Relatos
Una "carta de libertad" en el régimen de excepción es un simple papel sin valor
En el régimen de excepción hay casos de personas que han recibido “cartas de liberación”, emitidas por un juez, pero aún así continúan en prisión. En algunos casos, las autoridades penitenciarias los han liberado, pero en el mismo instante son recapturados por la Policía y son sometidos a un doble juzgamiento. Mientras tanto, sus familiares afuera de prisión son afectados económicamente y mentalmente.
Diseño/ Karina Hernández
En el régimen de excepción hay casos de personas que han recibido “cartas de liberación”, emitidas por un juez, pero aún así continúan en prisión. En algunos casos, las autoridades penitenciarias los han liberado, pero en el mismo instante son recapturados por la Policía y son sometidos a un doble juzgamiento. Mientras tanto, sus familiares afuera de prisión son afectados económicamente y mentalmente.
Por Xenia Oliva | Abril 11, 2023
Cuando Rosa recibió una copia de la “carta de libertad” para su esposo Ricardo Vásquez, emitida por un juez, tuvo un chispazo de esperanza. Pero fue solo eso: un chispazo, un destello, una ráfaga de luz que se extingue casi instantáneamente. En seguida volvió a la oscuridad de la incertidumbre otra vez, en la que había estado sumergida durante los últimos seis meses, desde que su cónyuge fue capturado el 22 de mayo de 2022, en las redadas masivas del régimen de excepción en El Salvador. En la “carta” —que en realidad es un oficio que un Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador envió a la Dirección General de Centros Penales— se ordenaba explícitamente que Ricardo tenía que ser liberado de inmediato para continuar con el proceso judicial bajo libertad condicional. Ese documento fue firmado por el juez el 23 de noviembre de 2022, por lo que Rosa tenía la expectativa de que su pareja regresaría a casa en cualquier momento después de ese día. Sin embargo, las semanas transcurrieron y Ricardo seguía en prisión. Terminó noviembre, llegó diciembre y todo seguía igual.
Antes de las fiestas navideñas, el teléfono de Rosa sonó. Del otro lado de la línea estaba la abogada de la Procuraduría General de la República (PGR), quien tenía a su cargo el caso de Ricardo. Así que, por un efímero momento, tuvo la sensación de que finalmente iba a recibir la buena noticia que estaba esperando. Pero la llamada, en realidad, era para notificarle que el pasado 13 de diciembre su esposo fue liberado del Centro Penal de Izalco, ubicado en Sonsonate, al occidente de la capital salvadoreña. Y que en el mismo momento de la liberación fue recapturado y enviado de regreso a la cárcel. La abogada explicó que antes de la liberación, unos policías de la zona presentaron una nueva denuncia en contra de Ricardo en la estación policial de Santa Ana. Los agentes alegaron, según el acta de la nueva denuncia, que Ricardo es un colaborador de pandillas y por eso lo acusaron de cometer agrupaciones ilícitas. Así se aseguraron de mantenerlo en prisión y que enfrente un nuevo proceso judicial por el mismo delito por el que había sido detenido inicialmente.
Tras la llamada telefónica, Rosa ha intentado comprender qué fue lo que motivó la decisión de los policías de volver a capturar a Ricardo. Por más que le da vueltas al asunto no logra llegar a una conclusión lógica de por qué hay policías, custodios, fiscales y autoridades que quieren mantener tras las rejas a un vendedor ambulante de hot dogs que no tiene vínculos con pandillas y quien antes del régimen de excepción no tenía antecedentes de ningún tipo. Rosa está segura de que su esposo no es un delincuente ni colaborador de pandillas. A ella no se le puede recriminar que no sabía de una doble vida mafiosa de su pareja y que por eso es ingenua al exigir que lo saquen de prisión. Ella comprobó, ante el juez, que no tenía un historial delictivo y que su principal arraigo era el negocio de comida rápida que ambos emprendieron después de acumular experiencia en diferentes empleos. En respuesta a esos arraigos el juez emitió la “carta de libertad”. Pero en el régimen, ese documento es un simple papel sin valor. De hecho, ese documento y la actitud del juez en este caso es casi una excepción entre los miles de casos en que los jueces desechan arraigos y simplemente mantienen en prisión a todos los detenidos, a pesar de demostrar que no tienen vínculos con pandillas.
