Bitácora del régimen | Día 141

"En toda guerra hay víctimas inocentes": Félix Ulloa sobre el régimen

A criterio del vicepresidente Félix Ulloa, “en toda guerra hay víctimas inocentes”. Así lo dijo en una entrevista para el periódico francés Le Monde Journal en una entrevista que tocó, entre otros temas, el régimen de excepción y las denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador.

Fotografía /Twitter Félix Ulloa
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Por Carlos Hernández

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, intentó minimizar los atropellos a los derechos humanos que han sido denunciados en medio del régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo pasado por la Asamblea Legislativa. En una entrevista para el periódico francés Le Monde Journal, el 12 de agosto, también aseguró que “en toda guerra hay víctimas inocentes”.

Así justificó los cientos de denuncias de capturas arbitrarias y las más de 65 muertes en centros penales, donde han sido enviados los detenidos en los cinco meses de régimen de excepción, bajo la estrategia denominada “guerra contra las pandillas”. Explicó al periódico francés que esta medida fue necesaria ante un repunte de homicidios ocurrido en el último fin de semana de marzo, en el que fueron asesinadas 87 personas en distintos puntos del país.

El mandatario aprovechó la entrevista para insistir en su narrativa contra medios de comunicación, periodistas y representantes de organizaciones de sociedad civil que han evidenciado los casos de violaciones a los derechos humanos. Una de esas voces críticas es la del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, que indica 306 denuncias vinculadas a las violaciones al derecho a la integridad personal, torturas, malos tratos o tratos crueles e inhumanos desde la vigencia del régimen. 

“Hay un margen de error es natural y habrá que corregirlo”, dijo sin reparos al referirse de la captura de inocentes, esto pese a que su padre Félix Ulloa, un exrector de la Universidad de El Salvador, fue víctima la violencia del gobierno en turno que acabó con su vida en 1980, por defender sus ideales progresistas y de bien común.

En este sentido, el funcionario dijo que el uso de la fuerza es el “último recurso” para lograr la paz social.

“Las personas se ven afectadas porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero eso no es una política de Estado”, planteó.

Aclaró que sus palabras no buscan “justificar que haya víctimas inocentes”, sino que la responsabilidad es defender “los 8 millones de salvadoreños”.

Además, afirmó que el régimen no suspende la inviolabilidad de morada, pero sí los derechos a ser informado de razón de detención, a no ser interferido en las comunicaciones, a reunirse y a que la captura no exceda de 72 horas sin audiencia.

Ulloa manifestó al Le Monde que el régimen le permite al Gobierno de Bukele arrestar a las personas sin orden judicial y que “muchos pandilleros salieron de la cárcel por este tema técnico porque no había orden de aprehensión”.

“Hoy pueden ser arrestados sin orden judicial y permanecerán en prisión. La acusación tiene más tiempo para reunir las pruebas. Los jueces corregirán los errores a su debido tiempo”, sostuvo.

Asimismo, detalló que recapturar a los pandilleros que han cumplido sus condenas no implica doble juzgamiento, porque son recapturados por otra razón: porque pertenecen a una pandilla.

“El hecho de haber cumplido una pena no exonera al delincuente de su relación delictiva con la estructura delictiva”, dijo.

El funcionario también consideró  que “cuando sales de la cárcel, no eres un expandillero. Eres un pandillero…Con esta gente, es difícil”.

Pacto de Bukele con pandillas

Ulloa fue escueto respecto a la información que el periódico digital El Faro publicó sobre el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, que deja en evidencia una ruptura de una presunta tregua entre el Gobierno de Bukele y las pandillas. Esa ruptura, según lo informado por el periódico, es lo que habría desenlazado el incremento de homicidios del 25 al 27 de marzo.

En los audios, se escucha a Marroquín admitiendo que fue él quien sacó a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) del país.

“Primero, hay que preguntarse quién entregó ese audio al periodista. Un pandillero. El periodista es entonces culpable de tener lazos con las pandillas. Luego, hay que hacer la diferencia entre las acciones individuales de un funcionario y una política de Estado. Este gobierno no ha negociado ni negociará jamás con las pandillas. Si un funcionario, él o algún otro, tiene interacciones con las pandillas y puede tomar decisiones y llegar a acuerdos que pueden ser sacados de contexto, eso sigue sin ser una política de Estado”, declaró a la corresponsal de Le Monde, Angeline Montoya.