Foto/Emerson Flores/ Diseño Karina Hernández
Adrián y el silencio del gobierno salvadoreño ante las torturas del régimen
Adrián Solórzano era inocente, pero fue capturado en medio del régimen de excepción y acusado sin pruebas de pertenecer a una pandilla. En el penal fue torturado hasta morir. Nadie investiga su caso, mientras la familia pide justicia. El ministro de Seguridad guarda silencio ante las constantes denuncias de torturas y fallecimientos en penales.
Por Karen Moreno
@KarenMorenoPala
Hilda Solórzano intenta cambiar de tema, pero su pequeño sobrino Elian está en esa etapa de la obstinación infantil e insiste en su interrogatorio para saber si su papá va a despertar. A sus cuatro años aún no entiende el concepto de la muerte y por eso, parado a tres metros del féretro plateado de su joven padre, pregunta de nuevo.
—Tía Hilda, ¿mi papá tiene una herida?
—Tu papá no está herido, amor.
—Pero tiene los ojitos cerrados…
—Tú sabes que cuando alguien duerme cierra los ojitos.
—Pero mi papá no va a despertar.
—¿Cómo que no? Usted va a ver a su papito despierto.
—Pero solo en las fotos— argumenta Elian, mientras observa el retrato de su padre Adrián Efraín Solórzano Hernández, colocado sobre el ataúd y rodeado de una veintena de arreglos florales rojos, blancos y amarillos.
—Vaya a buscar a su tío para que le haga un avioncito de papel— le indica Hilda con su mano derecha, para convencerlo de cambiar de tema y que se distraiga un poco.
Cuando Elian desaparece entre las personas que han llegado al velorio, Hilda reconoce: “Es muy difícil explicar a un niño qué es la muerte”. Un día antes, el 6 de julio, el niño preguntó por qué su papá no se levantaba para jugar, como siempre lo hacía cuando regresaba a casa de trabajar como taxista o como cuando regresaba de la cancha de fútbol. Hilda intentó explicarle que su papá estaba dormido, como en un sueño muy largo, pero no le creyó.
La mañana anterior, la del 5 de julio, los empleados de la funeraria Casa Blanca tocaron la puerta de Hilda en Jucuapa, Usulután, para informarle de forma directa y sin consideraciones que su hermano Adrián había fallecido el 4 de julio en el hospital Zacamil, en San Salvador, donde fue trasladado desde el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Penal de Mariona. También le ofrecieron, de inmediato, un acuerdo económico para ayudarle con los trámites fúnebres.
Por un momento no tuvo idea de cómo reaccionar. Todo le llegó de golpe, de forma abrumadora. Así que, incrédula, despachó a los empleados de la funeraria y llamó a los dueños de Funerales Pacheco, a quienes conocía desde la infancia, para pedirles de favor que verificaran la información. Estaba convencida de que la noticia era falsa y que la muerte prematura de su hermano Adrián era imposible. No estaba enfermo el día de su captura ni nunca había tenido complicaciones de salud tan graves como para morir de repente.
Capturas arbitrarias de jóvenes
La noche del lunes 18 de abril, Adrián estaba descansando en su casa, ubicada en Jucuapa, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron y explicaron que andaban investigando una denuncia anónima en su contra, como parte de las diligencias del régimen de excepción que fue aprobado el 27 de marzo por la Asamblea Legislativa en acompañamiento a la estrategia del Gobierno de Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas y disminuir el repunte de homicidios de ese mes.
Su familia recuerda que ya eran las 8:00 de la noche y que Adrián se mostró sorprendido por la visita de los policías, ya que nunca perteneció a pandillas y tampoco estuvo involucrado en algún delito o actividad ilícita. Sea quien fuera la persona que lo denunció —afirman sus conocidos— se equivocó y lo acusó sin pruebas, a pesar de que llevaba una vida decente, hogareña y dedicada a ayudar a otros jóvenes en las escuelitas de fútbol organizadas por la alcaldía del municipio. En esas escuelitas, sus amigos rememoran que Adrián acompañaba e instruía adolescentes en el deporte para evitar que se metieran a las pandillas.
Fue el fundador de dos equipos de fútbol: “Vista Hermosa” y “Zetas”. Sobre este último, los jugadores explican que lo llamaron así para honrar su ritual de buscar y comer zapotes antes de los partidos y los entrenamientos con Adrián. El otro se llama “Vista Hermosa” en honor a la comunidad en la que viven los jugadores.
