“Cristiani es uno de los mayores responsables de la impunidad institucionalizada en El Salvador”: David Morales
Por Xenia Oliva
David Morales acababa de egresar de la carrera de Derecho cuando recibió la oportunidad de comenzar a trabajar en la oficina de Tutela Legal como defensor de derechos humanos. Al final de la década de 1980, en los últimos años del conflicto armado en El Salvador, los riesgos eran muchos para un joven, pero Morales no dudó en tomar la oportunidad.
Morales cree que haber crecido rodeado de noticias de represión en los años previos a la guerra y durante esta moldearon su convicción de meterse en la lucha por la vía de la defensa de los derechos humanos. Aún recuerda el día cuando su padre llegó a buscarlo a una cancha de básquetbol para que regresara a la casa, porque acababan de asesinar a monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. Las imágenes de la gente conmocionada en las calles, incluyendo al reportero que hacía la transmisión desde el hospitalito, donde ocurrió, aún siguen intactas en su memoria.
La carrera de Morales lo llevó a laborar por más de 10 años en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incluso llegó a ser el procurador entre 2013 y 2016. Pero su principal trinchera ha sido al lado de las víctimas de la masacre de El Mozote, en búsqueda de un atisbo de justicia.
Actualmente, Morales es el jefe jurídico de justicia transicional de la organización Cristosal. El 17 de agosto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) anunció que Morales es uno de los cuatro defensores que ha sido galardonado con el premio de Derechos Humanos 2022.
Para Morales, el premio es un mensaje de reconocimiento a la lucha por los derechos humanos en Centroamérica. Una lucha de décadas, pero que sigue vigente, sobre todo ante el contexto de retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos en la región. No se puede evitar hacer comparaciones con las experiencias de un defensor de derechos humanos en los años del conflicto con los actuales, sobre todo cuando, para muchas víctimas, las condiciones y las necesidades son similares.
En esta entrevista, Morales describe un poco la posición que han adoptado los diferentes gobiernos de Arena, el FMLN y ahora Nayib Bukele, ante las víctimas del conflicto armado. Según Morales, todos comparten dos características: Negar la historia y proteger a los criminales.
Muchos lo conocemos por su labor como procurador de los Derechos Humanos entre 2013 y 2016, pero antes de ser elegido usted llevaba muchos años ya trabajando en la defensa de los derechos humanos y búsqueda de la justicia, ¿cómo inició ese camino y lucha por la defensa de los derechos humanos?
Yo inicié trabajando con la oficina de tutela legal del Arzobispado, que dirigía la doctora María Julián Hernández, que es la histórica defensora de derechos humanos de la época del conflicto. Ingresé en los años finales de la guerra. Tutela Legal era una oficina bien constituida del Arzobispado, fue creada por el señor Arturo Rivera en 1982. El trabajo de derechos humanos era básicamente cubrir las violaciones a los Convenios de Ginebra y las violaciones que estaban ocurriendo como causa del conflicto. Después de varios meses de trabajar ahí, ella me asignó para cubrir la investigación en el caso de la masacre de El Mozote. Con los meses me convertí en el investigador principal. La historia de porqué se investiga hasta ese momento es porque, pues, obviamente la masacre implica la destrucción de varios caseríos y cantones; es decir, estos quedaron totalmente despoblados.
Había un desplazamiento forzado muy grande porque la represión y las masacres iniciaron antes en la zona y gran parte de las personas sobrevivientes se habían tenido que establecer en el refugio de Colomoncagua, en la frontera con Honduras. Para finales del año 89 se produjo la repoblación de la zona norte de Morazán, personas que estaban en el refugio y volvieron se establecieron principalmente en la ciudad Segundo Montes y otras zonas. Esto permitió que regresaran los sobrevivientes y se pudiera trabajar con ellos. Regresó Rufina Amaya, las organizaciones del Norte de Morazán apoyaron mucho ese proceso, sobre todo en las comunidades eclesiales de base.
De esta forma Rufina Amaya logró presentarse ante María Julia y dar su testimonio. Después prácticamente tuvimos que establecernos ahí en el norte de Morazán, que era todavía una zona de guerra, a tomar decenas de testimonios e inspeccionar la zona. Así comenzó todo y acompañamos a estas personas en lo legal y todo necesario para que presentara la denuncia.
Sin que lo planificaramos, pero la presentamos un 26 de octubre de 1990, que es la famosa denuncia que firmó el señor Pedro Chicas, el sobreviviente que ya falleció. Y después pasó a declarar Rufina Maya y otros sobrevivientes. Entonces ahí empezó la historia del proceso. Le digo lo del 26 de octubre porque es el Día de la Persona Defensora de Derechos Humanos, el Día Nacional decretado por la Asamblea que conmemora el legado de Herbert Anaya. Ese fue el inicio. Claro que me tocó investigar otras ejecuciones extrajudiciales y participar en exhumaciones de otros casos, también investigamos la masacre del río Sumpul. El grueso de mi trabajo en esos años en Tutela Legal fue eso. Renuncié a Tutela Legal en el año 95 e ingresé a la Procuraduría de Derechos Humanos.
Ingresé a la PDDH porque había una gran expectativa, estaba arrancando el proceso de paz y era la nueva institución. No había tenido un protagonismo tan claro en su etapa de instalación, pero estaba asumiendo la doctora (Victoria Marina) de Avilés como procuradora. Ella desde su inicio tuvo un perfil muy claro, denunciar violaciones y cumplir su rol.
