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“Lamentablemente lo que está viviendo El Salvador nos va a estallar en la cara en un futuro. Nos va a estallar este daño que se hace a la familia de gente inocente, de niños que quedan sin sus padres, de madres sin sus hijos. Vamos a pagar las consecuencias en un futuro”, expuso Omar Serrano, director del IDHUCA, durante la presentación del informe de análisis de los primeros 100 días de régimen de excepción.
El informe fue elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, en el que hizo un análisis de los distintos datos presentados por entidades como la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía, Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Así como de los registros de las denuncias recibidas por organizaciones como el IDHUCA y Cristosal.
Al analizar tres informes de verificación elaborados por la PDDH, en el período del 27 de marzo al 24 de junio, la institución recibió 306 denuncias vinculadas a las violaciones al derecho a la integridad personal, torturas, malos tratos o tratos crueles e inhumanos. El hecho violatorio más recurrente fue la negativa de agentes o funcionarios a brindar información de la ubicación de la persona detenida a sus familias. También hubo tres denuncias por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así como la falta de acceso a medicamentos de personas privadas de libertad.
A través del monitoreo de medios, el OUDH identificó 63 casos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a escala nacional.
La principal denuncia a escala nacional fue por detenciones arbitrarias. La PDDH reportó que, hasta el 24 de junio, había recibido 1,891 denuncias de vulneraciones al derecho a la libertad persona. De estas, 1,673 eran por detenciones ilegales o arbitrarias. Mientras que Cristosal recibió 1,941 casos de detenciones ilegales. Y el IDHUCA recibió 219 casos de detenciones arbitrarias.
Hasta el 18 de julio, 38,752 personas habían recibido la orden de mantenerse en prisión provisional. Al sumar la cantidad con las 36,663 personas que ya eran privadas de libertad, da un total de al menos 76,415 personas en el sistema penitenciario. Esto implica una sobrepoblación del 247.6 %. Los investigadores de el OUDH señalaron que esto implica una situación alarmante de hacinamiento carcelario.
Muertes en centros penales
Durante los primeros 100 días del régimen de excepción, el OUDH registró 59 muertes de privados de libertad. El 35.5 % tenían 42 años o más. Mientras que el 27.1 % tenían de 18 a 30 años y el 27.1 % de 31 a 41 años.
Sin acceso a la justicia
Las vulneraciones al derecho a la justicia son parte de las principales afectaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante el régimen de excepción. Además de las detenciones masivas se han desarrollado audiencias judiciales colectivas.
Durante los primeros 100 días del régimen, 18,215 imputados e imputadas fueron procesados por medio de 93 audiencias masivas. Además de las irregularidades en los procesos, como la negativa de los juzgados de brindar acceso a los expedientes a los abogados defensores existe la sobresaturación de trabajo para los defensores públicos de la PGR.
“La PGR se ha visto desbordada en sus capacidades para atender el incremento en la demanda de servicios durante el régimen de excepción, lo que en la práctica se traduce en vulneraciones al ejercicio del derecho de defensa y en un insuficiente e inadecuado trato a quienes requieren sus servicios”, señaló el OUDH.
En datos obtenidos a través de la unidad de acceso a la información pública de la PGR, el OUDH pudo conocer que en junio de 2022 la PGR tuvo que brindar 13,182 asistencias legales a escala nacional. En total se asignaron 12,131 expedientes distribuidos en las 18 procuradurías a escala nacional.
Hubo unidades en las que la cantidad de expedientes recibidos sobrepasó con creces sus capacidades. Por ejemplo, en la unidad PGR auxiliar de Metapán solo había un defensor para junio y recibieron 96 expedientes en ese mes. La unidad de Sonsonate ha sido una de las más sobrecargadas. En junio recibió 900 expedientes que se tuvieron que dividir entre 11 defensores públicos. Es decir, un promedio de 82 por persona.
Recomiendan investigar violaciones a derechos humanos y no prorrogar régimen
Sobre el motivo de las prórrogas al régimen, Serrano expuso que hay una incapacidad del gobierno para combatir la delincuencia respetando a los derechos humanos. Además, señaló que las prórrogas les permiten esquivar temas como la rendición de cuentas y la transparencia. Estas prórrogas se facilitan porque también cuentan con la aprobación de la población, dijo.
El OUDH recomendó a la Asamblea Legislativa dejar sin efecto las prórrogas al régimen, restituyendo las garantías procesales.
A la FGR, PDDH e inspectoría de la PNC les pidió que investiguen de forma parcial las denuncias a las violaciones a los derechos humanos.
“Las medidas represivas exclusivamente no son la solución para un problema de índole social”, expuso Serrano.
