Por Xenia Oliva

“Este régimen de excepción y estas reformas penales tienen un rostro de pobreza, que violan sistemáticamente el derecho a la libertad, no se está cumpliendo la garantía del debido proceso y es muy difícil, que las personas logren salir”, expuso Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal, al analizar el desarrollo de los más de 140 días que lleva el régimen de excepción en El Salvador. 

Cristosal es una de las organizaciones civiles que ha recibido cada vez más personas en busca de ayuda para denunciar una detención arbitraria.

“En los dos últimos meses se ha incrementado el número de denuncias por detenciones arbitrarias cometidas tanto por la Fuerza Armada como por la Policía en la que al momento de la detención les informan que la detención obedece a que recibieron una llamada telefónica o que alguna persona les ha denunciado de pertenecer a pandillas”, informó Navas.

Señaló que esto es muy grave ya que pese a que se aprobó una ley de recompensas, deberían existir los elementos suficientes en cada caso para que se pueda argumentar la detención. Navas dijo que en la mayoría de casos que han atendido las personas no tienen antecedentes penales o policiales previos. Además, tras ser detenidos las personas son llevadas a comparecer en audiencias masivas en las cuales la Fiscalía no individualiza los casos. 

Navas explicó que en la razón de la detención no se está individualizando la conducta delictiva y en las audiencias los jueces están decretando detención provisional por seis meses. 

“Estamos hablando de personas que pueden haber sido denunciadas por un vecino o por una persona enemiga, incluso por policías a quienes ellos denunciaron por algún acto arbitrario o por cualquier situación, una esquela o cualquier situación que se haya producido con la Policía”. 

Navas dijo que esta situación es bastante grave ya que se está vulnerando totalmente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.  

“Eso nos recuerda precisamente a lo que ocurría durante la guerra. Recordemos que durante la guerra había personas a las que le llamaban orejas que informaban que vecinos o personas que vivían en una determinada comunidad eran colaboradores”, dijo. 

Navas señaló que las reformas hechas al Código Procesal Penal y a otras normativas dan lugar a testigos de vistas y oídas, que pueden dar lugar a un estado de indefensión a las personas detenidas. Añadió que en el proceso penal tendrían que comparecer estos testigos.

Expuso que, hasta este momento, no se ha logrado establecer la responsabilidad individual de cada una de las miles de personas que ya pasaron por audiencias masivas. 

“Lo que la Fiscalía presenta son de qué delito atribuye a cada persona y un análisis que ellos llaman criptoanálisis un análisis general en el cual establece que en una determinada zona o en esa determinada zona opera una clica o una estructura delincuencial perteneciente a las pandillas, pero no individualizan la participación delincuencial de cada persona”, explicó Navas. 

Añadió que lamentablemente esta guerra está dirigida contra la población pobre, contra mujeres y hombres de comunidades excluidas.  

“No se está cumpliendo la garantía del debido proceso y es muy difícil, que las personas logren salir tal cual está configurado el funcionamiento de la Fiscalía y tal cual están configurados los tribunales”, subrayó. 

Cristosal ha logrado identificar 129 casos en los que las personas fueron detenidas por una llamada anónima.