Bitácora del régimen | Día 109

Pronunciamiento de PDDH tras visita a penal de Izalco sin mención a muertes en el centro

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, junto al director de Tejido social, Carlos Slim, durante el lanzamiento de talleres de formación en Derechos Humanos que se impartirán en los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO). Fotografía / PDDH

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Por Xenia Oliva

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) compartió nuevamente en un video el pronunciamiento del procurador Apolonio Tobar, tras su visita al centro penitenciario Izalco. La institución destacó que su pronunciamiento se daba conforme a las “atribuciones constitucionales y legales de vigilar la situación de las personas privadas de libertad”.

El pronunciamiento fue el mismo que se compartió durante la noche del 11 de julio. Ese día, durante la mañana, Tobar visitó el complejo Penitenciario de Izalco, Centro Penal de Máxima Seguridad y la Granja Penitenciaria, junto al director de Centros Penales, Osiris Luna.

En ninguna parte de su pronunciamiento, tanto el compartido el 11 como el 13 de julio, se hace mención alguna a las múltiples denuncias de privados de libertad del centro penitenciario de Izalco que han fallecido. Al menos 37, de los 60 casos de fallecidos reportados, estaban recluidos en Izalco y la mayoría fueron llevados al Hospital Jorge Mazzini en condiciones precarias de salud donde fallecieron.

En más de un caso la familia ha reportado que el cuerpo de su pariente tenía marcas de haber recibido fuertes golpes e incluso quemaduras.

No obstante, por el momento, en el pronunciamiento de la PDDH no hubo mención o respuestas a estas denuncias.

El inicio del pronunciamiento es similar al emitido tras su visita al centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, en el que se describió brevemente el centro y se afirmó que los privados de libertad con enfermedades crónicas están en el centro penitenciario de Quezaltepeque y quienes padecen de tuberculosis son llevado al de Usulután.

Tobar aseguró que corroboraron la entrega de kits de los familiares a las personas privadas de libertad.

“Constatamos que los internos reciben tiempo de sol por grupos debido a la enorme cantidad de privados de libertad que se tiene en cada uno de ellos ese tiempo se complementa con actividades de recreación física”, aseveró Tobar.

También afirmó que entrevistaron a personas privadas de libertad en fase de confianza que dijeron recibir los tres tiempos de alimentación. No obstante, se ha señalado que las personas detenidas durante el régimen de excepción están en otras circunstancias.

“A pesar del notable esfuerzo que se ha hecho por generar más espacios físicos que resguarden privados de libertad es evidente el problema con el hacinamiento y la necesidad de generar condiciones estructurales para que haya más y mejor ventilación de aire natural en las celdas”, observó Tobar.

El tema del hacinamiento es uno de los pocos que Tobar recalca que se debe mejorar.

 

Tobar reiteró la recomendación al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, de “mantener la vigilancia permanente sobre las acciones y medidas que se adopten para el control de las personas privadas de libertad a efecto de prevenir que en todo centro penal exista afectación a la integridad física y psicológica de estos”.

También volvió a pedir que se apliquen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como “Reglas Mandela”.

Este día, Tobar también participó en el lanzamiento de los talleres de formación en Derechos Humanos, junto al director de Tejido Social, Carlos Marroquín. Estos talleres se brindarán en los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO).

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) pide respetar separación de poderes e independencia judicial

 La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) documentó desde 2019 cómo se ha producido una captura del sistema judicial en El Salvador. Iniciando desde la construcción de un discurso hostil contra la justicia, hacia la captura de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, y el desmantelamiento de la carrera judicial.

De acuerdo a DPLF, la cooptación del sistema de justicia “compromete gravemente la garantía de los derechos y libertades de la población salvadoreña al generar condiciones para una justicia selectiva”.

En su informe “Justicia Amordazada: La captura del sistema de justicia en El Salvador”, DPLF apunta cómo la captura del órgano judicial y su sometimiento institucional se dio a través de la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa.

“Hemos podido determinar que el deterioro de la justicia en El Salvador fue deliberado, y se consumó a través de una serie de pasos consecutivos para obtener ese resultado. Uno de sus impactos más graves está en la inexistencia de tribunales independientes para proteger los derechos y las libertades de las y los ciudadanos”, dijo Úrsula Indacochea, directora del programa Independencia Judicial de DPLF.