Morales puso una pausa a su carrera en la PDDH cuando inició la gestión del polémico exprocurador Eduardo Peñate Polanco, elegido en 1998. Posteriormente regresó cuando asumió Beatrice de Carrillo y llegó a ser procurador adjunto general.
Después del primer período de la doctora de Carrillo yo renuncié, pero había sido un paso de 10 años, por supuesto que jamás pensé en ser el procurador. Las elecciones de funcionario en segundo grado siempre han sido muy políticas. Los perfiles idóneos generalmente no son de la simpatía de los partidos políticos y la verdad nunca pensé demasiado en postularme o meterme en el proceso. Lo creía imposible con mi perfil. Cuando yo renuncié de la PDDH en 2005 volví a trabajar con las organizaciones de madres de desaparecidos, el centro “Madeleine Lagadec”, pero principalmente Tutela Legal, otra vez con María Julia hasta que ella falleció y luego me despidió el arzobispo Sáenz Lacalle.
Para el año 2013 apliqué luego de que me lo pedían amigos, colegas o personas conocidas, sin ninguna expectativa de ser elegido. Jamás estuve yo haciendo lobby con políticos durante ese proceso y bueno, se dieron varias contingencias que al final resulté electo con el mínimo de votación posible. Me parece que había otros candidatos que eran las apuestas de los partidos y la tradicional tensión entre Arena y el FMLN, que discutían sus candidatos, no les permitió llegar al consenso del candidato que cada quien apoyaba.
Fue una sorpresa para mí. No imaginé que iba a quedar, fue bastante sorpresivo.
Ante esta larga trayectoria de acompañamiento a víctimas, ¿cuál ha sido la posición que ha visto de los distintos gobiernos ante las víctimas del conflicto armado y el acceso a una verdadera justicia?
Fundamentalmente han tenido dos posicionamientos políticos muy claros, que en mayor o menor medida han sido una constante. Uno es el negacionismo histórico, la negación de los hechos, la negación de la responsabilidad desde el Estado, la negación de la historia. Y, por otra parte, el tema de la protección a los criminales de guerra, que creo yo que es uno de los objetivos fundamentales, hemos tenido políticas de Estado de impunidad, obviamente deliberadas y decididas al más alto nivel y me parece que obedecen a un posicionamiento político institucional de los altos mandos de las Fuerzas Armadas desde que terminó la guerra hasta ahora. Y todos los presidentes civiles desde la posguerra han estado sometidos a ese poder y han accedido a que este sea eso, el posicionamiento, la política del Estado en este tema.
A mí me parece que los gobiernos de Arena tenían una identificación ideológica muy clara con estos propósitos. Su posición, su versión de la historia era negar estos hechos. Sus dirigentes se comportaban de esa manera, (Alfredo) Cristiani es uno de los mayores responsables de la impunidad institucionalizada en El Salvador, abiertamente sus discursos para neutralizar el informe de la Comisión de la Verdad y cumplirlo empujó la Amnistía del 93. Él dijo las frases típicas, trilladas, pero tan usadas en Latinoamérica: hay que pasar la página, hay que cerrar las heridas, etcétera. Y anunció la Amnistía y la impulsó. Esta fue la posición de todos los presidentes de Arena.
Recordemos a Francisco Flores rechazando los informes de la Comisión Interamericana sobre los casos Romero y Jesuitas, prácticamente diciendo que iban a desacatar las recomendaciones de la Comisión, que representa a la OEA. Saca de manera similar. Estos presidentes además glorificaban a los represores. El culto a Roberto D’Aubuisson, el culto a Domingo Monterrosa como héroes, a Maximiliano Martínez. Aún mucha de esta idolatría de represores se mantiene al interior de la Fuerza Armada en gran medida. Era la negación de la historia en sí misma. “La masacre son una leyenda” este era el discurso de sus ministros de Defensa sobre la masacre. Decían que doña Victoria Cruz, que era la madre de las niñas Serrano, era una mujer que quería sacarle dólares al Estado simplemente. La Cancillería se movía con mucha infamia en estos procesos internacionales, movilizaba la Fiscalía para presionar a testigos de los casos de niñas desaparecidas en sus zonas, incluso presentaban información falsa ante la Corte Interamericana. Este fue el período de Arena.
Los períodos del FMLN se caracterizaron por el reconocimiento de la historia. Yo creo que eso sí es un aspecto, un paso importante. Admitir los hechos, la responsabilidad del Estado, de las Fuerzas Armadas, los pedidos de perdón simbólicos. Creo que el de El Mozote llenó todos los estándares internacionales. La figura del presidente Funes después ha sido muy utilizada para desprestigiar el acto, pero el acto fue importante en aquel momento, se diseñó en diálogo con las víctimas. Los procesos internacionales abrieron acciones de reparación, al menos la reparación material, se sostenía diálogo con las víctimas. Pero, evidentemente, tampoco se creó una política general de reparaciones a las víctimas, no se destinaron recursos a las víctimas, muy exiguamente algunas cosas, algunos programas y, por supuesto, se siguió protegiendo a los criminales de guerra. El FMLN, por su parte, tampoco abrió el tema en relación a las violaciones de los derechos humanos del que fue responsable. Y la Fuerza Armada siguió impidiendo.
