Por Xenia Oliva

“La respuesta del Estado es, por decirlo menos, vergonzosa, es inaceptable. Es una respuesta que básicamente en la primera parte está justificando el haber decretado un estado de excepción, supuestamente para combatir la criminalidad; y en la segunda parte, francamente, miente”. 

Así calificó Leonor Arteaga, directora del Programa de impunidad y graves violaciones de derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la respuesta sobre el Régimen de Excepción que brindó el Estado salvadoreño a las oficinas de las Naciones Unidas, en un escrito enviado el pasado 27 de julio.

A inicios de junio, seis oficinas de las Naciones Unidas enviaron un escrito al Estado salvadoreño en el que cuestionaban las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos por detenciones arbitrarias en el Régimen de Excepción, exceso de fuerza, muertes de privados de libertad, así como la falta de información de la ubicación de muchos detenidos.

Las oficinas que enviaron la carta fueron: el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y la relatoría especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

 Arteaga señaló que es poco común que seis distintas oficinas de Naciones Unidas se pongan de acuerdo en un tema para enviar una carta en conjunto.

“Eso no ocurre todos los días, eso es en sí mismo un signo de la gravísima preocupación que hay por lo que está pasando en El Salvador”, dijo la abogada.

Aunque Arteaga valoró como positivo el hecho de que el Estado salvadoreño haya respondido, pero lamentó que en su respuesta buscara maquillar la realidad que se está viviendo en el país.

“El Estado miente y presenta un panorama que es Fantasilandia, porque está muy, muy alejado de la realidad. Está tratando de esconder que se están cometiendo violaciones de derechos humanos de forma masiva. Es lamentable”, dijo Arteaga.

Señaló que discusiones sobre torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales no estaban en el lenguaje de Naciones Unidas en relación con El Salvador desde la guerra.

La respuesta del Estado a las oficinas de Naciones Unidas

“Expresamos nuestra más seria preocupación ante la información recibida, la cual podría sugerir la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como de eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridos durante el proceso de arresto o bien como resultado de las condiciones de custodia”, fue parte del mensaje de las oficinas de las Naciones Unidas en el escrito que enviaron al Estado salvadoreño en junio.

Respecto a la situación de las muertes de privados de libertad, los representantes de las Naciones Unidas señalaron que el Estado incumple sus obligaciones cuando esas muertes no se investigan y que estaban dispuestos a apoyar con asistencia técnica para que se investiguen.

Como respuesta, el Estado envió un informe en el que enumeró cada una de las inquietudes de las Naciones Unidas.

Respecto a la imposición del Régimen de Excepción, el Estado argumentó el alza de homicidios a finales de marzo, pese a la implementación del Plan Control Territorial (PCT). Además, aseguraron que el PCT tiene enfoque de reconstrucción del “tejido social y comunitario”, incluyendo acciones para evitar que adolescentes y jóvenes se unan a estructuras criminales.

El Estado también aseguró que no se vulneraron los derechos de reunión o asociación de “la vida privada de la población” y que solo se aplicaba a miembros de estructuras delictivas.

¿Qué respondió el Estado a las medidas adoptadas para evitar detenciones arbitrarias?

En este punto, el mismo Estado recordó que: “La Constitución de la República de El Salvador, en sus artículos 2, 11, 12 y 13, consagra que ninguna persona, nacional o extranjera, puede ser privada de su libertad, ni de ningún otro derecho, sin haber sido vencida en un juicio justo, con arreglo a la ley; asimismo, dispone que las órdenes de detención o prisión solo pueden ser dictadas por autoridad competente de conformidad con la ley, y que estas deben ser siempre por escrito, salvo en el caso de la flagrancia”.  

Aseguró que “con el fin de evitar detenciones arbitrarias” la Policía Nacional Civil creó el Plan General de Supervisión en aplicación al Decreto Legislativo No. 333 en el contexto del Régimen de Excepción. También creó un decálogo sobre el uso de la fuerza en estado de emergencia. El Estado aseguró que este ha sido socializado a escala nacional entre los agentes policiales.

“Esta acción está orientada a crear escenarios, en los que toda la actividad policial, se desarrolle con estricto respeto a la dignidad de todas las personas y a generar buenas prácticas para el respeto irrestricto de los derechos humanos”, añadió el Estado salvadoreño.

Sin embargo, desde el inicio del régimen, además de las miles de denuncias por detenciones arbitrarias también se han denunciado casos en los que hubo uso excesivo de la fuerza al momento de la detención por parte de los agentes, incluso frente a menores de edad.

El Estado también dijo que los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa suscribieron un protocolo de actuación en el marco del régimen.

“El cual recoge los siguientes principios generales de actuación: principio de legalidad, principio de respeto a los derechos humanos, principio de proporcionalidad, principio de flexibilidad y adaptabilidad operativa, principio de integralidad, principio de urbanidad y cortesía”, aseguró el Estado.

