Opinión

Centroamérica: Transparencia y participación presupuestaria aún sin cumplirse

Julio César Hernández

Julio César Hernández

Investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Una de las obligaciones de los Estados es garantizar que la política fiscal sea transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas: las personas tienen derecho a la información fiscal.

Por Julio César Hernández* 

Toda persona tiene derecho a la información pública, así como a participar en las decisiones de política pública, incluyendo la política fiscal. En ese sentido, una de las obligaciones de los Estados es garantizar que la política fiscal sea transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas: las personas tienen derecho a la información fiscal. Tal como lo desarrollan los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, los Estados están obligados a:

-Producir, publicar y dar acceso a información fiscal de calidad, clara y comprensible, disponible para la consulta de toda persona.  

-Asegurar que la información fiscal se clasifique y desagregue de manera que permita un análisis con perspectiva de derechos y en clave de desigualdad, incluyendo criterios como el género, pertenencia étnica y ciclos de vida

-Garantizar que la adopción de decisiones de política fiscal esté abierta a un debate público informado por procesos de diálogo social inclusivo, amplio, transparente y deliberativo, con base en evidencia sólida y fiable de diferentes fuentes, y mediante un lenguaje accesible. La participación debe ser equitativa, plena, significativa, multisectorial, e inclusiva.

Una valiosa herramienta para conocer cómo los Estados centroamericanos han cumplido algunas de las anteriores obligaciones dentro del ciclo presupuestario es la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés), elaborada por la International Budget Partnership. La OBS, lanzada por primera vez en 2006, es un instrumento de investigación independiente, comparativo y basado en evidencia que mide aspectos de transparencia, participación y vigilancia presupuestaria. Los resultados de esta encuesta se basan en 228 preguntas iguales para todos los países, las cuales son respondidas por investigadores provenientes de sociedad civil e instituciones académicas.

Recientemente se han publicado los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021-Centroamérica, la cual evaluó a cinco países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En materia de transparencia presupuestaria, los resultados mostraron que la región aún no cuenta con suficiente transparencia presupuestaria,  con una puntuación promedio de 54 sobre 100 puntos. Al desagregarse por país, los resultados muestran que ninguno en Centroamérica se encuentra dentro de la categoría de países con “Información extensa disponible” (81 a 100 puntos), tres países (Costa Rica, Guatemala y Honduras) se ubicaron en la categoría de países con “Información sustancial disponible” (61 a 80 puntos) y dos  (El Salvador y Nicaragua) se ubicaron en la categoría de “Información limitada disponible” (41 a 60 puntos). Como se muestra en la siguiente gráfica, en 2021, no hubo cambios sustanciales en materia de transparencia presupuestaria en Centroamérica.

En cuanto a la participación presupuestaria la OBS mostró que en todos los países centroamericanos evaluados los espacios y mecanismos de participación del público en las discusiones y decisiones presupuestarias es significativamente insuficiente: todos los países obtuvieron calificaciones que los ubican en la categoría de “poca participación” (0 a 40 puntos). El promedio regional fue de 14 de 100 puntos, mostrando que los espacios para la participación son casi nulos, sin que existan cambios significativos en los últimos años. Esta situación «reafirma el desafío que los Estados centroamericanos tienen para implementar cambios para que sus poblaciones, particularmente los grupos vulnerables, puedan participar activamente en el presupuesto, dotando así de mayor legitimidad el quehacer de la administración pública».

En cuanto a la vigilancia presupuestaria, los resultados de la encuesta revelaron que Centroamérica es aún una región con escaso control presupuestario. El promedio regional fue de 59 de 100 puntos, lo que muestra a países cuyos marcos legales e institucionales establecen mecanismos de control del presupuesto por parte del legislativo y organismos contralores, pero que no se implementan de manera oportuna y efectiva. Dos países (Costa Rica y El Salvador) obtuvieron calificaciones en la categoría de “Vigilancia adecuada” (61 a 100 puntos), mientras que los otros tres países se clasificaron con puntuaciones que los ubican en la categoría “Vigilancia limitada” (41 a 60 puntos). El informe muestra la preocupación por el menoscabo de la efectividad de las instancias y mecanismos de control sobre los presupuestos públicos derivado del debilitamiento de la institucionalidad democrática y del Estado. 

En general, los resultados de la OBS evidencian que los Estados centroamericanos están estancados en su obligación de transparencia, participación y vigilancia presupuestaria. Los Gobiernos generan y ponen a disposición información del presupuesto público, pero con casi inexistentes espacios de participación ciudadana y con vigilancia escasa por parte de los órganos de control. No existen avances estructurales y, más bien, hay alertas para la sociedad ante los retrocesos en la democracia y en la garantía de los derechos humanos de la región. Estos resultados hacen ver la urgencia de que los Estados centroamericanos garanticen un ciclo presupuestario transparente, participativo y sujeto a la rendición de cuentas, lograrlo dotará de legitimidad a las decisiones sobre el uso de los recursos públicos en los países de la región. 

Julio César Hernández

Julio César Hernández

Investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

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