Tanto era su interés por apoyar a los muchachos que prestó un terreno para entrenar y jugar en Jucuapa. Su pasión por apoyar a los adolescentes fue tan evidente que una escuela del municipio le pidió su colaboración para convertirse en el director técnico del equipo.
“Este hombre deja huella en el pueblo, porque él nunca fue una mala persona. Se quitaba el bocado para dárselo a cualquiera que tuviera hambre”, dijo una tía de Adrián, quien pidió no revelar su nombre, por temor a las personas irresponsables que aprovechan el régimen de excepción para hacer denuncias anónimas sin fundamento ni pruebas, para que los policías vayan y cometan violaciones a derechos humanos al capturar arbitrariamente a jóvenes.
Aquella noche del 18 de abril, seguro de su inocencia, Adrián le dijo a los policías que no se iba a resistir y que los iba a acompañar a la subdelegación, como se lo estaban solicitando. Lo último que dijo, antes de salir de su casa y subirse al vehículo policial, fue: “El que nada debe, nada teme”.
Esa misma noche, la Policía capturó a Adrián y lo acusó del delito de agrupaciones ilícitas, como si perteneciera a una pandilla o tuviera vínculos con miembros de una estructura criminal.
Tres días después y sin seguir el debido proceso judicial, como es la práctica en el régimen de excepción, fue trasladado de las bartolinas policiales hacia el Centro Penal La Esperanza, en San Salvador. Esa información es la última que la familia de Adrián conoció sobre su paradero y proceso.
Adrián no es el único que ha sido capturado arbitrariamente en medio del régimen de excepción. Su caso es idéntico al de 2,700 personas detenidas por denuncias anónimas, sin pruebas ni fundamento o —como lo confirman expedientes revisados por periodistas— simplemente por ponerse “nerviosos” ante policías y militares.
De acuerdo con los datos recopilados por Cristosal, una organización que defiende derechos humanos, el 59 % de esos 2,700 casos de detenciones arbitrarias son de jóvenes entre 18 y 30 años de edad, como Adrián. 31 de esos casos son aún más alarmantes, ya que corresponden a los adolescentes con edades que oscilan entre 12 y 17 años, como los muchachos que Adrián acompañaba en la cancha de fútbol.
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A las 11:50 de la mañana del 5 de julio, Hilda recibió una llamada. Eran los dueños de Funerales Pacheco, quienes lograron confirmar que el cadáver de Adrián estaba en el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador y había que ir a reclamarlo. Es la única información que pudieron conseguir.
Así que Hilda tomó sus cosas y salió hacia San Salvador en un vehículo de esa funeraria. Durante las dos horas y media de camino, se sumergió en su mente para intentar entender cómo había fallecido. Según recuerda, imaginó que todas sus preguntas serían contestadas por algún médico forense y así encontraría algo de paz.
En su lugar, solo recibió una escueta esquela emitida por Medicina Legal, que básicamente decía que Adrián había fallecido “a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación”. Un médico forense agregó, antes de entregarle el cadáver de su hermano, que hay varios tipos de traumatismo que quedan después de una asfixia y que los hematomas en el cuello de Adrián —moretones o marcas por la sangre que quedó atrapada debajo de la piel tras golpes o presión— eran “un signo de sometimiento con un palo”.
Luego de esa breve plática con el forense, de regreso a Jucuapa con el cadáver de su hermano, se preguntó durante todo el recorrido: “¿Cómo va a ser posible que un reo, en un centro penal, tenga un palo para estrangular a otro?” y se respondió a sí misma, convencida de que no había otra forma: “Los únicos que usan palos o macanas son los custodios”.
Víctor Patiño Velázquez, doctor en medicina, explicó a GatoEncerrado que la causa más frecuente de una asfixia mecánica por estrangulación es un homicidio.
“En el sentido forense, ‘estrangulación’ solo nos dice que hubo algún tipo de presión mecánica sobre el cuello. Esta presión puede haber sido ejercida por manos, lazos u objetos rígidos. Por eso los hallazgos que no se consignan en la causa de muerte (de Adrián) son tan importantes para poder intentar contextualizar”, indicó Patiño.