En El Salvador, la legislación exige que las personas sospechosas de haber cometido algún crimen sean procesadas judicialmente en la jurisdicción donde supuestamente cometieron el delito o donde fueron denunciadas. Asimismo, la Constitución prohíbe el doble juzgamiento de una persona por el mismo delito. Pero en el régimen de excepción, el procedimiento legal ha sido diferente para casi 5,000 personas que han sido detenidas y procesadas arbitrariamente, según los informes de organizaciones civiles nacionales e internacionales —como Cristosal, Socorro Jurídico, Idhuca, Amnistía Internacional y Human Right Watch— que defienden derechos humanos y que han documentado casos de abusos de autoridad y torturas en el régimen. Entre esos casos está el de Ricardo.
Desde que Ricardo fue capturado, Rosa no ha tenido descanso. Para reunir toda la documentación y arraigos que presentó ante el juez tuvo que ausentarse días enteros de sus negocios para ir a las instituciones a pedir constancias, antecedentes y documentación que por burocracia se le dificultó tener de inmediato. Pausar sus negocios y atenderlos sin ayuda de su esposo le impactó profundamente. Por varios meses tuvo que levantarse a las 3:30 de la madrugada para atender a la clientela en una jornada que terminaba hasta las 6:00 de la tarde. Su esfuerzo, sin embargo, fue insuficiente. Tomó la decisión de cerrar parte del negocio y vender algunas de las herramientas de trabajo para lograr pagar las deudas, al mismo tiempo que reunir dinero para mantener a flote el hogar y comprar el paquete de artículos de higiene personal y comida para Ricardo en la cárcel.
Todo eso fue cargando a Rosa hasta el punto de querer explotar por la desesperación de sentirse impotente y no saber qué saber. Así que cuando la abogada la llamó para explicarle que Ricardo había sido recapturado y que la “invitaba a seguir esperando y a tener paciencia”, estalló.
“‘¿Esperar cuánto tiempo más?’, le pregunté. ‘Yo no sé si él está vivo, yo no sé si él está bien. Yo no sé nada de él y ustedes no nos dan más información, sino que simplemente dicen que a ustedes tampoco les están dando información. No sé si está vivo, si está muerto, no sé nada de él’, le dije”.
Si para ese momento Rosa no tenía información acerca del caso de su esposo —más que solamente la que le proveía la abogada— ahora tiene menos. Lo único que sabe es que actualmente, por el nuevo proceso judicial, Ricardo tiene asignado otro abogado de la PGR que lo representó legalmente en la primera audiencia. Como no ha logrado comunicarse con ese abogado, le ha sido imposible saber cómo es que está enfrentando dos procesos judiciales al mismo tiempo por el mismo delito ante distintos jueces. Pero lo que más le preocupa es que en el primer caso tenía como medida sustitutiva a prisión ir cada ocho días al Juzgado para firmar y aún le quedaba una audiencia pendiente.
“Me preocupa que en el primer caso no consideren que sigue detenido y tomen como que ha fallado a las medidas por no presentarse para firmar cada ocho días en el juzgado”, dice Rosa y luego agrega: “Ya topé. Ya no puedo, pero estoy luchando porque sé que es inocente y luchando para no quedarme estancada, pero hay momentos que me quebranto, pues me pongo a llorar”.
Rosa también teme que los policías hagan lo mismo con su hijo, menor de edad, a quien en varias ocasiones los agentes han detenido en la calle, cuando regresa de estudiar.
