Por Mario Beltrán

De acuerdo con el equipo jurídico de la Agrupación, Carmen se encontraba en una pupusería donde trabajaba, entre Ciudad Delgado y Cuscatancingo, cuando sufrió un parto extrahospitalario. Su empleadora llamó a emergencias porque Carmen se estaba desangrando. En su ayuda inmediata hubo un impasse, ya que la ambulancia llegó antes que la División de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) y no podían llevársela a un hospital hasta que llegaran los policías.

Finalmente, Carmen fue trasladada al Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez” de Soyapango, donde recibió atención médica para estabilizarla. Una vez fuera de peligro, fue enviada a las bartolinas de la Policía en la colonia Zacamil de San Salvador.

“Nosotros la encontramos en bartolinas y de ahí es trasladada al penal de Ilopango. De inmediato, del hospital a bartolina y en bartolina le hacen la primera audiencia inicial”, explicó Jeannette Canales, abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto.

Según Canales, Carmen no sabía que estaba embarazada, ya que tuvo un embarazo asintomático. La abogada relató que se enteró del caso y comenzó a acompañarla legalmente luego de la audiencia inicial en la que Carmen fue enviada a prisión provisional. Lo primero que solicitó en el caso fue un peritaje y después una revisión de medidas en una audiencia especial celebrada en el Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado en marzo de 2022.

“En esa audiencia especial es que obtenemos un sobreseimiento definitivo y la dejan sin ninguna medida porque la prueba científica era clara, y el proceso estaba en esta etapa ya del sobreseimiento definitivo decretado en instrucción”, explicó Canales.

Tras el sobreseimiento, la Fiscalía se mostró insatisfecha con la decisión del Juzgado y apeló ante una Cámara de San Salvador que resolvió enviar el caso de una vez a juicio, sin pasar por una audiencia preliminar. El juicio fue programado para el pasado 16 de diciembre, pero —según la Agrupación— la Fiscalía no presentó testigos ni peritajes, por lo que la vista pública entró en receso hasta enero de 2023.

“Desde el 10 de enero venimos en esta audiencia teniendo ciertos retrasos por la incompetencia del fiscal, que sus peritos y sus testigos no los podía localizar. Y dentro de eso, pues, estamos contando con dos años en los que la joven del 2021-2022 que no tiene paz por estar en esta misma zozobra”, dijo Canales, quien agregó que el proceso judicial y el tiempo en prisión le ha afectado para buscar empleo y continuar con sus estudios de idiomas. 

Absolución

De acuerdo con Canales, abogada de Carmen, el peritaje reflejaba que se trató de una causa de muerte natural; es decir, donde Carmen no tuvo nada que ver para que el recién nacido falleciera. Sin embargo, la Fiscalía aseguraba que Carmen sí tuvo responsabilidad.

Asimismo, afirmó que el juez del caso razonó su veredicto y se dio el tiempo de investigar y profundizar en las pruebas presentadas por ambas partes. Sin embargo, si bien Carmen fue exculpada, históricamente en El Salvador ha habido criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas.

De hecho, el Estado salvadoreño fue condenado en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso “Manuela vs El Salvador”. La resolución de ese caso mandata el cese a la criminalización de las emergencias obstétricas. No obstante, y a pesar de la resolución de la CIDH, la abogada considera que casos como el de Carmen demuestran que la Fiscalía “lo único que hace es ensañarse con las mujeres” que sufren este tipo de situaciones.

“Es una criminalización brutal, inquisitiva, un Estado inquisitivo, una Fiscalía persecutor al momento de pedir 30 años de prisión, y ahora se va al límite y pide 50 años, cuando la causa y cuando la prueba es clara, teniéndola tan clara y no pudiendo probarlo; entonces estamos frente a un ante una Fiscalía que no acata”, sostuvo Canales.

Es más, según la abogada, la Fiscalía sigue tan empecinada en contra de mujeres como Carmen que aún puede usar su derecho de solicitar otra apelación a esta absolución una vez que se declare en firme.

Morena Herrera agrega que “en este caso, quien está faltando a su cumplimiento es la Fiscalía General de la República, porque el juez ya le había dado sobreseimiento a Carmen y fue la Fiscalía la que apeló nuevamente, levantó el juicio, presentó otros testigos e incluso intentó levantar una condena para Carmen de 50 años, es decir la máxima condena para una persona en El Salvador en esta circunstancias. Entonces creemos que la maquinaria judicial que criminaliza las emergencias obstétricas contra mujeres que viven en situación de pobreza, está encabezada en este momento por la Fiscalía General de la República”.

*Carmen es un seudónimo para proteger su identidad