Por Xenia Oliva

En lo que va del régimen de excepción, al menos 63 privados de libertad han fallecido en centros penales, hospitales nacionales o en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC). Todas estas personas estaban bajo custodia del estado al momento de su muerte.

Pese a que a inicios de junio, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, expresó que todas las instituciones involucradas se activan ante estos casos, poco se ha conocido sobre el desarrollo de investigaciones ante cada una de las muertes. Los familiares de los fallecidos suelen señalar que no solo desconocen sobre investigaciones de sus casos, sino que en muchas ocasiones ni siquiera les avisan que su pariente tiene problemas de salud, ha sido llevado a un hospital o ha fallecido. En distintos casos, son las funerarias privadas las que llegan directamente a las casas de los familiares para avisar que la persona ha muerto.

Cristosal es una de las organizaciones civiles que está recibiendo más denuncias por detenciones arbitrarias e incluso ha atendido casos de muertes de privados de libertad.

“Desconocemos si hasta ahora la Fiscalía General de República (FGR) ha iniciado investigaciones y esto estaría incumpliendo su deber porque tendría que hacerlo”, dijo Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

Al respecto del uso de militares como auxiliares de autopsia en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, López consideró que parece una intromisión en las facultades del IML.

“Están haciendo actividades que no les corresponden, la Fuerza Armada no tiene ni la experticia técnica ni legalmente está facultada para ese tipo de intervenciones”, dijo.