“Es algo tan confuso. La Policía dice que su deber es proteger, pero ellos no están protegiendo, están causando temor. La justicia debería empezar apoyando a la juventud, pero lo que están causando es que les tengan miedo a los policías. A mi hijo le da miedo salir solo”, lamenta.
Rosa ha decidido que su hijo permanezca en casa y solamente salga a la escuela. Ni siquiera lo lleva al negocio como su ayudante, para evitar que los policías lo capturen arbitrariamente como lo hicieron con Ricardo el 22 de mayo de 2022.
Ese día, según recuerda Rosa, su esposo estaba preparando unas tortas mexicanas para unos clientes cuando los policías llegaron al negocio y le dijeron que necesitaban hacerle unas preguntas en la delegación. Ricardo dejó de hacer las tortas y acompañó a los agentes. Un par de horas después, Rosa fue a buscarlo porque ya se había tardado demasiado. En la estación policial, Ricardo le explicó que los policías lo estaban acusando de colaborar con las pandillas y que quedaría detenido.
Cuando Rosa reclamó a los policías, ellos argumentaron que lo estaban capturando porque recibieron una llamada anónima contra Ricardo. En ese momento, una mezcla de temor con rabia se apoderó de ella, según recuerda.
“Yo les dije que hace cinco años mataron al papá de mis hijos y personas como esas (pandilleros) lo mataron por no tener la renta. Nosotros hemos tenido que pagar extorsión (a los pandilleros) para poder trabajar. ¿Cómo en su sano juicio van a creer que colaboramos con ellos?”, les dijo en ese momento.
Sus palabras no fueron escuchadas. Los policías detuvieron a Ricardo y en el acta de detención le pusieron alias “El Richi”, solo porque ese era el nombre de la venta de hot dogs y tortas.
En "El Penalito", mujeres piden todos los días información sobre sus familiares detenidos en el régimen y presentan las cartas de libertad para saber si los van a dejar en libertad. Foto/Archivo GatoEncerrado
Doble juzgamiento y las arbitrariedades
El abogado penalista y especialista en defender los derechos humanos, Otto Flores, explicó a GatoEncerrado que el caso de Ricardo —y el de otros miles más que son recapturados en el mismo instante en el que son liberados y que enfrentan un doble juzgamiento— es una muestra del “grave deterioro al Estado de derecho” que ha ocurrido en el año del régimen de excepción.
“Esto claramente es un ne bis in idem, doble juzgamiento, cosa que es ilegal según la Constitución de nuestro país y el derecho internacional de derechos humanos”, expone Flores y añade que la única explicación que encuentra para esto es que las autoridades intentan mantener los números de personas que están detenidas.
El abogado sostiene que en este año de régimen los roles se han invertido, como bien lo admitió el mismo director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas: “Los policías son jueces de la calle”.
“El problema es que ahorita tanto un policía como un soldado tienen mucho más poder que un fiscal. Los fiscales que son los conocedores del derecho penal y que tendrían que ser el primer filtro para determinar si hay un delito o no, se han convertido en meros mensajeros que redactan documentos realizados por la Policía, en el cual los fiscales no tienen derecho a cuestionarlo. Y los jueces se han vuelto meros tramitadores de documentos”, señala Flores.
En lo que va del régimen, el abogado explica que ha llevado casos de personas detenidas de forma arbitraria, incluyendo a empresarios que tenían un largo legado y amplios arraigos, pero aún así fueron detenidos. En este año de régimen, Flores dice que ha visto cómo a los jueces les presentan acusaciones mal hechas, sin mayores indicios de pruebas y cómo a los abogados defensores les niegan los accesos a los supuestos informes de inteligencia policial.
En el régimen, Flores también ha observado una clara afectación en la situación emocional de los familiares de privados de libertad que fueron detenidos de forma arbitraria y recapturados a pesar de contar con “cartas de liberación”. Así como le ha ocurrido a Rosa.