Ahora vivimos la etapa del gobierno actual, del gobierno Bukele, en el cual hay una instrumentalización del tema, pero en el fondo es una posición también de negacionismo y de protección a los criminales de guerra. El FMLN tuvo menos negacionismo, al menos en relación a los crímenes del Estado, no en relación a sus propios crímenes, aunque entiendo que el presidente Sánchez Cerén en varias ocasiones pidió perdón en varios actos por los crímenes del FMLN, pero de manera simbólica. No, por ejemplo, ayudar a esclarecer el paradero de los niños desaparecidos a manos del FMLN o esclarecimiento de otros hechos graves no hubo nunca mayor colaboración. Pero el gobierno de Bukele se caracteriza por la instrumentalización del tema con fines de publicidad, de publicidad gubernamental, de publicidad política, que es como el rasgo principal de este gobierno
Justo esta semana, durante la Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, hablaba de que no habrá “perdón ni olvido” y que darán respuesta a todas las víctimas del conflicto, ¿cómo se reflejan estas palabras en las acciones del gobierno?
Fundamentalmente son discursos, actos gubernamentales muy publicitados, elaborados incluso en un formato de gran impacto para los medios de comunicación y replicados por todo el aparato de comunicaciones gubernamentales. Esta ha sido la característica, tuvimos los iniciales actos simbólicos de Bukele de borrar el nombre de Monterrosa, publicitar mucho su encuentro con las víctimas de El Mozote, los presidentes anteriores también tuvieron encuentros con las víctimas de El Mozote y no instrumentalizaron las reuniones como lo hizo Bukele.
Eran tiempos muy iniciales de su mandato, estuvo el ofrecimiento de desclasificar los archivos militares, pero la realidad ha sido otra. Al final, durante el gobierno Bukele, los procesos de reparación insuficientes, pero que existieron o se crearon en el gobierno de Sánchez Cerén, prácticamente se paralizaron y fueron incumplidos. Funcionaba o se aplicaba parcialmente el decreto 204 que se aprobó a finales de 2013, todavía en el período Funes, pero que realmente se activó ya en el mandato de Sánchez Cerén. Es un decreto que preveía compensaciones mínimas a las víctimas que estaban escritas en un registro gubernamental que fue creado con el concepto similar al de la pensión universal, que se les daba a los adultos mayores, de 15 a 35 dólares a personas adultas mayores. En el caso de las víctimas de la guerra desde 55 años a 70 años, coordinaciones para atención en salud y otras reparaciones simbólicas. No era un decreto de reparaciones integrales, ni de reparación material como indebidamente se presentó en algún momento por la administración Sánchez Cerén, pero era un proceso que comenzó a tener al menos ciertos beneficios mínimos, obviamente insuficientes, a algunos colectivos o comunidades de víctimas. Este proceso prácticamente se desbarató, no fue derogado en la gestión Bukele, pero las pensiones se dejaron de pagar, el registro dejó de funcionar. Creo que con atraso se pagaron algunos meses, los diálogos con las organizaciones de derechos humanos y las comunidades de víctimas prácticamente no volvieron a darse. En el caso del El Mozote, que había un proceso más organizado, también un Decreto Ejecutivo 53 que establecía el registro con autoridades y dijéramos una estructura clara para administrar el registro y llevar adelante reparaciones, había mesas temáticas de diálogo en diferentes materias con las víctimas de la zona de El Mozote y sitios aledaños, para el tema de caminos, o reparación de vías, el tema de educación, de salud, de turismo con participación de la comunidad. Todo esto se cerró con la gestión de Bukele, el registro se paralizó más de ocho meses, cuando lo reactivaron fue muy irregular. Las personas que se nombraban por parte del gobierno eran sustituidas y hasta hace pocos meses que el registro se reactivó. Los pocos actos gubernamentales realizados con mucha publicidad en El Mozote eran simplemente continuidad de procesos que dejó el gobierno anterior, como la entrega de becas o de bonos de vivienda.
Todo esto fue derivado de la supresión de la Secretaría Técnica, que conducía el proceso del registro de El Mozote. La gestión quedó en manos de la Digestyc y con su eliminación no sabemos cuándo van a reorganizar el funcionamiento. La gestión Bukele ha sido una gestión ineficiente, negligente con muchas capacidades y falta de voluntad para gestionar el proceso de reparaciones y la participación de las víctimas prácticamente ya no existe. Lo más grave es que el alto mando que lidera Francis Merino continúa la política institucional de proteger a criminales de guerra y no permitir acceso a la información militar histórica. Aquí tenemos la experiencia fuerte de los bloqueos de septiembre a noviembre de 2020 a las inspecciones en archivos militares.
Con conferencias de prensa y cadena nacional del presidente Bukele que mintió mucho, en ambos espacios, mintió mucho sobre la diligencia, realizó ataques ofensivos contra el juez de la causa. Es la acción más grave que hemos tenido para obstaculizar la justicia en el caso de la masacre de El Mozote. La administración de Cristiani negó la existencia de los archivos, el gobierno de Sánchez Cerén negó documentos fundamentales, pero entregó documentación importante, el gobierno de Bukele bloqueó nuevamente. Entonces, su discurso sobre justicia transicional es básicamente una estrategia publicitaria que instrumentaliza el tema, pero que en el fondo sigue protegiendo criminales de guerra y, por lo tanto, al impedir investigaciones mantiene la política de negacionismo histórico, con un estilo diferente a los gobiernos anteriores.
Hay otros ejemplos, el caso de los Jesuitas, reabierto en medio de una campaña de ataques a las víctimas, que son las autoridades de la UCA. Intervenciones inconsultas para realizar obras que no son parte del programa de reparaciones que ordenó la Corte Interamericana en El Mozote, que están estancadas. Destruyeron lo que había y no han construido las nuevas obras. Son intervenciones que parecen ser improvisadas para mantener un discurso províctima, instrumentalizando la sangre derramada, pero sin realmente haber instalado procesos de reparación.