Por otro lado, en su respuesta también usa los distintos informes presentados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la respuesta que esta entidad ha dado durante la implementación del régimen para respaldar que no hay pruebas de violaciones a derechos humanos.

¿Qué respondió el Estado sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad?

En este caso el Estado volvió a respaldarse con las respuestas dadas por Apolonio Tobar, procurador de la PDDH, tras sus visitas a los centros penales. El Estado señaló que la PDDH puede dar monitoreo a la situación de las personas privadas de libertad. No obstante, la PDDH solo pudo ingresar a los centros tras los primeros 100 días del régimen. Además, en declaraciones recientes, Tobar ha dicho que solo ha observado la necesidad de “más pintura, pisos de cerámica y colchonetas” para mejorar las condiciones de los centros penales.  

¿Qué respondió el Estado sobre las muertes de privados de libertad?

El Estado aseguró que estos casos están en investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). “Además de haberse activado la vía administrativa a través de la Inspectoría General de Seguridad Pública, con el fin de esclarecer los hechos y deducir la responsabilidad pertinente”, afirmó.

No obstante, ninguno de los familiares de las personas fallecidas tiene conocimiento de que existan investigaciones al momento de ser notificados de las muertes.

El Estado añadió que están brindando la atención médica adecuada de las personas que lo requiere. Pese a que hay casos de personas fallecidas en los que sus familiares han lamentado que no recibieron los medicamentos que necesitaban.

¿Qué respondió el Estado sobre cómo garantiza que los familiares de los detenidos tengan la información sobre su ubicación?

 “El acceso a información sobre las personas privadas de libertad en el contexto del régimen ha significado un reto para las autoridades responsables. Si bien el mecanismo para proporcionar información en las delegaciones policiales no es el mismo, entre los mecanismos se encuentran atender a cada persona y verificar listados de las personas detenidas y colocar listados en las entradas de las delegaciones”, aseguró el Estado.

Sin embargo, aún hay personas que denuncian que pasan días o hasta semanas sin saber dónde está su familiar tras haber sido detenido.

¿Qué respondió el Estado sobre cómo garantiza la comunicación de los privados de libertad con su abogado o familiares?

El Estado aseguró que, al momento de la detención, la PNC “le comunica las razones de la misma y se garantiza que los familiares tengan conocimiento de la detención y en que dependencia policial o centro penitenciario estará en resguardo; adicionalmente, la información se hace del conocimiento de la PDDH, CSJ y la FGR”.

Esta respuesta contrasta con las múltiples denuncias de personas que han sido sacadas de su casa sin recibir una justificación de por qué son arrestadas o son llevadas a las delegaciones bajo el argumento de que los Policías solo quieren hacerles unas preguntas, sin decirle que será detenida.

“En cuanto a los lugares de privación de libertad a cargo de la Policía Nacional Civil, para las personas adultas, de forma general, la PPDH ha encontrado que no hay hacinamiento”, añadió el Estado.

¿Qué respondió el Estado sobre las denuncias por detención arbitraria, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos contra personas detenidas?

 El Estado argumentó que la PDDH “no ha conocido información sobre la existencia o no de investigaciones judiciales o administrativas sobre detenciones arbitrarias, tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contra personas acusadas de delitos penales bajo custodia”.

¿Qué respondió el Estado sobre las medidas para garantizar la asistencia legal?

 El Estado dijo que a todas las personas detenidas se les ha nombrado un defensor público. Y que la FGR debe “presentar requerimientos fiscales con sólido fundamento legal y total respaldo probatorio”. Señaló que las garantías judiciales básicas se respetan ya que hay separación entre la FGR y los jueces. Pese a que sí hay una separación de funciones, desde el 1 de mayo de 2021 tanto la FGR como la CSJ siguen la misma línea del Ejecutivo.

El Estado salvadoreño llegó a asegurar que: “tanto la Constitución de la República y la legislación penal, reconocen el derecho a la presunción de inocencia de toda persona mientras no se demuestre su culpabilidad en juicio y conforme a la ley. Es decir, toda persona señalada de un delito debe ser sometida a un proceso con estricto respeto a los principios del debido proceso y a las garantías de la persona”.

“Todo el Estado en función de violar derechos humanos”

 Arteaga señaló que, tras las respuestas del Estado, Naciones Unidas posiblemente elabore un informe con mayor profundidad sobre la situación en El Salvador.

De parte de DPLF realizarán un monitoreo de la respuesta del sistema de justicia.

“No es responsabilidad solo del Ejecutivo, también hay jueces, fiscales, incluso defensores públicos que tienen que responder por este escenario porque parece que el sistema de justicia está siendo parte de este aparato que está organizándose para violar derechos humanos”, dijo Arteaga.

Para ella la situación es horrorosa. “Es una repetición de lo que El Salvador vivió en la guerra. Todo el Estado en función de violar derechos humanos”.