Para lograrlo, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la Ley Para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacíficio, el martes 26 de abril. Con esta ley, CEPA obtuvo la facultad de comprar, permutar o expropiar las propiedades de las familias de Condadillo y Flor de Mangle.
Cuando esa ley fue aprobada, los diputados oficialistas desestimaron las afectaciones socioambientales que traería el proyecto. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Sandra Martínez, incluso aseguró públicamente que la construcción del aeropuerto no iba a generar impactos ambientales por encontrarse dentro del corredor seco.
En síntesis, la ley declara de utilidad pública la construcción y funcionamiento del aeropuerto, facilitando los permisos que otorga el MARN y el Centro Nacional de Registro (CNR). Además, facilita la adquisición de inmuebles y la expropiación a través de un procedimiento especial dispuesto en la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado. En este procedimiento de expropiación, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá demandar a los propietarios legales o poseedores que no quieran vender o desalojar los terrenos donde se construirá el proyecto. Un juez conocerá el caso en los tribunales correspondientes y dará la sentencia definitiva, declarando la adquisición del inmueble a favor de CEPA o declarando sin lugar la demanda de la Fiscalía.
A juicio de Jonathan Sisco, abogado de la organización Cristosal, la ley lleva como objetivo despojar de sus viviendas y parcelas a las familias de las comunidades para construir el megaproyecto.
“Lo vemos en la ley que regula al aeropuerto. Desde que presenta la demanda la Fiscalía, desde ahí el bien (inmueble) queda inmovilizado. No se puede vender, arrendar y ni siquiera disponer de él”, dijo Sisco.
Estas acciones legales, según el experto, son una clara amenaza para las familias que poseen sus títulos de propiedad y para las personas que no han podido legalizar sus tierras, pero que llevan años viviendo en la comunidad. La ley pone a los habitantes en una situación de desprotección y mayor vulnerabilidad, sostuvo Sisco.
Las familias afectadas estarían perdiendo sus propiedades en términos de dos semanas, ya que el proceso judicial se realizaría en periodos muy cortos y expeditos. Según Sisco, esto imposibilitaría que las familias demandadas puedan presentar, en tiempo, pruebas (peritajes) que determinen el costo real de la propiedad en venta.
“Con la ley, lo que van a llegar a hacer es presentar la demanda ante el juez y éste resolverá en los primeros días que pueda; prácticamente en dos semanas la gente va a perder sus propiedades. Entonces, lo que están haciendo es obligar a la gente a que venda, ahí CEPA va a poner el precio. Las personas que anticipadamente dijeron que sí van a vender, nada más van aceptar el precio que les dé el Estado”, analizó el abogado de Cristosal.
Por su lado, CEPA ya comenzó a citar vía telefónica y de forma individual a los propietarios para informarles el valor que pagará el Estado por los terrenos. Pobladores de la comunidad Condadillo confirmaron a GatoEncerrado que en la primera semana de octubre fueron citados a las oficinas de CEPA que se encuentran en el puerto de Cutuco.
El 5 de octubre, Blanca Luz de López, habitante de Condadillo, relató a esta revista que llegó a las oficinas para escuchar la oferta que le estaban ofreciendo por su terreno. En en el lugar, tres empleados de CEPA le explicaron que el Estado le pagará $8,000 por cada manzana de terreno.
En esa ocasión, Blanca no estuvo de acuerdo con el precio, ya que era muy poco, tomando en cuenta que en la zona y por la demanda pueden llegar a costar hasta $18,000 por manzana. Como en la reunión Blanco no llegó a ningún acuerdo, los empleados de CEPA advirtieron que tenía 15 días para buscar un abogado y a una persona experta en medición de terrenos para reconsiderar la oferta. También le dijeron que de no llegar a ningún acuerdo, el caso pasaría a manos de la Fiscalía y se resolvería en un los tribunales.
De igual manera, Wilfredo Reyes fue citado en calidad de representante de su hermana y su cuñado, quienes son propietarios de parcelas agrícolas que se encuentran en la zona donde se construirá el aeropuerto.
“A mí me citaron el viernes 8 de octubre. Me dijeron cuánto era el valor de los terrenos y me dijeron que si me parecía bien y que si no me parecía el precio me daban un lapso de tiempo de 15 días; de lo contrario, lo mandaban a Fiscalía para que se peleara el caso”, dijo Wilfredo Reyes.
Otros líderes comunitarios que aseguraron a GatoEncerrado que CEPA está amenazando a las personas propietarias de los terrenos para que firmen la propuesta económica que ofrece: “Si no firma, en 15 días es posible que se quede sin nada. Ellos (CEPA) nos dicen que si no firmamos es posible que el caso pase a Fiscalía y un juez va a determinar si esto se lo deja al gobierno”, denunció Santos Eduviges Cruz Hernandez, vocal de la ADESCO del cantón Volcancillo.
Ante estas amenazas, el abogado de Cristosal señaló que la Ley de Construcción del Aeropuerto violenta el derecho de la propiedad de los habitantes e incumple obligaciones internacionales sobre vivienda de Naciones Unidas. Por ejemplo: La asesoría jurídica del Estado, la libertad del propietario de vender sus terrenos, una notificación efectiva, el derecho a la posesión y la igualdad.
“Nosotros hemos conversado esto con la unidad de anticorrupción de Cristosal. Hemos ido a la comunidad a conversar con las personas. Estamos a favor del desarrollo, pero no de esta forma violando derechos humanos; y es tan grave este tema del desplazamiento que genera el desalojo forzoso con estos megaproyectos”, dijo Sisco a GatoEncerrado.
