disponible para la consulta de toda persona.  

-Asegurar que la información fiscal se clasifique y desagregue de manera que permita un análisis con perspectiva de derechos y en clave de desigualdad, incluyendo criterios como el género, pertenencia étnica y ciclos de vida. 

-Garantizar que la adopción de decisiones de política fiscal esté abierta a un debate público informado por procesos de diálogo social inclusivo, amplio, transparente y deliberativo, con base en evidencia sólida y fiable de diferentes fuentes, y mediante un lenguaje accesible. La participación debe ser equitativa, plena, significativa, multisectorial, e inclusiva.

Una valiosa herramienta para conocer cómo los Estados centroamericanos han cumplido algunas de las anteriores obligaciones dentro del ciclo presupuestario es la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés), elaborada por la International Budget Partnership. La OBS, lanzada por primera vez en 2006, es un instrumento de investigación independiente, comparativo y basado en evidencia que mide aspectos de transparencia, participación y vigilancia presupuestaria. Los resultados de esta encuesta se basan en 228 preguntas iguales para todos los países, las cuales son respondidas por investigadores provenientes de sociedad civil e instituciones académicas.

Recientemente se han publicado los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021-Centroamérica, la cual evaluó a cinco países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En materia de transparencia presupuestaria, los resultados mostraron que la región aún no cuenta con suficiente transparencia presupuestaria,  con una puntuación promedio de 54 sobre 100 puntos. Al desagregarse por país, los resultados muestran que ninguno en Centroamérica se encuentra dentro de la categoría de países con “Información extensa disponible” (81 a 100 puntos), tres países (Costa Rica, Guatemala y Honduras) se ubicaron en la categoría de países con “Información sustancial disponible” (61 a 80 puntos) y dos  (El Salvador y Nicaragua) se ubicaron en la categoría de “Información limitada disponible” (41 a 60 puntos). Como se muestra en la siguiente gráfica, en 2021, no hubo cambios sustanciales en materia de transparencia presupuestaria en Centroamérica.