En el tema del proceso judicial, ¿cuál es la situación actual del caso El Mozote?
El proceso del caso de El Mozote es un proceso afectado directamente por el golpe de Estado al Poder Judicial, que el régimen de Bukele completó hace un año.
El golpe de Estado al Poder Judicial se ha dado en dos momentos: el primero no más directo, fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General, el proceso con irregularidades de elección de cinco magistrados hasta integrar una Corte que está sometida al poder de la Presidencia políticamente, que carece de independencia. Luego esto se completó con la reforma de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía y que buscaba básicamente desmontar la independencia judicial que pudiera existir en El Salvador, destituir jueces, poner jueces leales en tribunales clave, las cámaras de San Salvador, los tribunales ambientales, donde se juegan intereses importantes para el poder.
Creo que, en ese esquema del golpe al Poder Judicial, esta arquitectura del golpe consideró la remoción del juez Guzmán. Controlar al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera para controlar también este caso, que obviamente siempre ha puesto en jaque a las Fuerzas Armadas de El Salvador, en la medida que siguen en esta postura de proteger a los criminales de la guerra y no permitir ingreso de ninguna autoridad civil para realizar investigaciones a su interior.
Estas reformas derivaron en la destitución arbitraria del juez Guzmán. Era el juez que tenía el conocimiento pleno del caso, inmediación con la prueba. Además, es un caso muy extenso, de 200 piezas. Estamos hablando de 50 o 60,000 folios a la fecha, con prueba compleja, que a lo largo de muchos años el juez Guzmán, no sólo desde la reapertura del caso, sino que, en procesos anteriores de exhumaciones, los había conocido. Cualquier nuevo funcionario judicial evidentemente iba a tardar mucho tiempo en conocer el caso. Eso ha ocurrido definitivamente y ha generado un estancamiento. El caso estaba a punto de ser elevado a la etapa plenaria, esto se detuvo. El caso ha tenido dirigencias activas, generalmente por solicitud de exhumaciones que realizó la Comisión de Búsqueda y luego la Fiscalía. Hay información que ha entregado la Embajada Americana donde está en discusión la viabilidad técnica de lo que ha ordenado la jueza que es la transcripción al idioma español de todos los documentos, lo cual es, por ahora, una decisión de la nueva jueza. Muchas diligencias que no requerían un tiempo largo o pedidos por la acusación particular no se han evacuado; es decir, el caso sí entró en otro ritmo.
Yo quisiera destacar en esto la enorme responsabilidad que tiene el régimen, el oficialismo. Dentro del régimen de Bukele no debemos considerar solo a la Presidencia o al Gobierno sino también a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. Al provocar la destitución, la separación de jueces independientes y una normativa que sostiene una amenaza permanente a la estabilidad de cualquier juez en el país.
En este momento, la Corte Suprema puede trasladar o destituir a cualquier juez o jueza del país. Y ya tuvimos ejemplos de que soluciones independientes, que molestan al régimen, traen como consecuencia el traslado de jueces y juezas. Desde esta perspectiva, la independencia judicial en El Salvador no existe. En esto ha jugado un rol activo la Corte Suprema de Justicia, es la que implementa la reformas sin cuestionar, es la Corte Suprema la que lleva adelante el proceso de trasladar, separar jueces, nombrar nuevos jueces en proceso de selección que no reúnen los requisitos de ley.
Nosotros presentamos una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para que se declarase la nulidad en el nombramiento de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera. No es un cuestionamiento personal a ella ni a su capacidad, sino a la Corte por el proceso que siguió. A ocho meses de presentar la demanda no tenemos respuesta de la Sala de lo Contencioso. La separación del juez Guzmán fue inconstitucional. El Estado, a través de la Cancillería, ha mentido a la Corte Interamericana asegurando que el juez Guzmán renunció de su cargo, lo cual es falso. La responsabilidad principal en el estancamiento del caso está en la Corte Suprema y en el régimen Bukele que llevó adelante este proyecto para desbaratar la independencia judicial, que incluyó al caso de El Mozote entre otros tribunales.
¿Parece cada vez más difícil encontrar esa justicia?
Si los presidentes civiles, ahora Bukele, son cómplices al poder militar, que busca proteger criminales de guerra, pues no tendremos justicia. Si esto se combina con jueces o juezas que no son independientes tampoco tendremos justicia. Pero precisamente esa es la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de El Salvador y de cualquier lugar.
Tenemos ejemplos de éxito no muy lejos, en Guatemala militares genocidas han sido condenados. Yo creo que El Mozote es un caso con prueba fuerte, con prueba forense, con prueba documental. A pesar de los bloqueos a los archivos militares fundamentales, con prueba pericial, con mucha prueba testimonial muy contundente, la cadena de mando está establecida y eso debería ser suficiente para plenario y tener condenas. Claro, esto es la valoración del judicial.
En un ambiente donde la democracia ya no existe en El Salvador, el presidente civil está potenciando el militarismo y dando poder político a la Fuerza Armada como ningún otro desde los Acuerdos de Paz y el ministro de Defensa ha consolidado su posición de no permitir investigaciones, esto hace el camino muy difícil incluso si tuviéramos un juez o jueza que trate de llegar a las últimas consecuencias. Pero si algo he aprendido en este camino es que las víctimas no se rinden.
