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¿Cuáles son las prioridades del Gobierno de Bukele para 2023?

Los economistas y expertos en transparencia pública repiten cada año que para conocer las prioridades de un gobierno hay que revisar su presupuesto. GatoEncerrado revisó el proyecto de presupuesto para 2023 y enlistó las prioridades. Tras la revisión, esta revista encontró que es falsa la narrativa oficial de que el presupuesto ha sido diseñado para el “bienestar de los salvadoreños“. El documento del presupuesto es la evidencia de que el Gobierno de Bukele prioriza fondos para su estrategia de comunicaciones y publicidad, el Organismo de Inteligencia y el centro de escuchas; pero también reduce fondos a hospitales, a la atención a víctimas y al observatorio para prevenir tragedias en las emergencias climáticas.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó que el gasto público del gobierno central para 2023 sería de $7,786.5 millones, 24.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir que hay una reducción respecto a 2022, cuando el gasto público fue el 26.8 % del PIB. Para el Icefi, se ha reflejado la intención del gobierno salvadoreño de reducir su aparato fiscal, pero la austeridad ha golpeado áreas clave del desarrollo del país y no así en el gasto superfluo (innecesario).

Tablero

Los temas presupuestarios y económicos casi siempre son complejos, pero importantes para que los ciudadanos podamos entender qué hace el gobierno con los impuestos que todos pagamos. Para hacerlo más sencillo y comprensible, GatoEncerrado revisó el proyecto de presupuesto 2023 y agrupó los temas en este tablero. Para ver el resumen de cada tema, gráficas y datos, solo tienes que tocar cualquiera de las imágenes de este tablero o hacer scroll hasta abajo para ir viendo uno por uno.

Víctimas

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Vulnerabilidad

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Vulnerabilidad

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Educación

La continua promesa para el Ramo de Educación

A primera vista, el presupuesto de Educación ha tenido un incremento del 2.13 %, con respecto al presupuesto asignado en 2022. Para este año, el presupuesto de Educación se compuso por $1,276,277,566 del Fondo General de la Nación (FGN) y $195,950 de préstamos, para un total de $1,472,227,566. Mientras que, para 2023 el presupuesto se compone por $1,267,167, 254 que provienen del Fondo General y $234,727,105 de préstamos para un total de $1,501,894,359. Es decir que el monto que provenía directamente del Fondo General de la Nación disminuyó, mientras que el aumento en el presupuesto se dio a través de préstamos.

El economista José Luis Magaña destacó que, aunque el total del presupuesto aumenta, lo que se pone desde el Fondo General de la Nación ha venido disminuyendo. Lamentó que una de las áreas afectadas haya sido la de Educación Básica. Para 2022 fue esa área tuvo $582,250,660, de los que $82,185,718 fueron recortados, de acuerdo con los datos del presupuesto ejecutado hasta octubre en el portal de Transparencia Fiscal. En el proyecto de presupuesto 2023, se le ha asignado $585,439,570, una cifra que aún no llega a la alcanzada en 2021, cuando recibió un presupuesto de $590,435,715. 

Otra unidad de Educación afectada por recortes es el “Programas de Desarrollo y Protección Social”, que se encarga de financiar beneficios para los estudiantes del sector público como el paquete de uniforme, zapatos, útiles escolares y el Vaso de Leche. Para 2022 su presupuesto fue de $96,643,600, en 2021 y 2020 se le asignó lo mismo. Mientras que para 2023 su presupuesto se ha reducido a $73,643,600.

Aunque el Gobierno de Nayib Bukele ha anunciado que para 2023 el presupuesto de Educación ha alcanzado el 5 % del PIB, este dato no concuerda con el dato del PIB proyectado para 2023, según una presentación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante la comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el dato del PIB proyectado, el presupuesto de Educación para 2023 representa el 4.69 % del PIB. 

