Por Xenia Oliva

Ante las violaciones generalizadas de derechos humanos en El Salvador, principalmente por la implementación y prolongación del régimen de excepción, las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal recomendaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que imponga criterios relacionados a la prevención de los abusos de derechos humanos antes de seguir otorgando financiamiento al país.

Las organizaciones pudieron corroborar, según su más reciente estudio, más de 1,100 casos de detenciones arbitrarias; de estos, 130 fueron documentados con detalles, incluyendo 12 casos que se consideraron como desapariciones forzadas de corta duración.

A estos casos se le suman víctimas de tortura, de malos tratos y al menos 90 personas que han fallecido al interior de centros penales, de acuerdo con datos de las mismas autoridades gubernamentales.

“El régimen en El Salvador ha violado de forma generalizada los derechos humanos”, expuso Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en la presentación del estudio.

Ante la gravedad y severidad de los hallazgos, las organizaciones emitieron recomendaciones dirigidas al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que es una de las entidades financieras que siguen apoyando con préstamos al gobierno salvadoreño, a las fuerzas de seguridad y al Plan Control Territorial.

“Nos preocupa muchísimo la manera en la cual el banco ha venido financiando al gobierno salvadoreño, en principio bajo objetivos loables, como por ejemplo reducir el hacinamiento, pero que no esté dispuesto a establecer hasta el momento condicionamientos claros para que políticas del gobierno salvadoreño que han terminado generando el incremento de hacinamiento, como lo documenta este informe, no significan retener recursos y por lo tanto tener algún margen de maniobra para que el gobierno cambie ese tipo de políticas”, dijo Goebertus.

Por el momento, el BCIE tiene 13 “préstamos activos” para el gobierno de El Salvador, por un monto total de más de $1,500 millones. El informe destacó que solo en 2021, el directorio del BCIE aprobó préstamos a El Salvador por más de $884 millones, el mayor monto concedido en comparación a los recibidos por otros países de Centroamérica.

El informe indicó que parte de estos fondos se han destinado a instituciones del Estado que han estado involucradas en violaciones a derechos humanos durante el régimen. Entre estos hay dos préstamos para el Plan Control Territorial por $200 millones, que irían para la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Juan Pappier, investigador de HRW, dijo que funcionarios del BCIE les informaron que los fondos aún no han sido desembolsados y que estarían siendo “reformulados para reemplazar a la PNC y al Ministerio de la Defensa”. No obstante, en el mismo presupuesto 2023 ya se contemplan estos fondos.

La Fiscalía General de la República (FGR) también será una de las entidades que recibirá fondos del BCIE. Pappier expresó que el banco debería reconsiderar la entrega de fondos debido a la actuación de la FGR durante el régimen de excepción. “Tiene poco sentido darle dinero a una entidad que participa en violaciones a derechos humanos que no tiene interés en brindar una justicia imparcial”, dijo.

Otro préstamo que estaba dirigido para que la Dirección de Centros Penales lo ejecutara se redirigió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por aprobación del directorio del banco después de que Osiris Luna recibiera sanciones de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, detalló Pappier.

Por ello, las organizaciones recalcaron su petición al BCIE de que suspenda los préstamos que benefician a entidades involucradas en violaciones a los derechos humanos. Señalaron que es necesario “formular e incluir criterios específicos y mensurables de derechos humanos a fin de establecer condiciones para cualquier financiamiento futuro a estas instituciones”.

Entre estos incluyeron la necesidad de construir medidas concretas para la eliminación de la tortura y malos tratos de las personas detenidas. También que se dé un seguimiento a las denuncias de abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad; que se reformen los marcos jurídicos aprobados durante el régimen que abren la puerta a más violaciones y que se dé una disminución de reportes de casos de detenciones arbitrarias.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo a GatoEncerrado que el BCIE tiene la completa potestad de generar una política que incluya el respeto a los derechos humanos para poder otorgar créditos o fondos. Sin embargo, señaló que desde la sociedad civil han insistido en el tema de garantizar más transparencia y rendición de cuentas a los Estados que reciben fondos del BCIE, pero el mismo banco ha sido renuente.