El ejemplo de Rufina Amaya ha sido el que más nos ha impactado, que llegó a conquistar la verdad. Rufina Maya es una humilde mujer campesina de Morazán, que sobrevive a la masacre en El Mozote, le mataron sus cuatro hijos y muchos familiares. Ella comenzó a dar testimonio de la masacre seis meses después que pudo hablar y pasó 25 años dando este testimonio. La masacre fue negada por el alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador, el ministro de Defensa. Fue negada por el gobierno de Duarte, fue negada por la Embajada Americana, fue negada por el gobierno de Ronald Reagan. Sostuvieron ante el Congreso de los Estados Unidos que la masacre era mentira, aún contra las evidencias periodísticas que se habían revelado en los Estados Unidos. Y Rufina los derrotó.
Su verdad derrotó la mentira de los más poderosos de este mundo, el propio gobierno de los Estados Unidos. El poder de la lucha de las víctimas es un tema en el que tengo mucha fe. La verdad, el espíritu de lucha, la humildad desde su sufrimiento, que no es venganza. No son personas con odio, que van buscando vengar y hacer pasar mal a los victimarios. Son personas que tienen claro, que van buscando cumplir la ley. Van a dejar una lección muy grande a este país, independientemente que la justicia se decante a favor de criminales o el presidente o el alto mando de la Fuerza Armada. Creo que es una lucha que las víctimas ganarán en este sentido, por supuesto que el establecimiento definitivo de la verdad judicial en una sentencia definitiva es algo que ellas merecen. Y nuestra labor será acompañarles hasta donde podamos. Esa lucha que no está decidida.
Volviendo al tema de la PDDH, el actual procurador Apolonio Tobar decía hace unos días que la PDDH era una instancia que solo se prestaba a tener un papel de oposición y que no han podido dar respuestas oportunas a las denuncias durante el Régimen de Excepción debido a la burocracia de la institución. ¿Qué opina de esto?
Bueno, también ha dado un reconocimiento al ministro de Seguridad en momentos en que el ministro impulsa una política de violaciones masivas de los derechos humanos. La verdad, me da mucha tristeza que el procurador Tobar esté protagonizando uno de los momentos más bochornosos en la historia de la Procuraduría. Creo que la Procuraduría no merece eso. Su creación es el resultado del derramamiento de sangre y del sufrimiento de cientos de miles de víctimas durante el conflicto armado. La Procuraduría fue la esperanza de erigirse en un mecanismo de prevención de las graves violaciones a derechos humanos. Es por excelencia una garantía de no repetición de crímenes contra la humanidad. Entonces si la Procuraduría no funciona, no cumple su mandato o el titular de la Procuraduría no cumple su mandato, realmente la responsabilidad histórica, más allá de la que pueda tener jurídica o moral, es muy grande, del daño que consuma.
Creo que el procurador Tobar no está cumpliendo con su mandato. Sostiene que su mandato fundamental es garantizar la gobernabilidad efectiva, me parece que es el término, ese no es el mandato del procurador de Derechos Humanos. El mandato está muy claro en la Constitución, el mandato es investigar las violaciones a los derechos humanos, el mandato es acompañar a las víctimas, asistir a las víctimas, identificar prácticas sistemáticas y verificar las situaciones. Por cierto, verificar la situación de las personas privadas de libertad es uno de sus mandatos fundamentales según la Constitución y la ley y frente a estas situaciones de violación a los derechos humanos ejercer con toda su posibilidad sus facultades recomendatorias.
Es cierto que debe seguir procedimientos, pero el procurador Tobar está manifestando que por seguir procedimientos no puede pronunciarse sobre las muertes en los centros penales o sobre las torturas que han sido denunciadas. Esto no es cierto, todos sabemos que llevamos varios meses en el régimen. Es tiempo suficiente, las organizaciones de derechos humanos que hemos atendido a las víctimas, que hemos acompañado a las víctimas, hemos tenido testimonios directos de familiares que vieron los momentos de la detención, tortura durante las detenciones, amenazas, maltrato y traumas en niños y niñas que experimentaron esto. Incluso acciones de acoso sexual contra mujeres por soldados y policías durante las detenciones. Hemos tenido información de personas que han logrado salir de las cárceles, de familiares que tuvieron contacto con estas, que vieron las condiciones de tortura colectiva o individual dentro de las cárceles. Hay información objetiva, clara incluso reportes forenses que evidencian el tema de las muertes. La falta de atención en medicamentos está provocando muertes arbitrarias.
Uno de los últimos casos que revisaba se trata de un interno con diabetes que sí lo han trasladado al Centro Penal de Quezaltepeque, donde dicen que están atendiendo a los enfermos crónicos, y lo llevaron después de un colapso, un shock séptico, al hospital donde determinaron que llevaba dos semanas con su pierna engangrenada. Los están dejando morir, esto es una especie de ejecución extrajudicial. Las evidencias están ahí, las organizaciones de derechos humanos tenemos contacto, el personal de la Procuraduría de Derechos Humanos está haciendo su trabajo, lo hemos comprobado. Nos damos cuenta que el personal técnico va, verifica, trata de hacer la gestión, comparte alguna información que es necesaria para los familiares. El personal parece estar haciendo un esfuerzo, pero el procurador en el ejercicio de su función, calla u oculta y últimamente juega un rol activo para legitimar el Régimen de Excepción.
Y ahora ha utilizado un evento internacional con delegaciones de algunas instituciones ombudsman de la región, creo yo que, con abuso a sus invitados, ha utilizado el evento para legitimar el Régimen de Excepción, que ha provocado decenas de miles de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Creo yo que no habíamos experimentado una distorsión tan grande en el ejercicio del mandato de un procurador. Hay gestiones muy cuestionables, la del procurador Peñate Polanco, la gestión de la procuradora Raquel Caballero, que también fue muy cuestionada. Pero creo que, en este momento particular, un procurador que enfrenta violaciones masivas a los derechos humanos, lo peor que podía pasar era un procurador cómplice, que guarde silencio ante las violaciones. El abandono de las víctimas es muy doloroso. Creo que incluso había víctimas ejerciendo una protesta fuerte en las instalaciones de la Procuraduría.