Respecto al monto total asignado a Educación, el investigador educativo Óscar Picardo explicó que, aunque este es superior al de gobiernos anteriores, también debe considerarse la calidad: “Su orientación es muy digital y no aborda los principales desafíos del sistema: dignificación docente, deserción, calidad, entre otros. Por otro lado, dudamos de la eficiencia en su ejecución, hay muchos datos reservados, demasiados”, dijo.

Salud

Recortes a los hospitales públicos 

El proyecto de presupuesto 2023 asigna a Salud $1,131,158,090, lo que implica un incremento del 4.21 % con respecto al presupuesto asignado en 2022 que fue de $1,085,959,209. Para este incremento han influido las fuentes de financiamiento directas del FGN, como de los préstamos externos. Aunque la mayoría del financiamiento proviene del FGN, el porcentaje que proviene de préstamos es del 12 %.

Entre los préstamos destacan el del Programa Integrado de Salud II, Préstamo BID No. 3608 con un monto de $45 millones para 2023. Para 2022, este mismo programa recibió $41,064,775 y hasta septiembre solo se había ejecutado el 16 %.

El Icefi ha destacado cómo se han dado recortes en los presupuestos de los hospitales públicos. En 2023, 13 hospitales tendrán presupuestos menores a los asignados en 2022. Entre estos está el centro de atención de tercer nivel más importante del país, el Hospital Rosales. Para 2023, su presupuesto será de $65,056,410, lo que implica una reducción del 1.18 % con respecto a 2022. 

Escuchas

El Centro de escuchas también tendrá aumento en su presupuesto 2023 

El Centro de Intervención de las Telecomunicaciones fue una de las entidades con mayores refuerzos presupuestarios durante el año 2022 y de acuerdo con el proyecto de presupuesto 2023 también contará con un incremento en sus fondos. Además del aumento, durante 2022 la Asamblea aprobó reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones que permiten a la Fiscalía General de la República (FGR) tener acceso a los datos de los DUI de las personas que contratan servicios de telefonía, además de sus registros de llamadas y datos sobre comunicación electrónica. De igual forma se redujeron los controles para realizar escuchas telefónicas. 

Otra de las instituciones que recibirá aumento en 2023 es el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), dependencia de la Presidencia que, en teoría, debería de encargarse de generar información para garantizar la seguridad del Estado, pero en la realidad ha sido utilizada para ejercer espionaje contra opositores políticos y periodistas, según investigaciones periodísticas. El OIE recibirá un aumento en su presupuesto del 11 %.

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El privilegiado presupuesto para las Secretarías de Prensa y Comunicaciones

Desde que Nayib Bukele asumió la Presidencia de la República, las comunicaciones han sido uno de los ejes principales de su gestión. Para el próximo año este rubro, al igual que todos los años, seguirá siendo prioridad, pues tanto la Secretaría de Prensa de la Presidencia, como la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia tendrán aumentos en su presupuesto 2023.

Secretaría de Prensa

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Secretaría de Comunicaciones

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La Secretaría de Prensa, a cargo de Ernesto Sanabria —quien aparece en la lista Engel señalado de “debilitar procesos democráticos”— deberá repartir sus $2.1 millones entre el servicio de comunicación oficial de la Presidencia, que tiene asignado $1,830,370, y el resto entre la radio nacional y canal 10.

Aunque la Secretaría de Comunicaciones no cuenta con unidades entre las que tenga que distribuir su presupuesto, para 2023 este deberá contemplar la adición de una Subsecretaría de Comunicaciones, que se encargará de sustituir a la Secretaría de Comunicaciones en los casos de ausencia y ejercer interinamente la titularidad del despacho, según expresa la reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo publicada el 18 de octubre.

Vulnerabilidad

Gobierno recortó presupuesto destinado a la prevención y la reducción de desastres 

El Gobierno de Bukele recortó los presupuestos de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales y del fortalecimiento para la prevención y reducción de riesgos en el país. Esta decisión se tomó a pesar de los altos niveles de vulnerabilidad en el territorio salvadoreño, como lo ha documentado y publicado GatoEncerrado.

