Las más de 45,000 capturas ejecutadas por militares y policías han sido utilizadas en la narrativa del gobierno de Nayib Bukele para evidenciar la efectividad del régimen de excepción; sin embargo, el Movimiento de Trabajadores de la Policía asegura que se les ha impuesto una cuota diaria de detenciones, incluso si esto significa capturar a personas inocentes, implantarles pruebas y acusarlos de cargos falsos.
“Agrupaciones ilícitas” es el delito que las autoridades utilizan para justificar la mayoría de los arrestos, pese a que algunos de los detenidos no poseen tatuajes alusivos ni antecedentes penales u órdenes de captura. Durante el régimen de excepción, desde las capturas hasta las audiencias, las autoridades ya dictaron una “sentencia” sin haber pasado por el debido proceso: Todos son culpables.
Los defensores de la Procuraduría General de la República (PGR) no tienen la capacidad para defender individualmente a cada detenido en audiencias virtuales en las que son juzgadas más de 20 personas a la vez y tampoco tienen tiempo para demostrar ninguna prueba de inocencia. El régimen de excepción anula el derecho de defensa.