Como hemos dicho en Cristosal, el Régimen de Excepción es una política de Estado decidida al más alto nivel, las posiciones más importantes en el poder del Estado lo están impulsado. El presidente Bukele abiertamente en sus redes sociales. La Presidencia quien lo solicita, la Asamblea los aprueba, la Corte Suprema nombra jueces ad hoc que han anulado el debido proceso y el derecho de defensa. Es una cadena de funcionarios que podrían estar cometiendo graves delitos, no se trata solo de violaciones a los derechos humanos, sino que conductas en el ejercicio de sus cargos que pueden constituir delitos de manera sistemática y en decenas de miles de casos. Por eso hemos lanzado una alerta hacia la comunidad internacional que en El Salvador se está configurando un escenario de crímenes de lesa humanidad. Además, está cayendo esto en una población específica, claramente identificada por población en condición de pobreza, en comunidades estigmatizadas por la violencia, que además suelen ser las comunidades que son víctimas de las pandillas. El procurador tiene muchas facultades para abordar este tema, la burocracia institucional no es excusa. Su decisión, según describe en sus entrevistas, de tener 3,000 denuncias y abordarlas caso a caso, estas son situaciones que afectan colectivos y para eso tiene plena facultades de realizar verificaciones de la situación y dictar informes especiales, incluso dictar censuras públicas o dictar medidas cautelares.
La Procuraduría puede dictar medidas cautelares e inclusive dictar recomendaciones, aunque no haya completado su proceso de investigación o de verificación. Lo hacen hasta tribunales de justicia. Sin embargo, el procurador no ejerce estas facultades, simplemente dice, yo tengo que investigar, prolonga su investigación por meses y termina tomando posicionamiento de legitimación. Creo que no es una persona idónea para seguir en su cargo.
Usted trabajó como defensor de derechos humanos en la época de la Mano Dura y Súper Dura, luego estuvo como procurador tras la tregua con las pandillas en los años más violentos del país, ¿cuáles son lecciones que dejaron esas decisiones que podrían alertar también ante el Régimen de Excepción?
El Régimen de Excepción es una estrategia que podríamos denominar más de lo mismo, es decir, no es nada nuevo en El Salvador. No es una nueva idea. Es otra vez una estrategia mano durista, como se conoce en el país. Son estrategias de intervención policial, sobre todo capturas o redadas como lo llamamos masivas de personas, con nula investigación sobre los delitos que presuntamente han cometido para generar un impacto temporal en las comunidades que da ciertas condiciones de tranquilidad o de esperanza, que se traduce en réditos políticos o electorales de imagen favorables. Esto es entendible porque comunidades golpeadas por la violencia de las pandillas y de crimen organizado durante años, el tema de vender publicidad sobre estrategias de mano dura o guerra contra las pandillas, como se llama ahora, es un tema que siempre va a ser popular en la medida que hablamos de comunidades angustiadas y asfixiadas por la violencia. Este tipo de políticas le da algo una esperanza de superar el problema, por eso se conocen como estrategias de populismo punitivo, ¿verdad? A la larga está demostrado que estas estrategias son fallidas, de hecho, expertos en el tema desde hace muchos años, han calificado el mano durismo del triángulo norte de Centroamérica como ejemplo de fracaso continental en políticas de seguridad.
La violencia de este tipo no la puede erradicar con este tipo de estrategia, que combaten efectos y solo produce una situación temporal que da apariencia de seguridad. Lo que El Salvador debió adoptar, hace mucho, es una política integral de seguridad que por supuesto sea fuerte en su política de represión y persecución del delito. Esto no significa violaciones a los derechos humanos y redadas masivas, significa fortalecer la investigación científica del delito, invertir en las instituciones, en la coordinación institucional. Para el caso de El Salvador debió invertir en la Policía Nacional Civil y no en la Fuerza Armada, que no tiene la función. Observamos cómo los presupuestos de Defensa siempre van para arriba y los de la Policía Nacional Civil no. Los recursos se les dan a los militares hoy más que nunca. Implica también una política de intervención que suponga construir el nexo de las instituciones de seguridad y las autoridades con la población.
Las estructuras delictivas no pueden ser desmontadas, sino por investigación y sobre todo si son de crimen organizado. Son estructuras que requieren una investigación especialista, donde las estructuras sean identificadas sus líderes o jefes que son los máximos responsables sean también identificados, se obtengan pruebas y estos puedan ser prácticamente descabezadas y cortada su fuente de financiamiento.
Es un tema muy complejo con estructuras del crimen organizado que ya se volvió transnacional. Para eso necesita también a la población, la confianza de la población en las instituciones que le brinda información a las autoridades, si lo que construye es un esquema represivo, de redadas masivas donde se van delincuentes y muchísimos inocentes no va a construir confianza para poder llevar adelante investigaciones serias. Por otro lado, se requiere estrategias de prevención que son las políticas sociales, la inversión y la presencia del Estado en salud o educación. El fortalecimiento de los gobiernos locales para la participación ciudadana en la prevención y también un eje de atención y asistencia a las víctimas de la violencia. Claro que este tipo de políticas integrales que podrían permitir a un mediano o largo plazo eliminar el fenómeno cuestan inversión, inversión social, la limpieza de las instituciones de la corrupción.