Según el presupuesto asignado al MARN, en el Presupuesto General de la Nación para 2023, el Observatorio tuvo una reducción de $73,205 y se quedó con $2.4 millones ($2,446,215) para funcionar en el año. Para 2022, al observatorio le fue asignado $2.5 millones ($2,519,420). 

El Observatorio se encarga de emitir alertas sobre lluvias, huracanes, sismos y otros fenómenos naturales en El Salvador. Desde esta dirección se brinda información de las condiciones meteorológicas y de fenómenos naturales, con el fin de activar a las instituciones, como el Ministerio de Gobernación y Protección Civil, para que puedan prevenir, atender y evitar tragedias en casos de emergencias climáticas.  

También hubo una disminución de los fondos destinados al fortalecimiento para la prevención y reducción de riesgos en el país. El Gobierno de Bukele decidió bajar este presupuesto de $254,230, del año 2022, a $197,725 para el año 2023. Son $56,505 dólares menos que tendrá el MARN para fortalecer las capacidades del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales. 

Los recortes presupuestarios que sufrirá el MARN en 2023, según analizó la organización de la Mesa Permanente Para la Gestión de Riesgo (MPGR), son contradictorios al contexto de vulnerabilidad que vive El Salvador.  

“Al tener un presupuesto reducido o no adecuado en temas de prevención y atención al riesgo, estaremos profundizando la vulnerabilidad, las desigualdades y afectaciones agrícolas”, dijo Adalberto Blanco, vocero de la MPGR. 

Blanco criticó la falta de políticas prospectivas para la atención de riesgo; es decir, el Gobierno de Bukele no se anticipa a desarrollar acciones de prevención ante situaciones de desastres. Aseguró que actualmente las instituciones actúan de forma “reactiva” ante las emergencias. En otras palabras, este Gobierno se limita a reaccionar cuando ya hay desastres por emergencias climáticas, en vez de prevenirlos.

Por otra parte, el presupuesto de Protección Civil no experimentó variación en comparación con 2022. La asignación para 2023 es de $2.7 millones ($2,702,960) para la implementación de planes, atención de emergencias y desastres, según detalla el presupuesto del Ministerio de Gobernación. 

Presupuesto del MARN aumenta, pero no en áreas de protección al ambiente

El presupuesto del MARN experimentará un aumento de $6.1 millones ($6,186,988) para este 2023, pero dentro de sus áreas la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), entidad encargada de la gestión del agua, es la que tendrá la mayor asignación presupuestaria con un monto de $5.9 millones ($5,921,326).

Mientras tanto, hay recortes significativos en diversos proyectos y áreas institucionales como la gestión de Áreas Naturales Protegidas y vida silvestre, ecosistemas y biodiversidad, evaluación y cumplimiento ambiental, gestión territorial, seguridad hídrica, entre otros rubros. 

Penales

Aumento para centros penales se enfocará en remuneraciones

Con el régimen de excepción, la ya histórica situación de hacinamiento en los centros penales salvadoreños se agravó aún más. Según datos de Cristosal, para octubre de 2022, El Salvador llegó a ser el país con la tasa per cápita más alta del mundo de personas privadas de libertad, con 2,144 por cada 100,000 habitantes. Pese a estos datos, para 2023 el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la unidad presupuestaria de construcción, reparación, remodelación y equipamiento de los centros penales disminuirá en un 75 %.

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El fondo para 2023 disminuye debido a que no contará con dinero proveniente de préstamos externos, a diferencia de 2022 que tuvo $16.2 millones ($16,239,410) solo de dicha fuente de financiamiento. Los $5 millones que tendrá asignada la adecuación de centros penales en 2023 proviene íntegramente del Fondo General de la Nación. 

Tanto los $16.2 millones de préstamos externos como los $3.6 millones ($3,661,125) del Fondo General, que fueron asignados en 2022, se distribuían en proyectos de inversión pública. Entre los proyectos destacan $8.9 millones ($8,961,635) destinados a la ampliación y equipamiento de la Fase II del Penal de Izalco, una de las principales cárceles a las que han sido trasladados los detenidos por el régimen de excepción. Pese al incremento de la cantidad de personas privadas de libertad, ninguno de los fondos para la adecuación o construcción de centros penales ha sido devengado, según refleja la ejecución del presupuesto hasta octubre de 2022.

