Por Karla Arévalo

FALSO

Luego de contrastar esa declaración con información oficial y los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por los cuerpos de seguridad y documentados por investigaciones de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, GatoEncerrado encontró que la afirmación del ministro encaja en la categoría de Falsa, que es una de las seis categorías bajo las que esta revista hace verificaciones del discurso público.

Desde el 27 de marzo de 2022, cuando la Asamblea oficialista aprobó el régimen de excepción, a los salvadoreños se les restringió al menos cuatro derechos dados por la Constitución: no han tenido derecho a ser informados de las razones de la detención, tampoco a ser asistidos por un abogado en el proceso; si son detenidos, el proceso administrativo que antes duraba 72 horas ahora ha pasado a 15 días; y las autoridades tienen la facultad de intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos. Asimismo, en los primeros meses del régimen también fueron suspendidos los derechos a la libertad de reunión y asociación.  

“El problema que tenemos es que no se ha comprendido que un régimen de excepción implica la suspensión de manera extraordinaria de derechos, no es una política pública que debe ser permanente en el tiempo (…) Y aunque hay una necesidad legítima de la población salvadoreña de poder tener seguridad en sus comunidades, la forma no es a través de un régimen que suspenda sus derechos. Los derechos humanos no son transables”, explicó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), mientras presentaba un informe sobre violaciones a derechos humanos a un año del régimen de excepción.

Desde el inicio del régimen, la Policía Nacional Civil (PNC), acompañada por la Fuerza Armada, ha detenido a 66,417 personas señaladas de pertenecer a pandillas. En contraste con la versión oficial, organizaciones como el Idhuca, Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) aseguran haber documentado 4,825 casos de personas que fueron capturadas ilegalmente en este año del régimen. Y al menos 5,082 han sido víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

“Una de las cosas más graves de este régimen de excepción no solo es la suspensión de los derechos sino las reformas que han hecho que las personas detenidas, sin mayor prueba sobre el cometimiento de un posible delito, se mantengan en detención provisional”, explicó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, y agregó que “Los testimonios de acusación de los policías muchas veces no están fundamentados y no tienen pruebas contundentes para mantener a las personas en detención, pero las reformas hacen que los jueces y juezas mantengan a esta gente detenida independientemente de la carga de prueba que haya”.

El gobierno ha reconocido, sin mayor alarde, la liberación de 4,304 personas a quienes no se les comprobó pertenecer a pandillas ni participar de las actividades delictivas de estas; y como el Ministerio de Seguridad no comparte cifras desagregadas ni informes detallados de los liberados, el país desconoce el tiempo que estas personas pasaron en prisión antes de ser liberadas. Para estas personas tampoco hay una compensación de ningún tipo de parte del Estado para reparar el daño que les hizo.

Una fuente policial, quien pidió no ser identificada por razones de seguridad, dijo a GatoEncerrado que las jefaturas policiales han continuado exigiendo “cuotas de detenidos” sin importar si las personas cuentan o no con ficha previa o antecedentes por pertenecer a pandillas. 

Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo, el 28 de marzo pasado, que El Salvador “parece basarse en investigaciones poco fundamentadas, en un perfil crudo de la apariencia física o los antecedentes sociales” de las personas para llevar a cabo capturas.  

La otra cara del régimen: familias golpeadas

Un informe publicado por la organización Human Rights Watch y Cristosal, a finales de 2022, reveló que varios agentes de seguridad en El Salvador se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye “desaparición forzada conforme al derecho internacional”. 

Desde que inició el régimen de excepción, las madres, los padres y los hijos de miles de detenidos durmieron, durante varias semanas, afuera de los centros penales a la espera de lo que el Estado les había negado: información sobre sus familiares, según documentó GatoEncerrado y otros medios de comunicación. La mayoría desconocía si estos aún se hallaban dentro del penal o si habían sido trasladados. Si estaban con vida o con la salud deteriorada. La falta de información sobre sus familiares ha sido uno de los mayores pesares.

“El presidente Bukele ha utilizado una retórica deshumanizante contra las personas detenidas y sus familias (…) Una madre que presenció la detención de su hijo relató que los policías le dijeron ‘Podemos detener a quien queramos’. Cuando esto ocurre, las personas quedan totalmente indefensas y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que son abusivos e inhumanos”, señaló el informe. 

De igual manera, hay casos en los que las detenciones sin pruebas de quienes eran el principal sostén económico de las familias provocaron un fuerte golpe a los ingresos de hogares que ya se encontraban en una situación de pobreza. 

Mientras tanto, la niñez separada de sus padres tras las redadas bajo el régimen sigue siendo un tema no atendido por el Estado salvadoreño. Según ha documentado este medio en varias ocasiones, el Estado no brinda atención psicológica ni económica a los familiares que asumen la responsabilidad de cuidar de los niños que quedan sin sus padres.