Algunos expertos plantean que este tipo de estrategias mano duristas son opciones baratas, sin una inversión mayor que generan réditos políticos y si a eso le agrega el ingrediente de negociaciones políticas entre gobiernos y pandillas solo terminará consolidando. Yo recuerdo que hice un informe de la PDDH sobre la estadística de extorsiones cuando inició el mano durismo era muy baja. Cuando hicieron las redadas masivas y dividieron a las pandillas al interior de las cárceles, en ese periodo se consolidaron las ranflas nacionales y las pandillas descubrieron el delito de la extorsión, luego los homicidios se dispararon.
Uno de los resultados del mano durismo fue el fortalecimiento de las pandillas. Ahora Bukele aplica la misma receta en una dimensión mayor, con menos escrúpulos, desmontando la democracia, potenciando el militarismo y lo que tenemos es un escenario de crisis de derechos humanos, de destrucción de la independencia judicial y de consolidación de una dictadura. No hay escrúpulos ya para violar los derechos humanos. Y esta política la están dirigiendo Presidencia, Asamblea Legislativa, Corte, Fiscal General, jueces especializados. Entonces es muy grave. Las evidencias de las negociaciones con pandillas son ahora más claras que nunca por investigaciones periodísticas; entonces es un escenario realmente muy grave. Se consolida una dictadura, se sigue una estrategia de negociación con pandillas o de estrategias manu duristas fracasadas que pueden terminar fortaleciendo la evolución de las pandillas como crimen organizado. Yo creo que esa es la perspectiva más preocupante.
En su experiencia, desde los últimos años del conflicto a la actualidad, ¿ha habido un verdadero cambio en las respuestas que reciben las víctimas de desapariciones? Y para usted, ¿qué ha implicado ver que de nuevo podrían estar ocurriendo desapariciones forzadas por agentes del Estado?
El fenómeno de las desapariciones nunca fue atendido. Cuando se consolida la impunidad que impulsó el gobierno de Cristiani y la Fuerza Armada fue uno de los temas que más incumplió, como el de los escuadrones de la muerte que no fueron investigados. Las víctimas quedaron abandonadas y caímos en esa etapa de negacionismo. Recuerdo cuando vino el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, era 2007 y yo ya no estaba en la PDDH. Los comités de madres, que llevaban años pidiendo el Día Nacional de los Desaparecidos, habían presentado su pieza de correspondencia de ese año y la diputada Milena Calderón desde su curul, cuando las madres estaban ahí, tomó la pieza de correspondencia, su copia, y la rompió en público. Las madres lloraron, se vieron muy agraviadas.
Poco tiempo después, me llamó la diputada y me dijo que ella no había roto esa pieza, que ella estaba rompiendo otros papeles, pero de todas maneras que de este fenómeno de la desaparición se habían dicho muchas cosas que no eran ciertas, que la desaparición no existía, era gente que se fue a la guerra, que ella tenía un gran amigo que desapareció, pero era porque se había ido la montaña. Era impresionante el negacionismo que predominaba. Por supuesto que no se cumplieron estándares. La Corte Interamericana con el caso Cruz Serrano en 2005 ordenó una agenda de obligaciones estatales: crear un banco genético de familiares, crear procesos de búsqueda, crear la comisión de búsqueda especializada para niños y niñas desaparecidos, pero era un tema que se podía retomar para los adultos, pero no hubo ninguna voluntad de cumplir. Es hasta 2010 que se crea la Comisión Nacional de Búsquedas, no hubo voluntad de la Corte Suprema de Justicia, hasta hoy, de crear el banco genético. Y costó mucho para que precariamente se instalara ya hasta tiempos relativamente recientes un equipo de antropología forense en Medicina Legal. La Corte no ha colaborado con esa agenda.
Luego tuvimos el fenómeno no de víctimas de desaparición forzada por el Estado, si no personas desaparecidas por violencia delictiva. Como no es el Estado no llega a configurar el delito internacional de desaparición forzada, pero realmente el impacto en la familia es el mismo. El procedimiento de búsqueda, de identificación, de restitución de restos es muy similar. Debe crearse un banco genético, deben hacerse procedimientos especiales de búsqueda, crear equipos especializados.
Si se hubiera cumplido la agenda con las víctimas de desaparición forzada del conflicto armado, el Estado hubiera tenido una capacidad instalada base para poder afrontar el tema de las desapariciones a causa de la violencia. Pero no hubo voluntad. Las víctimas no han importado al Estado de El Salvador. Las han abandonado, han violentado sus derechos y esto ha derivado en impunidad a favor de criminales. Sin embargo, fue impactante para mí cuando pude constatar casos de desaparición forzada de manera directa. Ocurrió cuando yo estaba como procurador, comenzó a darse la práctica de detenciones. Creo que era el año 2015, recibimos denuncias a la Procuraduría de detenciones, se lo llevaron autoridades y no aparecían. Fue impactante porque era como leer una denuncia de la época de la guerra, “soldados debidamente uniformados y armados se lo llevaron, no nos dan información de su paradero, no sabemos dónde está. Lo hemos buscado aquí y allá”. Me impactó ver una denuncia que era como las denuncias del conflicto armado.