Mientras tanto, la Dirección de Centros Penales, dirigida por Osiris Luna Meza —quien ha sido señalado junto a su madre por apropiarse y revender paquetes alimentarios para los afectados por la pandemia por Covid-19, así como por utilizar ilegalmente dinero proveniente de las tiendas penitenciarias—, recibirá un aumento del 7 %. De $53.8 millones ($53,801,739) asignados para 2022, pasará a tener $57.5 millones ($57,567,90). Casi todo el aumento se destinará a las remuneraciones, mientras que las inversiones en activos fijos, rubro en el que se encuentran las obras de infraestructura como los centros penales, se mantendrá con el mismo presupuesto que este año: $16,000.

Para el abogado penalista Otto Flores, la baja asignación presupuestaria para el próximo año refleja una grave violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a que los fondos no alcanzan para suplir las necesidades más básicas de la población penitenciaria que, por el régimen de excepción, ha aumentado el grado de hacinamiento. 

“¿De dónde va a comer esa gente? ¿Qué alimentos le van a dar? No van a poder darle los más los servicios más básicos que una persona que necesita: el acceso al agua, letrina, comida o un espacio donde también se garantice la seguridad física, psicológica y la vida. Es una situación realmente preocupante, la asignación de un presupuesto tan bajo ya es una vulneración de derechos humanos de parte del Estado”, sentenció.

Según Nayib Bukele la situación de hacinamiento en las cárceles mejorará con la construcción del mega penal en Tecoluca, San Vicente, que tendrá la capacidad para albergar a 20 mil privados de libertad; sin embargo, pese a que se prometió que en septiembre estaría listo, este aún sigue en construcción. La cantidad que ha sido asignada para la obra, la fuente de financiamiento y el monto que se ha devengado hasta la fecha de esta publicación se mantienen ocultos. Para el próximo año la situación parece que será la misma debido a que estos aspectos nuevamente no han sido incluidos en el presupuesto.

“Un sistema penitenciario se puede convertir en un rubro económico para muchas personas, sobre todo para aquellas empresas que le venden la comida a los Centros Penales, también la construcción del mega penal, pues no se tiene mayor información ni mucho menos se conoce como se realizó la licitación, si es que se realizó. (…) Prácticamente el gobierno se está aprovechando. Mientras que viola los derechos humanos de los privados de libertad de manera sistemática, hay gente alrededor del gobierno que se está lucrando con estas detenciones masivas. Se está haciendo negocio de la cárcel”, agregó el abogado Otto Flores.

Víctimas

Fondos también disminuyeron para la atención a víctimas

Para el próximo año, la unidad de Atención Integral a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tendrá una reducción del 1.4 % de su presupuesto en comparación con los fondos asignados para 2022. 

Los fondos propuestos para 2023 son $657,930, mientras que en 2022 fueron $667,267, lo que había implicado un incremento del 185 % con respecto a los fondos recibidos en 2021. Al revisar cómo se han ejecutado los fondos hasta septiembre de 2022, a la unidad le recortaron $149,931 de su presupuesto asignado para este año y de lo que restaba solo había ejecutado el 27 %. 

Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, dijo que, lamentablemente, la reducción de fondos para las unidades encargadas de la atención a víctimas no es algo nuevo y agregó que entre las unidades del Ministerio de Seguridad, la de Atención a Víctimas es la que suele recibir menos fondos y la mayoría se invierten en rubros como la adquisición de bienes y servicios, no en lograr reforzar el personal capacitado para atender a las víctimas. También señaló que la unidad aún necesita más herramientas para desarrollar estrategias de acompañamiento a las víctimas que vayan más allá de la atención en el momento de la emergencia y que así puedan acompañar a largo plazo a las víctimas. 

