Por Xenia Oliva

Busby dijo que ellos han tenido la oportunidad de comunicar sus preocupaciones al gobierno Bukele y que el gobierno ha demostrado disposición de escuchar las preocupaciones que han expresado en privado. Apuntó como un cambio pequeño, pero importante que se devolviera el derecho de asociación para la quinta prórroga del régimen.

“Compartimos sus preocupaciones y estamos haciendo todo lo posible para abordarlas en conversaciones con altos funcionarios de la administración Bukele. Y compartimos su objetivo de abordar las legítimas preocupaciones de seguridad del pueblo salvadoreño al mismo tiempo que se garantice el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho”, dijo Busby a McGovern.

McGovern expresó que, aunque se argumente que el régimen de excepción es una medida popular, se debe tomar en cuenta que ser popular no es igual a que algo sea correcto. Además, El Salvador tiene obligaciones con el derecho internacional de los derechos humanos.

“Es popular porque la violencia de las pandillas está fuera de control y la gente quiere que se le haga frente”, consideró McGovern, pero recordó que las medidas de seguridad no deben dejar de lado los derechos humanos ni el derecho de las personas de exigir que los políticos rindan cuentas.  

El congresista lamentó que sus pláticas con personas en El Salvador que ha conocido por muchos años y el temor que expresan le recuerdan mucho a las historias que escuchaba en los años 1983 a 1984 en el país.

“Estoy muy, muy preocupado por el futuro de El Salvador”, puntualizó McGovern.

En la audiencia también participaron como testigos defensores de derechos humanos y del estado de derecho. Leonor Arteaga Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, explicó que con el régimen de excepción se han suspendido garantías judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia legal, que vulneran el derecho internacional. Además, señaló que los más afectados son personas que ya eran vulnerables por vivir en comunidades estigmatizadas donde impera la pobreza y el control de las pandillas. Añadió que ya existían fallos previos por anteriores Salas de lo Constitucional que dictaminaron que un régimen de excepción no debe suspender garantías judiciales.

Noah Bullock, director ejecutivo de la organización humanitaria Cristosal, dijo que han recibido más de 2,600 denuncias en lo que va del régimen de excepción. La mayoría por detenciones arbitrarias. Consideró que en estos momentos es importante retomar los principios de la justicia transicional para realmente brindar reparaciones a los daños causados por las pandillas, así como los provocados por los abusos de poder durante el régimen.

En la audiencia también estuvo Tamara Taraciuk, subdirectora de las Américas de Human Rights Watch, quien recordó que en las democracias deben existir límites. Expresó que esto no implica olvidar las profundas cicatrices que la violencia de las pandillas ha dejado en la sociedad salvadoreña, pero dijo que se debe actuar conforme a derecho, ya que las violaciones actuales podrían generar responsabilidad internacional.

“Cualquiera puede despertar y ser el blanco de la represión gubernamental y la persecución penal. No podemos estar normalizando vivir sin derechos en El Salvador porque eso termina siendo peligroso para todos”, dijo Taraciuk.

McGovern recordó que las democracias son frágiles y que la noción de que la única forma de combatir el crimen es afectando la democracia puede llegar a ser peligrosa.  

“Al fin y al cabo, el pueblo salvadoreño es el que va a determinar su propio destino. Los que estamos aquí en el Congreso podemos instar, podemos condicionar y podemos sancionar y lo haremos porque creo que vale la pena luchar por la democracia de El Salvador. Pero esta idea de que lo único que puedes hacer para controlar a las pandillas es básicamente destruyendo tu democracia. Pienso que eso es erróneo, realmente lo creo. Y es trágico que esté sucediendo”, concluyó McGovern.