Atormentada por las dudas y sin obtener las respuestas que quisiera, Hilda concluye que a su hermano lo torturó algún custodio hasta asesinarlo en prisión. No tiene pruebas, pero esa es su conclusión. Hilda está convencida de que Adrián de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia tomaría un palo, a saber de dónde en la prisión, para asfixiarse hasta morir. Su amor por sus hijos y los adolescentes que entrenaba en terrenos de Jucuapa era más grande que cualquier idea suicida.
La suposición de que un custodio lo haya torturado hasta morir también la deja inundada de preguntas, que probablemente nadie va a responder a pesar de que Adrián falleció bajo el cuidado y responsabilidad del Estado. Hilda tiene la convicción de que Adrián preferiría dejar pasar una ofensa para evitar la ira de una persona con el poder de torturarlo hasta matarlo. Según cuenta, su hermano era extrovertido, gracioso, el que contaba chistes en una reunión y alegraba el ambiente. Era el típico “alma de la fiesta”.
“Vengan acá, viejas roscas”, gritó a sus abuelas, un día antes de su captura, mientras las abrazaba y besaba en las mejillas durante una reunión familiar. Hilda cuenta que, al escuchar la forma como lo decía, todos rieron.
“Justo así como lo ve en la foto, así era él; muy amigable”, señala Hilda, en dirección al retrato que reposa sobre el vidrio del féretro.
Un minuto antes de partir hacia el cementerio municipal, Hilda agrega, con tono inexpresivo, como regresando a la realidad después de perderse en los recuerdos graciosos que tiene de su hermano: “Soy una persona que cuando tiene dudas busca esclarecerlas. Si es posible, voy a llegar hasta el fondo de este asunto”.
Centros de tortura
Adrián tampoco es el único caso de persona inocente capturada en el régimen de excepción que luego falleció en circunstancias que indican haber sido torturada o recibido tratos crueles e inhumanos. Desde el 27 de marzo, cuando fue aprobado el régimen de excepción, hasta el 10 de agosto fallecieron 66 personas en el interior de centros penales, según el seguimiento de casos que hace GatoEncerrado con el apoyo de los datos de Cristosal y el Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA. Los casos podrían ser más debido a un subregistro, según conclusiones de organizaciones de sociedad civil que señalan que las autoridades no revelan los datos de todos los privados de libertad que fallecen y que algunas de estas personas son enterradas en fosas comunes, sin que las familias se enteren.
Algunos de esos 66 fallecidos, según lograron saber sus familias, no tuvieron acceso a sus medicamentos o no fueron atendidos oportunamente por médicos para controlar sus enfermedades. 17 de los casos, según la Fiscalía, son “muertes por enfermedades preexistentes”. En los peores casos, algunos familiares contaron a GatoEncerrado que notaron moretones, fracturas y señales de torturas en los cuerpos que les entregaron.
Para buscar respuestas sobre el caso de Adrián, y de otras personas que fallecieron en penales, esta revista buscó al ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el pasado 29 de julio durante la juramentación de nuevos agentes de Policía. Al escuchar la pregunta, el ministro guardó silencio y caminó a su camioneta. GatoEncerrado insistió, pero el funcionario se subió y se marchó de inmediato.
Otto Flores, abogado penalista, detalló a GatoEncerrado que el Estado está obligado a proteger la vida e integridad física de las personas privadas de libertad, sin importar si son culpables de algún delito. Los responsables de las muertes y torturas en centros penales no se limitan a los verdugos materiales que torturan o ejecutan a los privados de libertad, sino que también son responsables de esas muertes lo altos funcionarios de la Presidencia, Vicepresidencia, la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Los testimonios que han surgido y han sido registrados por los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, son una clara prueba de que el sistema carcelario salvadoreño se ha desnaturalizado totalmente y que se ha vuelto un sistema de tortura en contra de personas a quienes se les ha inculcado sospechas débiles sobre la pertenencia a alguna estructura de pandilla”, criticó el abogado.
De acuerdo con el penalista, que coincide con los señalamientos de organizaciones de sociedad civil, las autoridades incumplen la ley y cometen graves violaciones a los derechos humanos bajo la excusa de aplicar el régimen de excepción, como si eso fuera un pase libre para ejecutar personas privadas de libertad o permitir torturas.