“Se ha afectado su capacidad económica debido a que, en muchos casos, la detención ha sido sobre miembros de la familia que eran encargados del mantenimiento económico del hogar, entonces ha obligado a las esposas, hermanas o madres a tener que hacerse cargo de sus familiares y tener que buscar otras formas de ingresos, que además se deben dividir con las necesidades que tiene el privado de libertad”, señala el abogado.
Muestras de estas afectaciones emocionales hay miles en el régimen. El caso de Marcela y su hijo José Duval es una.
Hasta abrazar a su hijo
Marcela es clara en decir que desde el 18 de abril de 2022 su vida ha empeorado. La ausencia de su hijo, capturado en las redadas del régimen, le oprime el pecho. A veces, cuando piensa en su hijo en prisión hasta le cuesta respirar.
Ese 18 de abril, José Duval Mata Alvarado, de 25 años, fue arrestado en el cantón la Noria de Jiquilisco, Usulután, mientras se dirigía a trabajar manejando el tractor de una cooperativa de la zona. Ya que sus jornadas laborales eran largas, su esposa le ponía un depósito grande con comida. A pesar de lo absurdo, los policías acusaron de colaborar con los pandilleros al llevarles comida en ese recipiente.
Tras la captura de José, Marcela se unió a cientos de familiares de capturados que se mantuvieron por días y noches en las afueras del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, ubicado en Cuscatancingo, San Salvador, a dos horas de su cantón en Usulután. Estuvo ahí 17 días hasta que la Policía los quitó a todos a la fuerza.
Las autoridades decidieron ahuyentar a las miles de mujeres que se reunían todos los días, pidiendo la liberación de sus familiares, afuera del Centro Penal La Esperanza. Para hacerlo sacaron vehículos militares y amenazaron con detenerlas si no se iban. Foto/Archivo GatoEncerrado
Marcela ha hecho todo lo posible por intentar demostrar la inocencia de su hijo, pese a que hay días en los que su mente se ha comenzado a rendir ante el dolor.
“Ha sido muy duro para mí. Llegó un momento en el que quise quitarme la vida”, revela Marcela con la voz cada vez más suave. Yo sentía que me ahogaba. Sentía que yo ya no era yo”.
Un día, mientras comía en su casa, Marcela escuchó un “Mami ya vengo”. Ella salió corriendo de la casa ante la mirada atónita de su familia y las preguntas de su esposo. La única explicación que pudo dar era que la había embargado el presentimiento de que algo le había pasado a José.
En los meses que han transcurrido desde su captura, José cumplió 26 años al interior de Mariona el 29 de agosto. Se perdió el nacimiento de su segundo hijo, quien ahora tiene seis meses, y no ha estado para darle las buenas noches a su hija de cuatro años.
Al dolor y trauma ocasionado por la captura de su hijo, se suma la sensación de haber sido objeto de burla de los policías y autoridades penitenciarias cuando a José lo liberaron el 18 de noviembre para luego ser inmediatamente recapturado.
El 22 de septiembre, la abogada de la PGR que estaba llevando el caso de José llamó a Marcela para avisarle que el día anterior había sido la segunda audiencia de José y que la jueza había ordenado su liberación. Marcela aún recuerda la emoción que sintió. Incluso a la abogada se le notaba la alegría en su tono de voz, pero ese alivió duró poco, como en el caso de Rosa y su esposo Ricardo.
Para ese entonces, José se suponía que aún estaba en Mariona, pero cuando Marcela se desplazó ese día al penal, recibió la noticia de que lo habían trasladado a Izalco. Al día siguiente, con menos fondos, fue hasta Sonsonate, pero le dijeron que lo iban a soltar hasta que ella llevara la “carta de libertad”. Cuando regresó con la copia de la carta que le entregó la abogada, le dijeron que el juzgado de San Miguel ya había remitido la orden de liberación y que sería cuestión de días para que se cumpliera. Le pidieron un número de teléfono y le aseguraron que le iban a avisar.
