Bitácora del régimen | Día 95

Familiares de detenidos durante régimen presentan 15 hábeas corpus

Más personas siguen acudiendo a la Corte Suprema de Justicia para abogar por sus familiares detenidos durante el régimen.

Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción presentan 15 hábeas corpus ante la CSJ. Aseguraron que sus parientes no pertenecen a las pandillas y que fueron capturados arbitrariamente. Fotografía / Karen Moreno
Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción presentaron 15 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aseguraron que sus parientes fueron capturados arbitrariamente por la Policía Nacional Civil (PNC) y que han sido acusados injustamente de pertenecer a las pandillas. 

Vamos a agotar todos los recursos e instancias para demostrar la inocencia de nuestros familiares”, dijo una joven, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias. Su hermano Daniel Linares, de 30 años, fue capturado por la Policía el 26 de abril de este año, a las 10:00 a.m. mientras dormía, después de una jornada laboral nocturna, en la Colonia Urbina, en Lourdes Colón, La Libertad. 

Entre los documentos que su hermana presentó en el habeas corpus está su constancia de trabajo como asistente del jefe de operaciones de una empresa y solvencia de antecedentes penales. Su hermana teme que Linares pierda su trabajo, porque el juez decretó detención provisional por seis meses mientras continúan las investigaciones. Este hecho ha impactado en la vida de la hija de Linares, de 12 años, quien ha quedado al cuidado de su abuela. Además, la señora se enfermó al saber que su hijo fue detenido y trasladado al Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. 

El artículo 11 de la Constitución de la República establece que “la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad”. 

Los familiares han asegurado que sus parientes fueron detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas, aunque no hay investigaciones por parte de la Policía que respalden esta acusación. Clarisa Iraheta Martínez relató a esta revista que tanto sus dos hermanos como su esposo fueron capturados en fechas distintas por supuestamente pertenecer a las pandillas. 

Robert William Iraheta Martínez y Pablo Alexis Iraheta Martínez acababan de jugar un partido de fútbol cuando los capturaron en la Colonia Santa María, municipio de San Martín, el 24 de abril de este año. Según Iraheta, los agentes de la Policía ni siquiera pidieron su documento de identidad al momento de su detención. Uno de ellos está enfermo y tiene cálculos renales, pero no ha podido acceder a su medicamento en Mariona. Por su parte, su esposo Abel de Jesús Parada Diaz fue capturado mientras se dirigía a obtener la solvencia de antecedentes penales de la Policía, el 6 de mayo. 

Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, dijo a GatoEncerrado que con la presentación de estas demandas se espera que la Sala de lo Constitucional determine lo más pronto posible que existen ilegalidades. Sin embargo, Diaz señaló que ninguna de los 60 habeas corpus que han presentado hasta el momento han sido admitidos o resueltos. Actualmente, la Sala de lo Constitucional está conformada por magistrados afines al oficialismo, porque fueron impuestos por los diputados de Nuevas Ideas de manera exprés el 1 de mayo de 2021. 

Human Rights Watch responde a acusaciones de Bukele 

La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, envió una carta al presidente Nayib Bukele, en respuesta de los comentarios que hizo sobre el trabajo de la entidad internacional. 

“Condenamos la violencia de pandillas y los abusos policiales y reiteramos nuestra solicitud para mantener una reunión sobre DDHH en El Salvador”, dijo Taraciuk. 

En su carta, HRW repudió el homicidio de los tres policías en Santa Ana. “Durante años, las pandillas en El Salvador han cometido brutales abusos en el país, que incluyen homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores, violaciones sexuales y desplazamientos forzados, los cuales hemos documentado y condenado en reiteradas oportunidades”, sostuvo la entidad. 

Añadió que el Estado salvadoreño debe tomar medidas para proteger a la población de los abusos de las pandillas, pero conforme al derecho internacional de los derechos humanos. 

Expuso que también es necesario priorizar proyectos de prevención y rehabilitación para disminuir el reclutamiento de las pandillas. 

“Por el contrario, su gobierno ha priorizado un enfoque punitivo de “guerra contra las pandillas” que privilegia el encarcelamiento masivo sin debido proceso como respuesta a la criminalidad”, señaló HRW. 

Taraciuk expresó que desde el inicio del régimen de excepción han documentado violaciones a derechos humanos. 

“Lamentablemente, en El Salvador, quien hoy es víctima de las pandillas mañana puede terminar recorriendo los centros de detención en busca de familiares detenidos de forma arbitraria por la policía”, expuso. 

Expresó que Human Rights Watch “aboga por los derechos de todos los salvadoreños y las salvadoreñas, quienes en el contexto actual se encuentran expuestos tanto a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de la autoridad”. 

Por último recordó que han solicitado una reunión con Bukele, pero siguen sin recibir respuesta desde abril.

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