El artículo 9 de la Ley Penitenciaria establece que los centros penales deben “garantizar la preservación de la vida, salud e integridad física” de las personas privadas de libertad. El artículo 1 de la Constitución de la República también indica que el origen y el fin del Estado es el ser humano, lo cual obliga a proteger y garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los ciudadanos salvadoreños, sin importar que estén en el sistema penitenciario.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Johanna Ramírez, coordinadora de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista (SSPAS), describió que históricamente el Estado salvadoreño ha permitido violaciones a los derechos humanos en Centros Penales, pero que durante este régimen de excepción se visibilizan más abusos por parte de las autoridades. Añadió que todo el sistema está violentando de manera estructurada y sistemática los derechos humanos.
“Los centros de detención se han convertido en centros en donde hay graves violaciones a derechos humanos, como actos de tortura; esto, desde el momento en que hay hacinamiento, se restringe la alimentación o no se recibe una adecuada atención médica, así como registro de fallecimientos”, dijo a Ramírez a GatoEncerrado.
Para el penalista Flores, se debe tener claro que las personas inocentes detenidas arbitrariamente en el régimen de excepción no son las únicas víctimas. Los padres, parejas e hijos son víctimas terciarias del Gobierno de Nayib Bukele en su “guerra contra las pandillas”. Estas víctimas terciarias podrían sufrir repercusiones a nivel psicológico, social y económico. El impacto del régimen en el grupo familiar de una persona inocente, que ha sido detenida y que además fue torturada hasta morir, es alto y grave.
“Desde el punto de vista psicológico, van a existir traumas que ya han sido estudiados por expertos en estos temas; en el aspecto social, en las comunidades donde hay gente detenida puede que la familia sea objeto de estigmatización o discriminación y, generalmente, las mujeres que son las cuidadoras tendrán que soportar la carga social, familiar y económica. Las familias que viven en zonas marginales tendrán menos capacidad adquisitiva y, me atrevería a decir, que hay algunas que están cayendo en la miseria”, indicó Flores.
Los hijos de Adrián, por ejemplo, como Elian y las otras dos niñas tendrán repercusiones psicológicas tras esta tragedia, pero hasta la fecha ninguna institución se ha contactado con la familia para brindar apoyo. Con sus dos taxis, Adrián también sostenía a su familia. Ahora que no está, nadie del Estado se ha preocupado por ayudar.
Su caso ni siquiera es investigado por la Fiscalía, aunque está obligada a hacerlo. Al contrario, esta institución es parte de la estrategia del régimen de excepción, cómplice de las violaciones a derechos humanos y se presta para acusar sin pruebas a cientos de personas de pertenecer a pandillas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también es cómplice. En vez de pronunciarse en contra de los tratos crueles, las muertes en los penales y las detenciones arbitrarias, lo que hace es avalar el régimen de excepción. Así las cosas, las familias no confían en el trabajo de esa institución.
La complicidad quedó en evidencia después de que el procurador, Apolonio Tobar, visitó el Complejo Penitenciario de Izalco, la Granja Penitenciaria de Izalco y el Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y no encontró nada fuera de lugar. Durante su inspección, fue acompañado por el director general de centros penales, Osiris Luna, a pesar de que la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos señala, en el artículo 40, que el procurador o sus delegados “no necesitarán notificar a la autoridad responsable o encargada del establecimiento” para tener acceso a los centros penitenciarios.
En su informe, el procurador ni siquiera mencionó las muertes y tratos crueles en los centros penales que han sido denunciados en su misma institución. De hecho, mientras presentaba su candidatura para reelegirse como procurador, se enojó cuando periodistas le preguntaron por qué no se ha pronunciado por estos casos de graves violaciones a derechos humanos.
“La actuación del procurador es la de un cómplice silencioso de todas estas actuaciones por parte del Estado salvadoreño, violentando sus mandatos constitucionales”, dijo la abogada del Servicio Pasionista a esta revista, mientras que el penalista Flores agregó: “Más parece que el procurador de Derechos Humanos se ha vuelto parte de la maquinaria propagandística del Gobierno”.
De acuerdo con Flores, lo único que le queda a las familias de las personas inocentes que han sido detenidas arbitrariamente, torturadas o fallecidas en el régimen de excepción, es llevar los casos ante organizaciones nacionales e internacionales que defienden derechos humanos y que interpongan recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que un juez revise la legalidad de las capturas. Al menos para hacer presión social, ya que la Corte Suprema también fue cooptada y es dirigida por personas afines a la Presidencia de Bukele desde mayo de 2021.
