Por Karen Moreno

La Policía Nacional Civil (PNC) se negó a entregar las cifras de denuncias de feminicidios y feminicidios agravados, dos de los 11 delitos que sanciona la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

GatoEncerrado solicitó la cantidad de denuncias relacionadas con los delitos contra las mujeres y otros contra la libertad sexual, contemplados en el Código Penal, a partir del 1 de marzo hasta el 1 de junio de este año. Sin embargo, la Policía informó que las denuncias sobre feminicidios fueron declaradas como información reservada por un periodo siete años. 

La PNC justificó que de revelarse esa información se pondría en peligro la defensa nacional y seguridad pública; la vida, la seguridad, la salud de cualquier persona; causaría un serio perjuicio a la investigación o persecución de actos ilícitos; comprometería las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso; y generaría una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero.

La institución únicamente entregó el número de denuncias del resto de delitos, pero sin brindar detalles de edad de las víctimas ni de los municipios y departamentos donde ocurrieron, a pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que cuando se trate de estadísticas, “la información deberá ser publicada de forma completa y desglosada, incorporando los indicadores de sexo y edad y cualquier otro que permita que el ciudadano pueda ser correctamente informado”.

Uno de los argumentos de la Policía para no entregar detalles de variables es que el artículo 10, numeral 23, de la Ley de Acceso a la Información les permite divulgar información estadística, protegiendo la información confidencial. Sin embargo, GatoEncerrado no pidió información confidencial, la cual está definida en el artículo 24 de la misma ley como el “derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen; datos personales que requieran consentimiento de los individuos para su difusión; los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal bancario, fiduciario u otro”.

La Policía señaló que la información está reservada en la declaratoria No.PNC/DG/COP.1.1-A-001-05-2022, del 4 de mayo. Al revisar el índice de reserva de información se encontró que se refiere a “bases de datos y archivos de información sobre incidencia delictiva; información relacionada con diferentes delitos como: víctimas, personas detenidas, reos en bartolinas policiales, armas de fuego incautadas, información geográfica policial; documentos como: planes operativos, órdenes de operaciones, directivas, circulares, etc.; asimismo estadísticas relacionadas con lo antes mencionado”. Este acuerdo ha servido a la Policía para reservar también los homicidios y las desapariciones de personas. 

Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac), consideró que la reserva es sumamente amplia, porque puede reservarse cualquier acto delictivo, como estadísticas de robos, extorsiones, secuestros, entre otros. Recordó que las reservas genéricas son ilegales y que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya se había pronunciado al respecto. 

GatoEncerrado llamó el 26 de julio a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Policía para pedir una aclaración sobre la reserva, debido a que en el índice no contempla la reserva de datos sobre feminicidios. La resolutora a cargo se limitó a decir que su papel es solicitar la información a las oficinas internas y trasladarla al ciudadano. 

“No le podría decir (nada) porque así nos la enviaron ellos (la información) y yo le estoy dando lo que la Cop (Centro de Información y Control Operativo Policial) me ha mandado a mí, que fue donde yo la solicité”, respondió.

Esta revista también cuestionó por qué la Policía no entregó detalles geográficos y edad de las víctimas de los delitos alegando confidencialidad; sin embargo, nuevamente la resolutora se excusó: “lo que en realidad a nosotros nos importa es que esa información está reservada. Yo no reservo esa información ni la Oficina de Acceso a la Información, quienes hacen la reserva son los entes que tienen esa información”. 

¿Cómo afecta la falta de datos?

Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, aseguró que la organización defensora de derechos de las mujeres también ha tenido limitaciones para actualizar su observatorio de violencia, porque tampoco han tenido acceso a datos desde la plataforma del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Juárez sostuvo que la búsqueda de esos datos “no llevan el afán de criticar o hacer mal uso de la información, sino que responde a un principio de transparencia que es básico en toda democracia”. Además, permiten medir o tomar el pulso de las decisiones del poder público, que pueden estar determinando las condiciones de vida de las mujeres. 

Juárez agregó que el análisis de datos de violencia también permitía comparar la situación en la región y los sistemas de alerta de vida temprana. 

Debido a esta reserva, no se podrá analizar el comportamiento del fenómeno de los feminicidios y los feminicidios agravados en el país. 

Los datos entregados por las instituciones, hasta antes de la reserva, indicaban que la violencia contra las mujeres no se detiene.  Según cifras de la Fiscalía, en 2018 se cometieron 232 feminicidios; en 2019, 113; en 2020, 72; y en 2021 volvió a incrementar a 81.