Sandoval recordó que en 2021 utilizaron el mecanismo de denuncias del banco por infracciones éticas. “El banco no puede financiar por norma armamento o compra de armamento de los Estados”, dijo Sandoval respecto a fondos del BCIE que se usaron para comprar unidades navales y helicópteros del Ejército salvadoreño. En ese entonces la respuesta del BCIE fue escueta, de apenas una línea en la que decían que “no veían incumplimiento ético”.

“Lo que pasa es que viene a ser la caja chica del régimen de Ortega y Bukele. Cuando no ven opciones en otros lados van al BCIE”, sostuvo Sandoval.

Miles de denuncias por detenciones arbitrarias

En la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias, las organizaciones pudieron documentar cómo las fuerzas de seguridad detuvieron a las personas cuando estas estaban en sus casas o trabajos, en otros casos fueron arrestadas en las calles, sin que se les presentara una orden de captura.

“Las autoridades salvadoreñas consideran que no se necesita una orden de captura para detener a supuestos miembros de pandillas porque, en su opinión, estas personas se encuentran en ‘flagrancia permanente’, ya que pertenecer a una pandilla se considera un delito cuya ‘consumación se está realizando de manera permanente’. Este estándar amplio e impreciso permite la detención arbitraria de cualquier persona que sea considerada miembro de una pandilla por parte de las fuerzas de seguridad, sin cumplir con el requisito legal habitual de conseguir una orden de captura”, señaló el informe.

Goebertus dijo que al elaborar el informe detectaron prácticas preocupantes durante el régimen de excepción. La primera fue que, al menos hasta septiembre, se había instalado una política de cuotas de capturas por orden de los jefes de la Policía. Es decir, que los agentes estaban obligados a detener a cierta cantidad de personas. Al mismo tiempo documentaron cómo no importaba a quién se capturaba.

“Cientos de casos de personas que fueron capturadas no tenían relación ni con pandillas ni con actos criminales”, aseguró Goebertus.

A esto se suma una dinámica de parte del gobierno en la que refuerza y respalda a las autoridades de seguridad sin ponerle atención a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Goebertus reiteró que no desestiman las violaciones realizadas por las pandillas, pero que es necesario que El Salvador construya una política que se concentre en persecución penal estratégica, que realmente logre cortar las redes de financiamiento de las pandillas.

También dijo que son necesarias medidas de prevención bien enfocadas que eviten que las pandillas sigan reclutando a jóvenes y niños.

Torturas y muertes en centros penales

De las muertes en centros penales, las organizaciones pudieron documentar 11 casos en detalle. Entre estos, hubo cuatro víctimas que sus cuerpos presentaban lesiones, de acuerdo con las fotografías que se lograron tomar.

El Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura analizó las fotografías y otras evidencias y “dijeron a Human Rights Watch y a Cristosal que las muertes eran ‘sospechosas’, dado que los cuerpos ‘presentan múltiples lesiones traumáticas que podrían haber sido provocadas por torturas o maltratos, lo que podría haber contribuido a la muerte de esas personas bajo custodia’”, se expuso en el informe.

Entre los casos de tortura y malos tratos que Human Rights Watch y Cristosal pudieron documentar está el de Marcelo Gómez (seudónimo) de 39 años, quien fue detenido en Cuscatancingo frente a su casa.

Como muchos otros casos, fue llevado a una delegación policial sin que le dijeran por qué. Tras tres días de permanecer en bartolinas, lo llevaron al penal de Izalco, donde los guardias obligaron a su grupo a desnudarse y a quedarse arrodillados en el suelo por cuatro horas frente al portón de la cárcel. También los llevaron a un cuarto donde, entre 15 guardias, los obligaron a meterse a barriles llenos de agua con hielo y donde permanecieron hasta dos horas en total mientras los interrogaban. Los guardias empujaban su cabeza para que se mantuviera bajo el agua.

“Sentí que me moría”, relató a los investigadores.