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Son las 2:06 de la tarde de este 7 de julio. Los amigos, los conocidos, los familiares y los hijos de Adrián están listos para marchar hacia el cementerio. El momento llegó. Hilda se hace a un lado para permitir que cinco hombres trasladen el ataúd de Adrián hasta la carroza fúnebre. El padre de Adrián, con una notable frustración y tristeza, sigue a los hombres, mientras graba el momento con su teléfono.
En la vanguardia de la marcha, van los dos vehículos de Adrián, marcando el paso lento. El primero lleva un arreglo florar amarillo sobre el capó y el segundo tiene una pequeña pancarta en la que se lee: “La muerte nos arrebató a un gran ser humano y todos estamos de luto. Dios se lo llevó porque merecía estar en un lugar mejor, en un lugar lleno de paz y amor. Te recordaremos por siempre”.
Alrededor de ese cartel están pegadas un par de fotografías. En una, Adrián sale sonriendo en la fachada de su casa y en la otra aparece en la cancha, entre uno de los equipos de adolescentes que dirigía.
En el camino hacia el cementerio, muchos habitantes del municipio se unen a la marcha. Salen de todos lados y de repente la calle está inundada por más de 300 personas que quieren despedir a Adrián. Lo consideran, según dicen a GatoEncerrado, un miembro querido de la comunidad por su aporte a los jóvenes, por su disposición de ayudar al prójimo haciendo viajes gratis en su taxi para llevar enfermos al hospital y regalar comida a gente pobre. Cuando su mamá le preguntaba por la ganancia de la venta de comida, Adrián solo decía: “De Dios va a venir la bendición”, mientras apuntaba al cielo.
“Le ayudó a muchos jóvenes y a niños, porque también participaba en las escuelitas de fútbol que organizaba la Alcaldía; desde el calzado, el vestuario, hasta la comida. Por eso vamos acá como equipo. No esperábamos una noticia así”, comenta uno de los jugadores del equipo Vista Hermosa y agrega, entre lágrimas, que está “sin palabras” ante lo que hicieron con su amigo Adrián en el penal.
“Él era una persona ejemplar, trabajadora y humilde. No tienen derecho de quitar la vida de nadie. Las autoridades son sinvergüenzas. Lo conocía desde que era pequeño y nunca anduvo en malos pasos”, expresa, entre la muchedumbre, una mujer que solo se identificó como Estela, la mamá de un amigo de Adrián.
“Lo que hicieron con él no se lo merecía, pero desgraciadamente la ley que han puesto (el régimen de excepción) ha hecho que perdamos garantías como seres humanos. Si usted le cae mal a alguien, se lo llevan aunque no pertenezca a nada y eso fue lo que hicieron con nuestro cipote. Dios va a apiadarse de las personas que lo mataron y que colaboraron en ello”, lamenta una tía de Adrián.
De pronto, entre lágrimas y comentarios, la marcha se convierte en una improvisada y silenciosa protesta en el centro de Jucuapa contra las violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción.
Una hora después de caminar lento por el centro del municipio, la carroza fúnebre hace una estación en el lugar donde Adrián y otros taxistas permanecían esperando viajes. Durante diez minutos, los amigos que manejan los dos vehículos de Adrián aceleran sin moverse para hacer sonar los motores, así como le gustaba a Adrián. En especial el sonido del carro color aqua, que era su favorito. Mientras este homenaje se rinde a Adrián, aparecen quince mototaxis para unirse a la marcha y hacer sonar sus motores y bocinas.
Una cuadra antes de llegar al cementerio, los jugadores entrenados por Adrián sacan el féretro del vehículo y deciden llevarlo sobre sus hombros hasta el lugar donde finalmente será sepultado.
En el lugar, y antes de enterrarlo, los jugadores cubren la parte de arriba del ataúd con las camisetas de los equipos de fútbol que Adrián dirigió; mientras la esposa, la madre, Hilda y otros familiares observan con un llanto silencioso.
“Espero que algún día haya justicia. Debo ir a un proceso crítico en el hospital, mi hijo ya está acá y mañana es posible que pueda estar con él”, dice su padre frente al ataúd.
“Tené seguridad de que siempre habrá alguien que vele por tus hijos…”, promete Hilda, con voz cortada, mientras abraza a Elian.