El 18 de noviembre a las 8:45 de la noche, la esposa de José recibió una llamada desde Izalco. A la carrera le dijeron que acababan de liberar a José y que lo tenían que recoger ya.
El cantón de Marcela y su familia está ubicado en una zona rural de Jiquilisco, a horas de San Salvador y aún más lejos de la zona occidental del país. Pero esa noche, como pudo, Marcela consiguió que una persona le hiciera el viaje y ya iban de camino cuando a la esposa de José la volvieron a llamar.
“Dijeron que ya no fuera, que era de choto, que lo habían vuelto a detener”, recuerda Marcela mientras contiene las lágrimas.
De todas formas, siguieron su camino y llegaron hasta el centro penitenciario, donde le dijeron a Marcela que ese día no habían sacado a nadie. Tampoco le dieron información sobre la ubicación de su hijo y la enviaron a buscar las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). De ahí la mandaron a buscar la PGR de Santa Ana. Total que la hicieron ir y venir.
Previo a la detención de su hijo, Marcela apenas había salido de la zona de Jiquilisco. Más allá de Usulután todo era muy lejano para ella. Sin conocer nada de Santa Ana, Marcela se tardó tres días en poder encontrar esas oficinas, solo para que le confirmaran que su hijo había sido detenido y que lo estaban procesando de nuevo por el delito de agrupaciones ilícitas.
“Yo dije que cómo era posible que me lo volvieran a capturar y solo me dijeron que no me afligiera, que mi hijo tenía todos los papeles en regla”.
El caso de su hijo había iniciado en los juzgados de San Miguel, donde le otorgaron medidas sustitutivas a la detención tras la segunda audiencia. Pero tras su recaptura, el proceso ha comenzado de nuevo en los juzgados de Santa Ana e incluso le han asignado un nuevo abogado de la PGR de Sonsonate.
Además de su familia, el único apoyo de Marcela está en las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa. Las reuniones que sostienen entre los familiares de las personas detenidas de forma arbitraria en la zona, las terapias que ha recibido, todo ha sido un pequeño consuelo ante tanta tristeza.
“Yo voy a morir levantando la cara por mi hijo”, asegura Marcela en medio de la congoja.
La salud mental de los familiares
Por casos similares a los de Rosa con su esposo Ricardo y Marcela con su hijo José, nació el 22 de julio de 2022 la organización civil Socorro Jurídico Humanitario. Su directora administrativa, Ingrid Escobar, explicó a GatoEncerrado que hasta la fecha han recibido más de 2,000 denuncias por detenciones arbitrarias y que de esas han dado seguimiento a 1,377 en los que lograron documentar la inocencia de las personas. Parte del trabajo se ha centrado en presentar más de 800 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero todos han sido declarados improcedentes.
Escobar describe que a un año del régimen, el decaimiento entre los usuarios de la oficina del Socorro Jurídico es evidente. Tanto en su situación económica, como en su salud mental y física. La mayoría de esos usuarios son mujeres que buscan ayuda legal para sus familiares. Entre esas mujeres abundan los casos de depresión e intentos de suicidios.
En la oficina reciben muchos llamados de ayuda de mujeres de la zona rural a quienes les han detenido a esposos, padres, hermanos e hijos y tienen muchas dificultades para cubrir las demandas económicas de sus hogares. Además de los problemas económicos, el escuchar las noticias de los vejámenes a los que están expuestos los detenidos ha provocado crisis nerviosas entre algunas usuarias.
“Tuvimos el caso de una madre a la que le detuvieron un hijo primero y buscaba apoyo. Pero después arrestaron a su otro hijo menor de edad que estaba estudiando y sufrió un derrame facial. La tuvimos que ayudar”, cuenta Escobar.
Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), ha observado lo mismo entre los miembros del movimiento. Comenta que las capturas no cesan y cada día como MOVIR siguen dando asesorías de qué hacer ante una captura. Recientemente atendieron el caso de una señora que es diabética y ante la presión por la captura de su familiar sufrió una descompensación en su salud que acabó con la amputación de una pierna.
“Hay muchas familias en esas condiciones críticas, pero el gobierno no tiene nada para atender a estas víctimas. A todos los han condenado diciendo que son criminales. El gobierno no se preocupa por facilitar información mientras que las funerarias están llamando a las familias de quienes fallecen en los penales. La gente teme lo peor, hay gente que no ha sabido nada de sus familiares. También hay personas que tienen carta de liberación y no son liberados, otros los liberan sin la carta y la familia teme que los vuelvan a detener”, expone la directora del Socorro Jurídico.
Escobar agrega que se han dado cuenta de casos en los que las personas han sido liberadas repentinamente después de que les realizan una prueba con el polígrafo.
“Han estado todo un año metidos en la cárcel, les hacen polígrafo y los sueltan. Qué arbitrariedad. Por otro lado, tenemos casos de personas con carta de libertad que les toca estar esperando dos a tres meses para ser liberados”, dice Escobar, mientras señala que el gobierno invierte en medidas represivas como hacer personas por el polígrafo y no en atención mental.
Al igual que el Socorro Jurídico, el MOVIR surgió durante el régimen ante la necesidad de apoyo de las familias afectadas por detenciones arbitrarias. Ramírez expone que ellos no tienen financiamiento, ni una oficina ni empleados: “Solo tenemos el problema de las víctimas que hay que darle solución a puro voluntariado”, dice.
El psicólogo Germán Cerros, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), una de las pocas entidades que ha podido brindar servicios de atención psicológica a las víctimas del régimen de excepción, señala que a un año del régimen de excepción existen dos caras de la moneda entre los afectados.
“Por un lado está la afectación individual y colectiva que puede tener el grupo familiar por tener un integrante, que es un pilar y tiene un rol fundamental dentro de la familia, que está en un centro penal”, explica Cerros.
Por otro lado, están las personas con quienes no se ha podido tener mucho contacto, quienes siguen detenidos y de quienes aún no se sabe cuál ha sido el grado de afectación.
A un año del régimen, Cerros considera que es necesario que los profesionales de la salud mental vean la necesidad de explorar cómo van a abordar la atención que necesitarán las personas que están logrando salir de los centros penitenciarios.
“Mi pregunta también es qué va a hacer el Estado para reparar a todas aquellas personas que están saliendo afectadas de los centros de detención y qué responsabilidad va a asumir ante ese ‘daño colateral’, como ellos se han referido”, expresa Cerros.
Además, sostiene que es importante no normalizar el trauma, como han hecho ciertas figuras públicas que han seguido repitiendo frases como “si es inocente saldrá después de un tiempo” o “solo son unos días o meses detenidos”.
“No han dimensionado las afectaciones que pueden dejar estar recluido por un tiempo. ¿Qué va a hacer el Estado para reparar? No todos tienen acceso a este acompañamiento psicosocial”, sostiene Cerros.
Entre los casos que él ha atendido está el de una persona que salió hace unos meses del centro penitenciario, pero que ha perdido el sentido del gusto. Al comer solo recuerda el horroroso sabor de la comida que recibía en el penal, en algunos casos ya vencida.
“Hay vivencias muy duras que llegamos a sentir en el transcurso de los años que son productos de una situación traumática, pero los teóricos del trauma expresan que la primera vía por la cual se instala el trauma y la violencia dentro de las personas es por medio de los sentidos, que es por medio de nuestro cuerpo y es el primero que es violentado dentro de un centro penal”, explica Cerros.
En el caso de esta persona el trauma se instaló en su sentido del gusto. En otros casos, se ha instalado en ellos el miedo de que los vuelvan a detener y no pueden conciliar el sueño.