“Estas asignaciones no se hacen en función de tener análisis integrales; por ejemplo, no se notan suficientes fondos en las líneas bases que permitan determinar las necesidades que de manera efectiva se deben cubrir para las víctimas y para operativizar todas las acciones encaminadas a la prevención, a la atención y a la protección. Esto implica también que no hay sostenibilidad, por ejemplo, para la creación de medidas y de soluciones duraderas enfocadas no solo en víctimas de desplazamiento forzada”, dijo Ramírez. 

Por el momento, las organizaciones de la sociedad civil son quienes buscan brindar ese acompañamiento a largo plazo que necesitan las víctimas. 

Aumentos

Principales aumentos se darán en áreas que no son prioritarias para la población

Turismo

Tal y como se ha venido anunciando por el Gobierno, el turismo será una prioridad para 2023, siendo una de las áreas con mayor impulso económico. El presupuesto del Ministerio de Turismo incrementa en un 21.73 % con $26.5 millones ($26,580,638) para 2023, que dista de los $21.8 millones ($21,834,882) asignados en 2022.

La planificación de los gastos del próximo año muestra que el proyecto Surf City seguirá siendo la apuesta para las obras de infraestructura turística. En 2023 contará con $1 millón asignado para un proyecto de introducción de agua potable y construcción de plantas de tratamiento; $1 millón orientado a la construcción y equipamiento de las torres de vigilancia en el circuito de playas turísticas y $7.5 millones para la ampliación del estacionamiento y refuerzo del sistema eléctrico.

El Instituto Salvadoreño de Turismo será el rubro con mayor aumento de presupuesto neto para el próximo año. De $6.4 millones ($6,438,109) pasará a contar con $10.9 millones ($10,924,318), lo que representa un aumento del 69.6 %. Solo el Instituto Salvadoreño de Turismo tendrá más presupuesto que muchos de los hospitales de la red nacional de salud, como el Hospital de La Unión que para 2023 solo recibirá $5.8 millones ($5,869,868).

Academia Nacional de Seguridad Pública

Luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto para el retiro obligatorio de los policías mayores de 60 años, la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), institución que se encarga de formar al personal policial, recibirá en 2023 un aumento del 31.84 % en su presupuesto. De tener $13.7 millones ($13,770,809) asignados, pasará a contar con $18.1 millones ($18,155,196).

El aumento de recursos se destinará a la inversión de infraestructura física para la Academia y en la formación de los nuevos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), que durante el régimen de excepción han sido entrenados para actuar en la “guerra contra las pandillas”, según aseguró el director de la ANSP, César Flores.

CIFCO

Pese a que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) fue convertido en el Hospital Nacional El Salvador y ya no cuenta con instalaciones físicas, esta institución dirigida por Guillermo Hasbún, primo de Nayib Bukele, tendrá un aumento significativo del 12.46 %. De $2.9 millones ($2,925,930) asignados en 2022 pasará a tener $3.2 millones ($3,290,634) en 2023, la mayor parte de este aumento está dirigido a la administración general.

Organizaciones No Gubernamentales

En 2023 la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXSAL), propiedad del diputado Reinaldo Cardoza del PDC, recibirá $300,000 en la asignación que el Ministerio de Educación le otorga. Pese a que el artículo 11 de la Ley del Presupuesto 2023 establece que está prohibido transferir fondos públicos a asociaciones y fundaciones que tengan vínculo material con partidos políticos, grupos afines y funcionarios públicos o sus parientes, desde 2018 el ITEXSAL ha continuado recibiendo fondos públicos y para el próximo año tendrá $50,000 adicionales, en comparación con lo asignado en 2022. 

Para 2022 la Asociación Red de Jóvenes para el Desarrollo Territorial y Reparación del Tejido Social en El Salvador (Redettes), presidida por el excandidato de Nuevas Ideas por Guazapa, Cristian Chiquillo, recibió $47,000 por parte del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con una nota de Diario El Mundo. En 2023, dicha asociación pasará a recibir $33,000 adicionales; es decir, $80,000 que serán otorgados esta vez por el Ministerio de Gobernación.

