Por Gabriela Méndez

Violaciones a los derechos de libertad y de propiedad privada, así como la falta de acceso a la justicia y a un debido, son las principales vulneraciones identificadas durante el Régimen de Excepción, según lo señalaron mujeres representantes de organizaciones y defensoras de derechos humanos en el foro “Análisis de los patrones violatorios a los derechos humanos de mujeres, juventudes y población LGBTIQ+”, desarrollado este 26 de agosto, como parte de la octava edición del diplomado de Derechos Humanos e Incidencia Política, impartido por la UCA.

Consideraron que el régimen ha profundizado las vulneraciones y desigualdades de la población vulnerable, como son las mujeres, niñez, juventud y personas LGBTIQ+.

Karla Martínez, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que se tienen registros de detenciones arbitrarias, privaciones de libertad y desaparición de personas, lo cual es una grave violación al derecho de libertad. “Hay madres que piden saber dónde están sus hijos, sus nietas, sus hermanas y aún no los ubican. Llegan a una PGR (Procuraduría General de la República) y no les quieren dar información; ni siquiera les extienden la tarjeta en la que tiene que estar el número de expediente, el abogado designado y cuándo han sido las audiencias”, mencionó la representante de SSPAS.

Martínez aseguró que las personas capturadas en el régimen no tienen acceso a la justicia y ni a un debido proceso. “Si bien es cierto que hay cuatro derechos constitucionales suspendidos, no quiere decir que no se debe tener una orden judicial para llevarse a las personas”, indicó.

Añadió que durante el Régimen de Excepción se ha violentado el derecho a la propiedad privada, porque las autoridades de seguridad allanan las casas sin tener una orden judicial.

Martínez aseguró que durante el régimen el Observatorio de Derechos Humanos ha recibido 112 denuncias por detenciones arbitrarias. Del total, 25 pertenecen a mujeres que son madres, hijas, proveedoras y cuidadoras del hogar.

A la lista de patrones se suman las violaciones a la Constitución de la República, irrespeto a los marcos internacionales de derechos humanos, complicidad y silencio por parte del Estado, según Amalia Leiva, activista y defensora de derechos humanos.

Leiva sostuvo que la violación a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ es repetitiva. “En diferentes informes hemos evidenciado que las personas LGBTI no confían en las entidades de justicia de este país”.