Cerros también lamenta que hay niños y niñas que están creciendo con afectaciones a su salud mental por las capturas arbitrarias de sus padres y madres.
“Me preguntó cómo quedarán los niños y niñas a quienes les tengan que decir que su papá o mamá pasaron bastante tiempo en detención y por ello no estuvieron a su lado”.
La libertad no es suficiente para reparar los daños
En el caso de los pocos que sí logran salir de prisión tras haber recibido una “carta de liberación” y que no son recapturados en el mismo instante de ser liberados, también hay afectaciones que el Estado no resuelve.
Pablo, por ejemplo, lleva una semana libre. Estuvo detenido en Mariona. Dice que ahora todo le parece un sueño hasta que llega la noche. La imagen de sus manos con llagas purulentas y la hedentina que emanaba de ellas no lo deja dormir. Los ruidos de las celdas, los olores, los dolores y el miedo lo persiguen.
“En estos momentos me estoy recuperando, pero me siento un poco traumado. Por las noches se me viene todo, el ruido dentro de la celda, los malos olores, el dolor, el miedo. Yo que nunca había estado preso, ni en bartolinas, fue una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo”, cuenta Pablo a GatoEncerrado.
No puede dejar a un lado la amargura de haber sido acusado de ser colaborador de pandillas cuando él proviene de una zona en la que la presencia de las pandillas es prácticamente nula. Su comunidad, ubicada en Usulután, al oriente del país, ha estado organizada por años y no permiten el ingreso de foráneos, por lo que los mismos policías de la zona los conocen bien a todos.
Los policías que lo arrestaron también conocían a Pablo. Fue una tarde de viernes, 11 meses atrás, que un grupo de policías le pidió que los acompañara a la delegación: “Vamos a resolver un problemita”, le dijeron.
Al llegar a la delegación, los policías cambiaron el discurso, como ocurrió en el caso de Ricardo. Tanto a Pablo como a otros hombres de la comunidad, que fueron sacados de sus casas con argumentos similares, les anunciaron que quedaban detenidos.
¿Cuáles eran los cargos? No les dieron una respuesta clara.
“No cipotes, ustedes no son pandilleros, se les echa de ver que no deben nada. Ustedes van por el régimen, pero si no tienen nada, 15 días se van a estar y ya van a venir”, recuerda Pablo que les dijo el agente. “15 días que se convirtieron en 11 meses de infierno”.
En la madrugada los llevaron a la delegación de Usulután, ahí llegaron los abogados de la PGR que les dieron palabras de aliento. “Se fijaron que no teníamos talle de pandilleros, se sorprendían cuando les decíamos nuestra dirección ya que sabían que en esa zona no hay pandillas, todos somos trabajadores”.
Aún así los trasladaron a Izalco. La primera celda en la que Pablo estuvo era diseñada para 90 personas, pero había al menos 175 personas. “No se podía dormir, dormíamos como que éramos zanahorias en cajas”.
A los 13 días tuvieron la audiencia inicial, Pablo recuerda que eran más de 60. En la delegación les dijeron que serían procesados por organizaciones terroristas, pero en el penal los representantes de la PGR les dijeron que estaban acusados de agrupaciones ilícitas. También les aseguraron que si no tenían nada los iban a dejar libres dentro de 15 días.
“Tomamos esas palabras de aliento, la verdad, porque pensamos que entonces no sería mucho lo que íbamos a esperar”. Pero a los 28 días los llevaron a Mariona.
“Nos recibieron a garrotes, al igual que en Izalco. Uno no se puede defender, está esposado, no puede ni poner la mano. Hubo muchos compañeros a los que les dañaron los órganos por dentro, hubo unos que quedaron enfermos y que ya no se podía hacer nada por ellos”.
Pablo recuerda que entre su grupo no había ningún pandillero, si había alguien con tatuajes era de dibujos artísticos.
