Por Melissa Paises

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que sin marcar ninguna posición política las parroquias y la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador escuchan y brindan orientación a las personas que han denunciado detenciones arbitrarias en el Régimen de Excepción. 

Según la página web, la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado cuenta con una unidad jurídica que atiende denuncias por vulneraciones a derechos humanos y brinda acompañamiento jurídico. De ser necesario, también procura judicialmente a favor de las víctimas.

“En el Arzobispado tenemos el Organismo de Tutela de Derechos Humanos; por supuesto que estamos escuchando a las personas y orientándolas en la medida de lo posible. Es esa una de nuestras funciones”, aseguró en la conferencia del domingo 31 de julio.

Durante el Régimen de Excepción, familiares y organizaciones han denunciado casos de personas capturadas a pesar de ser inocentes. Del el 27 de marzo al 13 de junio, Cristosal reportó casi 2 mil denuncias por violaciones a derechos humanos, de las cuales el 97. 4 % eran sobre capturas arbitrarias.  

Escobar Alas no quiso sentar ninguna postura sobre el Régimen de Excepción; sin embargo, sostuvo que ha escuchado opiniones a favor y en contra. Aseguró que la mayoría de personas quieren que termine la violencia y que no sea una tregua más entre el gobierno y las pandillas; además, algunas personas ya no están pagando extorsiones, pero guardan el dinero porque no saben si más adelante se las exigirán. 

Por otra parte, existe descontento porque el régimen ha permitido capturar a personas inocentes, catalogadas desde el gobierno como un “margen de error”.

El arzobispo también se refirió al Plan Transporte Seguro, recientemente implementado por el Gobierno, con el que policías y militares revisarán los documentos de las personas en el transporte público y en las paradas. Escobar Alas aseguró que no ha recibido ninguna queja al respecto; al contrario, “los usuarios están contentos”.

“He escuchado a los que se han expresado sobre esto, me refiero a las personas pobres que hacen uso del transporte público, y lo que he oído en todos es que están contentos, que esto les ofrece seguridad, y eso está muy bien”, dijo.

Sin embargo, algunos expertos se han pronunciado sobre esta medida ya que aseguran que se trata de una militarización del transporte público.

“Ahora el lanzamiento de este plan en el contexto actual más bien va a encaminado a ejercer control militar en medios donde hay circulación importantes flujos de gente. Habrá que estar pendiente porque podría ser el inicio de la ocupación militar de ámbitos claves para el funcionamiento del país”, aseguró Jeannete Aguilar, especialista en temas de seguridad pública y violencia.