Por Xenia Oliva

El régimen de excepción se ha convertido también en un “pretexto” que usan los fiscales para no investigar los casos de desaparecidos, así dio a conocer Pedro Cruz, abogado de la Asociación de Derechos Humanos (ASDEHU) que ha acompañado a familiares de víctimas de desaparición.

“La familia llega casi que suplicando por diligencias, aportando hipótesis, nombres de sospechosos, pero la respuesta que reciben es no podemos investigar porque los fiscales están ocupados”, lamentó Cruz, quien señaló que la forma de actuar las autoridades policiales y fiscales ante los casos de desaparecidos tienen a revictimizar a las familias.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador expresaron “su consternación por la grave situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en el marco de la criminalidad, así como las limitadas acciones por parte del Estado para prevenir y abordar el problema”.

A través de la Oficina de Acceso a Información de la Policía Nacional Civil (PNC), las organizaciones pudieron conocer que durante los primeros cinco meses de 2022 hubo 577 denuncias de personas desaparecidas. Desde entonces se informó que la estadística relacionada a casos de desaparecidos ha sido declarada reservada, dijo Kerlin Belloso, abogada de Fespad.

Las organizaciones que integran el Grupo señalaron que a estos casos de desapariciones se suman las capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, que en “muchos casos tiene características de detenciones secretas, que es una modalidad de desaparición forzada, cuando las autoridades no reconocen la detención o se niegan a dar información sobre la persona detenida”.

Señalaron que esta es una práctica que genera incertidumbre y parece ser una estrategia diseñada “para infundir silencio y terror”, sostuvieron.

Belloso dijo que es importante que la Asamblea Legislativa ratifique instrumentos internacionales de protección a las personas desaparecidas. Además, es necesario que se establezca una política de búsqueda de personas desaparecidas, que no dependa solo del tema de la persecución penal. Explicó que en muchos casos las investigaciones se enfocan en encontrar al culpable de la desaparición, no a la víctima.

También recordó la necesidad de crear un banco de ADN para que pueda ayudar a establecer el paradero de las personas desaparecidas.

Desde el Bloque de Búsqueda de Desaparecidos, Belloso dijo que han identificado vacíos en la respuesta a los casos. Señaló que es falso que, para poner una denuncia o para que los agentes la reciban, deben pasar 72 horas de la desaparición. Belloso recordó que existe un Protocolo de Acción Urgente.

Lamentó que la prevención y la protección no ha sido parte de los enfoques para atender la situación.

“La ausencia de prácticas que permitan al Estado reparar los daños desemboca justamente en que exista impunidad y que se crea que es tan fácil desaparecer a una persona, se dan las condiciones para que siga sucediendo el tema. Hay familias que tras la desaparición suceden otros delitos como el desplazamiento, las amenazas. No existen mecanismos de protección para estas familias”, dijo Belloso.

Ante la indiferencia que siguen enfrentando los familiares de desaparecidos, las organizaciones de Derechos Humanos lanzaron una campaña para recolectar fotografías y datos de personas desaparecidas. La campaña llamada “Exijamos justicia por nuestras y nuestros desaparecidos” tiene como fin entregar toda la información recolectada a la FGR.