En Mariona aprendieron sobre la jerarquía entre los detenidos. Están los logísticos, como llaman a los reos que ya estaban cumpliendo una condena previa al régimen de excepción. Ellos se encargan de supuestamente controlar a los reos comunes, mientras que los custodios los controlan a ellos.
A la hora de las comidas, de un pequeño recipiente tenían que comer dos personas. Para orinar, defecar o beber agua tenían que pedir permiso. Todo el día estaban en ropa interior. Cuando un compañero caía de repente desmayado, en algunas ocasiones convulsionando, gritaban: “¡Emergencia!”, pero usualmente el custodio solo llegaba a cerciorarse que aún estuviera respirando.
Pablo pensaba que había llegado a lo peor, hasta que lo cambiaron a otro sector.
“Resulta que ese era peor. Nos sacaban al sol al mediodía en punto, a los 15 minutos se comenzaban a desmayar los compañeros porque ya estábamos deshidratados”.
También se dieron cuenta que los logísticos, con la venia de los custodios, les quitaban la mayor parte de los insumos que iban en los paquetes que mandaban sus familiares. A los que tenían suerte apenas les entregaban un poquito de jabón, pasta de dientes o detergente.
Cuando se les acababa el jabón para bañarse o necesitaban medicinas, tenían que usar la poca comida que les daban como moneda: “Una crema combinada para los hongos valía de 12 a 10 tortillas. Teníamos que sacrificar un poco de lo que nos llegaba por tener jabón, un poco de pasta”.
Pese a que no les daban insumos para la limpieza, como lejía, escobas o trapeadores, igual estaban obligados a limpiar la celda a diario.
“Usábamos nuestras camisas y nuestras manos para limpiar, pero todo era muy insalubre. Una vez por eso se me llenaron las manos de hongos, me supuraba pus de las manos y hasta me hedían. Yo daba mis dos tortillas, que son delgadas como para tacos, para que me ayudaran a lavar mi bóxer y mis camisas porque yo no podía con mis manos así”.
Pablo supo de su libertad en febrero, pero incluso en esa ocasión padeció un momento de mucho estrés. A finales de febrero lo sacaron del penal para llevarlo a una audiencia, cosa que a él le extrañó mucho ya que acababa de pasar su segunda audiencia. En los juzgados le dijeron que entraría junto a otros que estaban siendo procesados por homicidio agravado. Pablo apenas estaba procesando el horror de la noticia cuando una empleada del lugar le dijo que había una equivocación, que su caso se trataba de una “carta de libertad”.
Aunque ese día tuvo que regresar al penal, Pablo comenzó a sentir un consuelo que no experimentaba en meses.
Fue liberado hasta mediados de marzo de 2023 y le advirtieron que si no estaba su familia afuera de El Penalito, en San Salvador, lo iban a volver a detener. Pero ahí estaban ellos, gritando su nombre desde el momento en que se bajó del microbús en el que iba llegando.
Actualmente, Pablo debe cumplir las medidas sustitutivas como no salir del país ni acercarse a las fronteras. Estas medidas son de carácter indefinido ya que aún no tiene fecha para su siguiente audiencia.
La posibilidad de volver a ser arrestado le da mucho miedo. Aunque cuenta con una “carta de liberación”, teme que esta no sea respetada por los policías.
“Doy gracias a Dios de que se me acabó el sufrimiento. Pienso en los que aún están ahí y le pido a Dios que saque a los inocentes. Hay gente a la que le han detenido a la familia y no hay quien por ellos”.
Pablo apenas ha podido comenzar a dimensionar la extensión del daño que ha sufrido. No solo por lo que padeció dentro del centro penal, sino que también ha descubierto que sus principales herramientas de trabajo fueron decomisadas.
“Debo ver cómo hago para comenzar de nuevo. La verdad es que me han arruinado la vida”.
Mientras tanto, Rosa y Marcela aún esperan que Ricardo y José sean liberados.