Leve aumento del presupuesto para mujeres y diversidad

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Ciudad Mujer y la Dirección de Género y Diversidad tendrán un leve aumento, según el Proyecto de Presupuesto 2023.

El Isdemu, institución encargada de formular, ejecutar políticas y promover el desarrollo integral de las mujeres, tiene asignado un monto de $12.2 millones ($12,293,082), pero de este monto $5.7 millones ($5,714,640) están asignados a Ciudad Mujer, luego de que este programa fuera trasladado en agosto de este año al Isdemu. Esto significa que sin el monto de Ciudad Mujer, el presupuesto de Isdemu sería de $6.5 millones ($6,578,442). Es decir, solo $268,218 más en comparación a 2022.

Ciudad Mujer es la institución encargada de brindar servicios integrales, fomentar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. 

El Programa Ciudad Mujer también contiene proyectos dirigidos a las mujeres en otras áreas como Agricultura, Salud y Trabajo. En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería para 2023 se designarán $10,000 para brindar capacitaciones y asistencia técnica a las mujeres en las zonas rurales, la misma cantidad que en 2022. Sin embargo, hasta octubre de 2022 dicho rubro no ejecutó ni un sólo dólar.

El Ministerio de Salud destinará $1.7 millones ($1,736,737) al programa de prevención de la violencia hacia la mujer y embarazos en niñas y adolescentes, proyecto de Ciudad Mujer. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social asignará $58,650 para “promover y proteger los derechos laborales de las mujeres”.

La Dirección de Género y Diversidad se encarga de crear lineamientos y estrategias para fomentar la igualdad, inclusión y equidad de género y respeto por la diversidad. Actualmente esta es la única institución que quedó para la población LGBTIQ+ luego de la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social. 

Según el Proyecto del Presupuesto, la dirección tendrá un monto de $61,241 para 2023. Apenas $2,001 más que en 2022, luego de recibir $59,240. Hasta septiembre de 2022 se habían ejecutado $38,286.23, de los cuales $35,431.80 se utilizaron para pago de remuneraciones. Es decir, no hubo inversión, solo salarios.

Para Amalia Leiva, activista y defensora de derechos humanos, el presupuesto asignado a la dirección de Diversidad y Género carece de transparencia y claridad debido a que no se establece la “línea a ejecutar”.

Leiva señala que los derechos de las mujeres y poblaciones diversas han sufrido retrocesos. “El retroceso no es solamente en líneas presupuestarias y programas sociales. También hay un debilitamiento de las instituciones encargadas de atender las necesidades de estas poblaciones”.

Recortes

Principales recortes estarán enfocadas en la seguridad

Seguridad

Pese a que la seguridad ha sido anunciada como una de las prioridades para 2023, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tendrá una reducción del 7.1 % en su presupuesto. En 2022 el presupuesto asignado fue de $633.3 millones ($633,372,740), mientras que para 2023 será de $588.1 millones ($588,169,594).

Uno de los rubros con reducción significativa es el Programa Especial de Prevención: Equidad, Igualdad y Medio Ambiente, que busca propiciar igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la protección del medio ambiente. De tener un presupuesto de $134,685, pasará a tener solo $91,360.

Defensa

De la misma forma, el Ministerio de la Defensa Nacional, encargado junto con la Policía Nacional Civil de ejecutar las acciones que comprende el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, presenta reducción en su presupuesto: De $256.6 millones ($256,696,806) asignados en 2022, pasará a tener $250.6 millones ($250,618,186) en 2023; es decir, una reducción del 2.37 %.

Aunque el porcentaje de reducción no parece significativo, la mayor parte de las limitaciones se reflejan en el equipamiento operativo, la infraestructura física y en el equipamiento de hospitales y clínicas militares. De $23.8 millones ($23,894,070) asignados en 2022 pasará a tener únicamente $17.7 millones ($17,789,355) en 2023.

A pesar de la disminución de presupuesto, esto no representa una limitación para todos los rubros, ya que la dirección institucional tendrá aumento. De $5.9 millones ($5,998,660) asignados en 2022 pasará a tener$6.1 millones ($6,110,265) en 2023.

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