Por el momento mi trabajo está centrado en justicia transicional y no tengo acceso a casos documentados de desapariciones forzadas por autoridades, pero sí, con el Régimen de Excepción se está exacerbando este fenómeno de las desapariciones temporales, que eran prácticas que no son nuevas. En los 2000 las detectamos que realizaban unidades élites de la Policía y la Fiscalía, recordemos que en estas unidades de élite estuvo el fiscal. Tenían la práctica, en algunos casos, estas unidades detenían personas y no las llevaban a una sede policial para ser interrogadas, las movían en centros u oficinas no identificadas, que a fin de cuentas vienen a ser como instalaciones clandestinas de la Policía donde eran interrogadas y en ocasiones torturadas. Esta fue una práctica de la antigua DECO con la tolerancia de la UCO. Entonces se producía una incomunicación, en la práctica era una desaparición. Estas personas, si bien estaban detenidas por autoridades, eran llevados a instalaciones que podemos llamar clandestinas para ser interrogadas a veces torturadas y estaban sustraídas de la protección de la ley y no se daba información a abogados ni a familiares y aparecía tiempo después.
Eso que se daba de manera excepcional ahora parece estarse dando de manera bastante generalizada en el régimen. Las personas son detenidas, no se da información a los familiares, no se sabe en qué instalación los tienen. Familiares que pasan uno o dos meses no saben dónde están, a veces los mueven de penales.
El fenómeno de este tipo de desaparición, de incomunicación, que ya tiene características de desaparición forzada y las tiene hasta que no se establece el paradero de la persona, que apareció en un penal, lo vio el abogado, lo vio la familia, ahí se interrumpe, pero mientras están negando información y se lo han llevado detenido, lo tienen interrogando o torturando, ese es un espacio donde se está perpetrando el delito de desaparición forzada.
Esa es una práctica del régimen. Por eso la justicia y la verdad son de las garantías de la no repetición más importantes. Si esto se hubiera afrontado con los desaparecidos de la guerra, no solo el Estado hubiera aceptado su responsabilidad y la sociedad hubiera cobrado conciencia de la ilegalidad de esos actos y construido solidaridad con las víctimas, sino que hubiera desarrollado estas capacidades científicas, genéticas y antropología forense mucho antes. Nunca se hizo nada, se perpetuó el estado de impunidad y ahora la población es muy vulnerable a esto. Y el discurso oficial, que es un discurso anti derecho, de odio, de la tesis falsa que para garantizar seguridad hay que violar derechos ha terminado legitimando las violaciones a derechos humanos como ocurría en el conflicto armado. “Es que en algo andaba por eso desapareció, es que los niños de El Mozote eran guerrilleros”, absurdos de ese nivel. Hoy estamos viendo lo mismo, es una repetición de la historia.
¿Cómo hace un defensor de derechos humanos para no desfallecer en un país como el nuestro, que parece estar en un círculo de violencia y represión?
En mi caso personal creo que es la dimensión de nobleza y la forma de administrar y salir adelante frente al sufrimiento de las víctimas, lo que más ha estimulado la convicción de acompañarlas. Pero obviamente el tema de la defensa de los derechos humanos es un tema de muchísimas personas, muchísimas organizaciones. Los equipos de Cristosal, de otras organizaciones de derechos humanos, las madres de los desaparecidos, unas ya muy enfermas, muy mayores y siguen ahí. El tema del sufrimiento que ahora está causando el Régimen de Excepción tiene una dimensión que no podemos medir. Ver la angustia de las madres, de familiares, la situación en la que van quedando sus hijos, el impacto de las mujeres. No solo las víctimas directas a las que han llevado detenidas, el impacto en toda la responsabilidad de la manutención, la crianza de muchos hijos, hay hogares en los que se han llevado las parejas y una abuela, una tía queda a cargo de siete niños.
El sufrimiento creo yo que impulsa a las víctimas a tratar de enfrentar el abuso, en muchos casos, buscar apoyo y el deber de acompañar creo que es algo que siempre vamos a encontrar. Las historias de solidaridad en la guerra eran impresionantes. Gente que daba la vida, monseñor Romero, Herbert Anaya, Marianela. La gente que luchaba por la democracia, a mí me sorprende esa gente que protestaba en el régimen de Romero, los estudiantes que salían a las manifestaciones y sabían que iban a ser ametrallados o que podrían ser asesinados y llegaba a la represión y ocurría. Este tipo de lucha creo que se ha dado siempre. De hecho, la evolución del reconocimiento de los derechos humanos ha tenido esa dinámica de la lucha social, la lucha de los pueblos.
Esa construcción de solidaridad son procesos sociales que ocurren, lastimosamente El Salvador no ha tenido un poquito de tregua en esto. Creo que limitadamente todas las personas hacemos lo que podemos en el espacio que estamos, no es que sea ninguna acción heroica. Simplemente se trata de un esfuerzo para las víctimas y de tratar de llegar hasta donde podemos. Normalmente hay una sensación de frustración muy grande porque no podemos evitar, no podemos solucionar, no podemos acompañar. Ahora a Cristosal han ingresado más de 2,700 denuncias y el equipo que está a cargo de esto es un equipo pequeño. Es imposible ver todo.
Creo que es una convicción, un espíritu, hay personas que lo hacen desde la perspectiva religiosa como María Julia Hernández y monseñor Romero. Hay personas que lo hacen desde las convicciones jurídicas de los derechos humanos o por la solidaridad social. Las personas medioambientalistas que me parecen de las más admirables, que son de las más perseguidas. Las personas defensoras del agua que sufren persecución, asesinatos, lo han vivido en la región. Creo que son ejemplos de fortaleza y lucha por la dignidad humana que nos deben inspirar y nos permiten enfrentar a estas personas que tienen el poder y que abusan, destruyen y generan odio.
